Cosecha de tempestades
Cuando se siembra vientos... se cosecha tempestades". Así reza un refrán que describe las consecuencias turbulentas a las que se arriba cuando actitudes peligrosas emprendidas por los humanos conducen a un desenlace perjudicial tanto para los destinatarios como para los propios ejecutores de la iniciativa.
Tal pareciera ser lo que está ocurriendo en Panamá actualmente cuando un presidente de la República saliente, y el partido político PRD, que comanda, se encuentran ejecutando un golpe de estado parcial, inicial y adelantado contra la entrante presidenta y su próximo gobierno, al sustraerle o usurparle parte de sus atribuciones.
En efecto, poco tiempo después de aceptados los resultados de las elecciones del pasado 2 de mayo, en las que el pueblo panameño eligió a M. Moscoso como su presidenta por: a) una mayoría relativa del 45 por ciento, cercana a la absoluta, b) una ventaja de 90.000 votos sobre el más próximo contendor (7%); y c) 572.717 votos; el tal presidente saliente y sus seguidores en la Asamblea Legislativa se han dedicado a la tarea de aprobar leyes que no sólo la eliminan o restan autoridad legal - supuestamente - para desarrollar las funciones ejecutivas inherentes a su cargo en varias instituciones estratégicas del Estado, sino que desfiguran los atributos y estructura de los órganos Judicial y Legislativo con el propósito de oponerlos, presuntamente, al nuevo Organo Ejecutivo.
Para conocedores, estas leyes portan fetos de inconstitucionalidad y gérmenes de violencia, porque no sólo promueven la ruina de la armoniosa convivencia entre los órganos del Estado sino que coartan arbitrariamente el alcance de la acción del Ejecutivo, representando por la presidenta. Es una promoción de un conflicto de poderes que conduce a la ruptura de la democracia y al engendro de la violencia. ¡La cosecha de tempestades!
Sin embargo, pareciera que nada les importa a los que así proceden y, a pesar de que voces muy serenas han repudiado su irresponsabilidad, o advertido contra sus posibles consecuencias, han continuado contra viento y marea creando republiquitas separadas, con facultades ejecutivas como las que se auto-otorgó la Asamblea Legislativa para ejecutar un presupuesto anual fijo e inflado de 2 por ciento del nacional; e, invadiendo la iniciativa y funciones del Organo Judicial, al proponer y aprobar la creación de una Sala Quinta que les permita controlarlo numéricamente con magistrados sumisos.
El presidente saliente y su partido quieren seguir mandando (que no gobernando), en el siguiente período constitucional de cinco años que a ellos no les corresponde, en una montón de entidades autónomas como: la Comisión del Canal, la ARI, la Autoridad Marítima, el Registro Público, y varias otras mediante el subterfugio de nombrar ahora por un período fijo, pero dentro de la gestión del nuevo gobierno, a sus copartidarios, parientes, amigos o socios amparados por leyes aprobadas por una mayoría parlamentaria no representativa de la mayoría del pueblo panameño.
Se comenta que ya en una ocasión anterior había ocurrido algo semejante en Panamá que desembocó en un golpe de Estado completo. Esto es diferente a cuando los aspirantes a dictadores, con cariño o sin él, interrumpían el orden constitucional con golpes de Estado violentos, y mandaban como jefes de gobierno o a través de presidentes títeres, hasta que los depusieran.
La intención de ejerecer funciones ejecutivas independientes en ciertas entidades y órganos, equivalente a golpe de Estado incompleto, desenmascaran la vocación usurpadora de los que pertenecieron a una dictadura por 21 años y se extiende hasta el dominio de la Corte Suprema.
Por ello nadie cree que los magistrados nombrados por el PRD, en salas actuales, y en la nueva Quinta, se comporten en concordancia con la majestad de su investidura y de su honor y profieran rápidos fallos de inconstitucionalidad contra los abusos de sus mentores, cuando las demandas pertinentes se interpongan. Para muestra, ahí está el caso de la PTJ, donde por razones políticas, y nada judiciales, han defendido que su jefatura dependa de la Corte para limitarle a la Procuraduría la facultad de investigar denuncias sin que ésta pueda obligar a la PTJ a obedecerle. Pero peor resulta que la PTJ, adquiera, conserve y pueda usar armas de tal calibre que la conviertan en una fuerza paralela a, y contendora de, la policía. ¿Otra republiquita más, que en última instancia respondería a un Organo Judicial político con capacidad de enfrentamiento armado con el Ejecutivo?
Si en la Corte llueve, en el Tribunal Electoral no escampa. Los actuales magistrados han aportado su cuota a la siembra de vientos de fronda al volver a interpretar inequitativamente el código o la ley electoral, asignando legislaturas no representativas de la voluntad de los electores. Los flamantes magistrados han otorgado al PRD 34 curules ó 47,9% de la legisladura, cuando sólo obtuvieron el 31,8% de los votos para legisladores, equivalente a 23 curules. Igual ocurrió en 1994 cuando le asignaron 32 curules, ó 43,8%, en vez de las 19 que les correspondían por haber logrado el 26,3% de los votos. Sin esa cantidad ilegítima de legisladores, producto del doble conteo de votos, el PRD no hubiera podido imponer las leyes ilegítimas que auguran una tempestuosa confrontación de poderes en perjuicio del país. ¿Será que todo obedece a un plan?
Tal pareciera ser lo que está ocurriendo en Panamá actualmente cuando un presidente de la República saliente, y el partido político PRD, que comanda, se encuentran ejecutando un golpe de estado parcial, inicial y adelantado contra la entrante presidenta y su próximo gobierno, al sustraerle o usurparle parte de sus atribuciones.
En efecto, poco tiempo después de aceptados los resultados de las elecciones del pasado 2 de mayo, en las que el pueblo panameño eligió a M. Moscoso como su presidenta por: a) una mayoría relativa del 45 por ciento, cercana a la absoluta, b) una ventaja de 90.000 votos sobre el más próximo contendor (7%); y c) 572.717 votos; el tal presidente saliente y sus seguidores en la Asamblea Legislativa se han dedicado a la tarea de aprobar leyes que no sólo la eliminan o restan autoridad legal - supuestamente - para desarrollar las funciones ejecutivas inherentes a su cargo en varias instituciones estratégicas del Estado, sino que desfiguran los atributos y estructura de los órganos Judicial y Legislativo con el propósito de oponerlos, presuntamente, al nuevo Organo Ejecutivo.
Para conocedores, estas leyes portan fetos de inconstitucionalidad y gérmenes de violencia, porque no sólo promueven la ruina de la armoniosa convivencia entre los órganos del Estado sino que coartan arbitrariamente el alcance de la acción del Ejecutivo, representando por la presidenta. Es una promoción de un conflicto de poderes que conduce a la ruptura de la democracia y al engendro de la violencia. ¡La cosecha de tempestades!
Sin embargo, pareciera que nada les importa a los que así proceden y, a pesar de que voces muy serenas han repudiado su irresponsabilidad, o advertido contra sus posibles consecuencias, han continuado contra viento y marea creando republiquitas separadas, con facultades ejecutivas como las que se auto-otorgó la Asamblea Legislativa para ejecutar un presupuesto anual fijo e inflado de 2 por ciento del nacional; e, invadiendo la iniciativa y funciones del Organo Judicial, al proponer y aprobar la creación de una Sala Quinta que les permita controlarlo numéricamente con magistrados sumisos.
El presidente saliente y su partido quieren seguir mandando (que no gobernando), en el siguiente período constitucional de cinco años que a ellos no les corresponde, en una montón de entidades autónomas como: la Comisión del Canal, la ARI, la Autoridad Marítima, el Registro Público, y varias otras mediante el subterfugio de nombrar ahora por un período fijo, pero dentro de la gestión del nuevo gobierno, a sus copartidarios, parientes, amigos o socios amparados por leyes aprobadas por una mayoría parlamentaria no representativa de la mayoría del pueblo panameño.
Se comenta que ya en una ocasión anterior había ocurrido algo semejante en Panamá que desembocó en un golpe de Estado completo. Esto es diferente a cuando los aspirantes a dictadores, con cariño o sin él, interrumpían el orden constitucional con golpes de Estado violentos, y mandaban como jefes de gobierno o a través de presidentes títeres, hasta que los depusieran.
La intención de ejerecer funciones ejecutivas independientes en ciertas entidades y órganos, equivalente a golpe de Estado incompleto, desenmascaran la vocación usurpadora de los que pertenecieron a una dictadura por 21 años y se extiende hasta el dominio de la Corte Suprema.
Por ello nadie cree que los magistrados nombrados por el PRD, en salas actuales, y en la nueva Quinta, se comporten en concordancia con la majestad de su investidura y de su honor y profieran rápidos fallos de inconstitucionalidad contra los abusos de sus mentores, cuando las demandas pertinentes se interpongan. Para muestra, ahí está el caso de la PTJ, donde por razones políticas, y nada judiciales, han defendido que su jefatura dependa de la Corte para limitarle a la Procuraduría la facultad de investigar denuncias sin que ésta pueda obligar a la PTJ a obedecerle. Pero peor resulta que la PTJ, adquiera, conserve y pueda usar armas de tal calibre que la conviertan en una fuerza paralela a, y contendora de, la policía. ¿Otra republiquita más, que en última instancia respondería a un Organo Judicial político con capacidad de enfrentamiento armado con el Ejecutivo?
Si en la Corte llueve, en el Tribunal Electoral no escampa. Los actuales magistrados han aportado su cuota a la siembra de vientos de fronda al volver a interpretar inequitativamente el código o la ley electoral, asignando legislaturas no representativas de la voluntad de los electores. Los flamantes magistrados han otorgado al PRD 34 curules ó 47,9% de la legisladura, cuando sólo obtuvieron el 31,8% de los votos para legisladores, equivalente a 23 curules. Igual ocurrió en 1994 cuando le asignaron 32 curules, ó 43,8%, en vez de las 19 que les correspondían por haber logrado el 26,3% de los votos. Sin esa cantidad ilegítima de legisladores, producto del doble conteo de votos, el PRD no hubiera podido imponer las leyes ilegítimas que auguran una tempestuosa confrontación de poderes en perjuicio del país. ¿Será que todo obedece a un plan?
