Corte Suprema vs. Partidas circuitales
Muy a pesar de la sostenida lucha que diferentes sectores del país han venido realizando con el propósito de acabar con las "partidas circuitales", consideradas como vicios de la politiquería criolla y como una manera de aumentar los privilegios de los señores legisladores, la Corte Suprema de Justicia ha sido indiferente a este clamor justificado y, las tan famosas partidas, continuarán vigentes golpeando la estrecha economía del país y a un pueblo inmerso en problemas de extrema pobreza.
Ni demandas, ni protestas de la comunidad para eliminar una práctica nociva y un privilegio para los señores "Padres de la Patria", han logrado que la Corte haya analizado, con profundidad, esta situación que ha sido aprovechada por legisladores que están en la Asamblea para hacer leyes de beneficio social y no para manejar grandes sumas de dinero que necesitan ser bien invertidas para el progreso y desarrollo de las grandes mayorías. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera declarado inconstitucional las "partidas circuitales", la nación entera habría aplaudido y respaldado tal fallo, pero, dolorosamente, no fue así y ahora ese pueblo se siente defraudado de un poder del Estado que debiera ser soporte y guía para todo lo que represente una conquista para que los panameños vivan mejor.
En torno a este fallo, el catedrático Miguel Antonio Bernal manifiesta en su artículo "Viva la Corrupción" (El Panamá América,13 de julio): "En momentos en que los niveles de pobreza alcanzan, aproximadamente, a un millón 20 mil panameños, lo que representa un 37 % de la población panameña, el pleno de la Corte Suprema de Justicia con el salvamento del magistrado Arjona, mediante sentencia de 10 de julio de 2001, le da la espalda a la sociedad civil y decide aplaudir y "legitimar" el establecimiento de las "partidas circuitales" y su manejo por los propios legisladores. Estamos frente a un fallo descaradamente antirrepublicano y antidemocrático que expresa su determinación a desarrollar prácticas destinadas a favorecer la corrupción en todo el país".
La Corte ha debido acoger la demanda de inconstitucionalidad que hace algunos meses se presentó, solicitando la eliminación de este privilegio que ha dado margen a la desconfianza y falta de credibilidad que la nación tiene en la gestión de la Asamblea Legislativa. Las "partidas circuitales" han contribuido al clientelismo político, a aumentar las ambiciones políticas, económicas y personales; a distraer la primordial misión que tienen los legisladores de legislar, porque están ocupados en dirigir y planificar obras que deben estar en manos de otras instituciones del Estado. El salvamento de voto del magistrado Arjona nos está indicando que aún en seno de la Corte Suprema de Justicia, quedan panameños preocupados en atender el clamor popular y en continuar la lucha por un Panamá mejor.
Por la buena imagen de la Asamblea, las "partidas circuitales" deben desaparecer y el pueblo que comprende esta gran verdad, continuará en esta cruzada hasta lograr ese objetivo.
Ni demandas, ni protestas de la comunidad para eliminar una práctica nociva y un privilegio para los señores "Padres de la Patria", han logrado que la Corte haya analizado, con profundidad, esta situación que ha sido aprovechada por legisladores que están en la Asamblea para hacer leyes de beneficio social y no para manejar grandes sumas de dinero que necesitan ser bien invertidas para el progreso y desarrollo de las grandes mayorías. Si la Corte Suprema de Justicia hubiera declarado inconstitucional las "partidas circuitales", la nación entera habría aplaudido y respaldado tal fallo, pero, dolorosamente, no fue así y ahora ese pueblo se siente defraudado de un poder del Estado que debiera ser soporte y guía para todo lo que represente una conquista para que los panameños vivan mejor.
En torno a este fallo, el catedrático Miguel Antonio Bernal manifiesta en su artículo "Viva la Corrupción" (El Panamá América,13 de julio): "En momentos en que los niveles de pobreza alcanzan, aproximadamente, a un millón 20 mil panameños, lo que representa un 37 % de la población panameña, el pleno de la Corte Suprema de Justicia con el salvamento del magistrado Arjona, mediante sentencia de 10 de julio de 2001, le da la espalda a la sociedad civil y decide aplaudir y "legitimar" el establecimiento de las "partidas circuitales" y su manejo por los propios legisladores. Estamos frente a un fallo descaradamente antirrepublicano y antidemocrático que expresa su determinación a desarrollar prácticas destinadas a favorecer la corrupción en todo el país".
La Corte ha debido acoger la demanda de inconstitucionalidad que hace algunos meses se presentó, solicitando la eliminación de este privilegio que ha dado margen a la desconfianza y falta de credibilidad que la nación tiene en la gestión de la Asamblea Legislativa. Las "partidas circuitales" han contribuido al clientelismo político, a aumentar las ambiciones políticas, económicas y personales; a distraer la primordial misión que tienen los legisladores de legislar, porque están ocupados en dirigir y planificar obras que deben estar en manos de otras instituciones del Estado. El salvamento de voto del magistrado Arjona nos está indicando que aún en seno de la Corte Suprema de Justicia, quedan panameños preocupados en atender el clamor popular y en continuar la lucha por un Panamá mejor.
Por la buena imagen de la Asamblea, las "partidas circuitales" deben desaparecer y el pueblo que comprende esta gran verdad, continuará en esta cruzada hasta lograr ese objetivo.
