Corsarios en el Pacífico (III)
El futuro de las concesiones y privilegios que el hotel Miramar y el Club de Yates y Pesca explotan comercialmente en terrenos públicos sobre la Avenida Balboa continúa siendo un misterio. Tan velada clandestinidad afecta hasta a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la institución encargada de autorizar o negar concesiones de playa y fondo de mar, cuyo Administrador afirma desconocer cualquier presunto acuerdo del Estado con esos entes privados.
Las componendas que el MOP asegura haber negociado con ambos en el marco de la construcción de la Cinta Costera habrían sido entonces acordadas por la institución equivocada, sin legalidad ni transparencia alguna.
Sea por secretismo, ignorancia o violación a la ley, las irregularidades en torno a nuevas concesiones al Miramar y al Club de Yates en áreas de relleno sobre la bahía son alarmantes. Parece increíble que la AMP no sepa siquiera que el pliego de cargos en la contratación de la empresa Norberto Odebrecht, constructora de la Cinta, incorpora un sinnúmero de privilegios para ambos. El MOP, que formuló el pliego de cargos con nombres propios, añadió tales privilegios -tres hectáreas de rellenos pavimentados con facilidades de servicios públicos, espacios para cientos de estacionamientos del hotel y nuevos accesos viales, entre otros- dando por descontado que la AMP será eventualmente forzada a autorizar las nuevas concesiones privadas que tantas prerrogativas involucran.
Esos injustificados privilegios todavía pueden ser eliminados de la contratación de la Cinta, abaratando el costo de su construcción en varios millones de balboas.
Cualquier renovación o nueva concesión en la bahía se vuelve más reprochable por motivo de que son los propietarios de inmuebles comprendidos entre Calidonia, Vía España, Calle 50 y Punta Pacífica quienes pagarán de sus bolsillos una buena parte de los 189 millones del costo de la obra.
Además de lo debatible de ese pago bajo el concepto de tasa de valorización, resulta inmoral que los principales favorecidos por la Cinta, el Miramar y el Club de Yates, no paguen ni un centavo por las hectáreas de terreno que ocupan en concesión y de las que sus negocios dependen. Sin importar qué tantos privilegios adicionales exijan o qué tanto las exploten para su beneficio exclusivo, ambos entes saben que los terrenos dados en concesión, por ser del Estado, no pagan tasa de valorización.
La AMP y la Contraloría General de la República están obligadas a impedir que los aparentes acuerdos del MOP se conviertan en abusivas realidades. El litoral de nuestra bahía, uno de los principales escenarios de la ciudad capital, no debe supeditarse a la conveniencia de unos cuántos particulares.
Mantengámonos vigilantes ante esas instituciones públicas, no vaya a ser que como sucedió con Henry Morgan, el asalto corsario a los panameños en el Pacífico nos sorprenda por las espaldas.
