Costa Rica: siglo y medio de cárcel por abuso sexual
Nadie duda que en materia de derechos humanos y desarrollo social, Costa Rica lleva a Panamá una ventaja abismal. En educación, incluso, la distancia a favor de los vecinos es muy amplia. Nos basta con señalar que ellos tienen una mayor cobertura de Internet en sus escuelas, a más que la diferencia se nota en el trato y modales de la gente común. No por gusto la multinacional de los microprocesadores Intel prefirió establecer una fábrica allá y no acá. La educación fue la clave.
Como resultado, considerando también otros factores, los ticos reciben este año una inversión extranjera generadora de puestos de trabajo por el orden de los $600 millones, gracias en parte a Intel y a nuevas fábricas en el campo de medicamentos. Eso prueba que seguridad, desarrollo social, derechos humanos y educación, son fórmulas de prosperidad.
Aquí hemos pasado meses de discusión de proyectos de ley que endurecen algunas penas en delitos graves. Y nuestros especialistas del ramo han saltado a oponerse y presentar a quienes apoyamos la medida como poco menos que unos retrógrados y barbáricos.
No obstante, un despacho noticioso de AP del miércoles pasado, nos relata que el estadounidense Thomas Scott Crochran fue condenado a 154 años de cárcel por abuso sexual, suministro de drogas a menores y producción de pornografía infantil, por un tribunal penal de Costa Rica. Su cómplice, Manuel Pérez, fue condenado a 25 años. Por razones técnicas, sin embargo, uno y otro, sólo deberán guardar presidio por 45 y 18 años, respectivamente. Pero llama la atención que aun con las reducciones, las penas son muy superiores a cualquiera que aplique nuestra actual ley penal por delitos equivalentes, la cual no excede los 20 años.
Tenemos, por tanto penas ridículas, de las que se ríen los criminales. Con aquello de delincuente primario, reducción de pena tras dos tercios de cumplimiento y los indultos rectos o torcidos, los asesinos, narcotraficantes y violadores están en este país a sus anchas.
Insistimos, en que está bien la resocialización y la prevención del delito; pero antes hay que establecer penas severas. Nos importa poco, si se les quiere mirar como castigo o reeducación, o si se desea, con respeto de sus derechos humanos, aunque sea el mismo que deniegan los criminales a sus víctimas.
Por lo tanto, Kerry confrontaría graves problemas en la instrumentación de políticas que requieran la aprobación del Congreso y los republicanos seguramente le pagarían a un presidente demócrata con la misma moneda y la no aprobación de sus nombramientos judiciales.
Kerry tendría una posición más fuerte en cuestiones impositivas porque todas las rebajas de impuestos intrumentadas por Bush requieren decisiones legislativas en los próximos años, de manera que Kerry podría imponer bastantes aumentos de impuestos simplemente impidiendo extensiones o impidiendo que las rebajas se hagan permanentes.
En realidad, lo más probable es que veamos un estancamiento legislativo en el próximo período porque ninguno de los dos partidos estará en posición de lograr mucho. Por lo tanto, es poco probable que Kerry logre avanzar mucho su programa, con excepción de los aumentos de impuestos que lograría sólo utilzando el poder de veto presidencial.
* Economista y académico del National Center for Policy Analysis (NCPA).
© www.aipenet.com
Como resultado, considerando también otros factores, los ticos reciben este año una inversión extranjera generadora de puestos de trabajo por el orden de los $600 millones, gracias en parte a Intel y a nuevas fábricas en el campo de medicamentos. Eso prueba que seguridad, desarrollo social, derechos humanos y educación, son fórmulas de prosperidad.
Aquí hemos pasado meses de discusión de proyectos de ley que endurecen algunas penas en delitos graves. Y nuestros especialistas del ramo han saltado a oponerse y presentar a quienes apoyamos la medida como poco menos que unos retrógrados y barbáricos.
No obstante, un despacho noticioso de AP del miércoles pasado, nos relata que el estadounidense Thomas Scott Crochran fue condenado a 154 años de cárcel por abuso sexual, suministro de drogas a menores y producción de pornografía infantil, por un tribunal penal de Costa Rica. Su cómplice, Manuel Pérez, fue condenado a 25 años. Por razones técnicas, sin embargo, uno y otro, sólo deberán guardar presidio por 45 y 18 años, respectivamente. Pero llama la atención que aun con las reducciones, las penas son muy superiores a cualquiera que aplique nuestra actual ley penal por delitos equivalentes, la cual no excede los 20 años.
Tenemos, por tanto penas ridículas, de las que se ríen los criminales. Con aquello de delincuente primario, reducción de pena tras dos tercios de cumplimiento y los indultos rectos o torcidos, los asesinos, narcotraficantes y violadores están en este país a sus anchas.
Insistimos, en que está bien la resocialización y la prevención del delito; pero antes hay que establecer penas severas. Nos importa poco, si se les quiere mirar como castigo o reeducación, o si se desea, con respeto de sus derechos humanos, aunque sea el mismo que deniegan los criminales a sus víctimas.
Por lo tanto, Kerry confrontaría graves problemas en la instrumentación de políticas que requieran la aprobación del Congreso y los republicanos seguramente le pagarían a un presidente demócrata con la misma moneda y la no aprobación de sus nombramientos judiciales.
Kerry tendría una posición más fuerte en cuestiones impositivas porque todas las rebajas de impuestos intrumentadas por Bush requieren decisiones legislativas en los próximos años, de manera que Kerry podría imponer bastantes aumentos de impuestos simplemente impidiendo extensiones o impidiendo que las rebajas se hagan permanentes.
En realidad, lo más probable es que veamos un estancamiento legislativo en el próximo período porque ninguno de los dos partidos estará en posición de lograr mucho. Por lo tanto, es poco probable que Kerry logre avanzar mucho su programa, con excepción de los aumentos de impuestos que lograría sólo utilzando el poder de veto presidencial.
* Economista y académico del National Center for Policy Analysis (NCPA).
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