Corte Suprema y el informe estadounidense
Adelanto que en este país se paga un alto precio por cuestionar las injusticias y los actos de corrupción o faltos de moral y ética, de eso soy un excelente testigo.
La presidenta de la Corte Suprema, Mirtza Franceschi de Aguilera afirmó en noticia de J. M. Díaz de El Panamá América (5/3/00), que no existe corrupción institucionalizada ni injerencias políticas en la Suprema como aseguran sectores del Senado estadounidense.
Debo aclarar a la honorable que no sólo sectores del Senado, sino también lo expresa implícita y, en ciertos explícitamente, el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado al destacar que la Constitución dispone de órganos Legislativo y Judicial independientes, pero que en la práctica el Ejecutivo los domina y, eso indica que el órgano judicial no es sano.
Abogados, familiarizados con el ambiente judicial, me han comentado que es un suicidio emitir una crítica a la Suprema Corte, debido a que es la última instancia que decide lo bueno, lo malo y lo feo. La observación sugiere que cualquier ciudadano que pronuncie crítica institucional que disguste o afecte la vanidad de los magistrados, puede esperar represalias que se traducen en el congelamiento de un caso o en un fallo adverso.
No es un secreto que en este país los funcionarios toman las críticas institucionales como una agresión personal. No tengo razón para dudar del imparcial ejercicio de la Magistrada Presidenta, aunque ella debe conocer la sabiduría del refrán: "No basta ser honrado, sino parecerlo", de ahí que de ser cierto que el Ejecutivo ha nombrado a su hijo como Viceministro de Gobierno, se constituye en un acto éticamente cuestionable que compromete y pone en serias dudas, quiérase o no, la independencia del órgano que rectora.
La certitud del supuesto hace que no sea de la nada extraño que los norteños se estén manifestando como lo hacen. No se interprete que tengo nada contra la Magistrada o su prole, ni que el supuesto nombramiento y aceptación del cargo conlleve propósitos oscuros o que no sea apto o que esté mostrando un desempeño deficiente o amañado. Por demás, respecto a la aceptación, un buen abogado bien puede desenvolverse privadamente o concursar a cargos públicos dentro de los parámetros de la Ley.
Hay hechos que me hacen dudar del correcto ejercicio de la Corte Suprema. No entiendo cómo la Corte, desde que se admitió hace meses una demanda de inconstitucionalidad sobre frases de una norma legal que ha permitido, de ello no tengo la más insignificante duda, la conformación ilegítima e inconstitucional del primer órgano del Estado no se haya pronunciado en tan delicado asunto, máxime, que no existe caso de mayor gravedad y urgencia que reclame prioridad.
Estamos ante la posibilidad que varios de los integrantes de la Asamblea no dispongan del mandato supremo del electorado, como también que el Tribunal Electoral haya incurrido en delito contra la seguridad interna del Estado al faltar a sus responsabilidad de interpretar la Ley en adhesión a las normas superiores de la Constitución y en actos de corrupción que hayan deparado ilícitamente beneficios a terceros.
El caso, pone a prueba la probidad de la Suprema; no se debe descuidar que existen denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo indica que tarde que temprano la Corte Interamericana deslindará el caso y dictará fallo que, por las claras tropelías, dejará sentado, entre varios, el carácter inconstitucional y fraudulento de las frases impugnadas e ineficaz actuación del T. Electoral y, Dios quiera que no, la connivencia de nuestra Corte Suprema con el desafuero.
La presidenta de la Corte Suprema, Mirtza Franceschi de Aguilera afirmó en noticia de J. M. Díaz de El Panamá América (5/3/00), que no existe corrupción institucionalizada ni injerencias políticas en la Suprema como aseguran sectores del Senado estadounidense.
Debo aclarar a la honorable que no sólo sectores del Senado, sino también lo expresa implícita y, en ciertos explícitamente, el informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado al destacar que la Constitución dispone de órganos Legislativo y Judicial independientes, pero que en la práctica el Ejecutivo los domina y, eso indica que el órgano judicial no es sano.
Abogados, familiarizados con el ambiente judicial, me han comentado que es un suicidio emitir una crítica a la Suprema Corte, debido a que es la última instancia que decide lo bueno, lo malo y lo feo. La observación sugiere que cualquier ciudadano que pronuncie crítica institucional que disguste o afecte la vanidad de los magistrados, puede esperar represalias que se traducen en el congelamiento de un caso o en un fallo adverso.
No es un secreto que en este país los funcionarios toman las críticas institucionales como una agresión personal. No tengo razón para dudar del imparcial ejercicio de la Magistrada Presidenta, aunque ella debe conocer la sabiduría del refrán: "No basta ser honrado, sino parecerlo", de ahí que de ser cierto que el Ejecutivo ha nombrado a su hijo como Viceministro de Gobierno, se constituye en un acto éticamente cuestionable que compromete y pone en serias dudas, quiérase o no, la independencia del órgano que rectora.
La certitud del supuesto hace que no sea de la nada extraño que los norteños se estén manifestando como lo hacen. No se interprete que tengo nada contra la Magistrada o su prole, ni que el supuesto nombramiento y aceptación del cargo conlleve propósitos oscuros o que no sea apto o que esté mostrando un desempeño deficiente o amañado. Por demás, respecto a la aceptación, un buen abogado bien puede desenvolverse privadamente o concursar a cargos públicos dentro de los parámetros de la Ley.
Hay hechos que me hacen dudar del correcto ejercicio de la Corte Suprema. No entiendo cómo la Corte, desde que se admitió hace meses una demanda de inconstitucionalidad sobre frases de una norma legal que ha permitido, de ello no tengo la más insignificante duda, la conformación ilegítima e inconstitucional del primer órgano del Estado no se haya pronunciado en tan delicado asunto, máxime, que no existe caso de mayor gravedad y urgencia que reclame prioridad.
Estamos ante la posibilidad que varios de los integrantes de la Asamblea no dispongan del mandato supremo del electorado, como también que el Tribunal Electoral haya incurrido en delito contra la seguridad interna del Estado al faltar a sus responsabilidad de interpretar la Ley en adhesión a las normas superiores de la Constitución y en actos de corrupción que hayan deparado ilícitamente beneficios a terceros.
El caso, pone a prueba la probidad de la Suprema; no se debe descuidar que existen denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo indica que tarde que temprano la Corte Interamericana deslindará el caso y dictará fallo que, por las claras tropelías, dejará sentado, entre varios, el carácter inconstitucional y fraudulento de las frases impugnadas e ineficaz actuación del T. Electoral y, Dios quiera que no, la connivencia de nuestra Corte Suprema con el desafuero.
