Costo político
En una reciente reunión con amigos, conversábamos sobre el tema obligado en todo convivio: la política. Comentábamos las distintas posiciones de cada candidato a la presidencia de la República, su filosofía, sus ofrecimientos políticos, las probables alianzas y la composición de cada terna presidencial. Claro que, nuestros comentarios, estaban basados en declaraciones de los propios candidatos, así como análisis de periodistas y comentaristas.
A medida que fuimos profundizado en ese polémico tema, llegamos al nudo gordiano de las posibles soluciones a los ingentes y variados problemas que mantienen a nuestro país dentro de la categoría de tercer mundo: la voluntad política. La drástica disminución de las reservas del seguro social, que la está llevando a un grado peligroso de iliquidez, lo cual pone en peligro la continuidad de servicios esenciales, incluyendo el pago de jubilaciones y pensiones.
El caos del transporte público; los préstamos tramitados con el Banco Nacional, para renovar y remozar la flota de vehículos existentes, no se ha cumplido a satisfacción de los usuarios y como si fuera poco, irresponsablemente no se cumple con los pagos pactados con el Banco.
Urge una revisión a fondo de la ley que regula el transporte colectivo, incluyendo el cambio de palancas por conductores idóneos, responsables de la seguridad de pasajeros y peatones, con un salario acorde a su eficiencia y trato al público.
La falta de responsabilidad de un alto porcentaje de los legisladores, ausente de las deliberaciones, con excusas infantiles por la no comparecencia, privilegios odiosos e inconstitucionales (exoneración, pago de impuestos de introducción de automóviles al país), inmunidad convertida en impunidad, desglose de su remuneración mensual para eludir pago de impuestos sobre la renta, como ejemplo de cosas que tienen que revisarse y adecuarlas a la realidad nacional.
El control de gasto público manteniendo un balance entre los ingresos y egresos, fórmula sana de buena administración. Revisión de los estamentos judiciales, haciendo los ajustes necesarios, para agilizar los trámites de aplicación de las leyes, para que se haga verdaderas justicia.
Exigir a cada funcionario, entrega total y honesta a las responsabilidades del cargo, para contribuir al logro de un buen gobierno. Si todos los funcionarios cubren a tiempo completo las obligaciones y responsabilidades de su cargo, no hay espacio para errores ni malas interpretaciones. Según este breve análisis, no parece ser difícil el lograr un buen gobierno, entonces, ¿a qué se debe que tantos políticos fracasan cuando son gobierno? Me contesta un amigo: por temor al costo político.
Los intereses creados no permiten cambios en las estructuras del transporte público, en el sistema de privilegios en la Asamblea Legislativa, en los viajes y prebendas de altos funcionarios, en reajustes fundamentales en las coberturas, cuotas y costos en la CSS. Entonces comenté: "Quiere decir que costo político se le llama al temor a las críticas por parte de los gobernantes al cumplir con la obligación de su cargo. Si un administrador público honesto llega a la conclusión de cuáles medidas correctivas son necesarias para el bien de las mayorías, debe aplicarlas con la certeza de estar cumpliendo con su juramento de gobernante. Actuar con mediocridad, posponiendo las medidas necesarias en cada caso, es dar pruebas de ineptitud e irresponsabilidad, lo que de hecho, le hará pagar un alto costo político.
A medida que fuimos profundizado en ese polémico tema, llegamos al nudo gordiano de las posibles soluciones a los ingentes y variados problemas que mantienen a nuestro país dentro de la categoría de tercer mundo: la voluntad política. La drástica disminución de las reservas del seguro social, que la está llevando a un grado peligroso de iliquidez, lo cual pone en peligro la continuidad de servicios esenciales, incluyendo el pago de jubilaciones y pensiones.
El caos del transporte público; los préstamos tramitados con el Banco Nacional, para renovar y remozar la flota de vehículos existentes, no se ha cumplido a satisfacción de los usuarios y como si fuera poco, irresponsablemente no se cumple con los pagos pactados con el Banco.
Urge una revisión a fondo de la ley que regula el transporte colectivo, incluyendo el cambio de palancas por conductores idóneos, responsables de la seguridad de pasajeros y peatones, con un salario acorde a su eficiencia y trato al público.
La falta de responsabilidad de un alto porcentaje de los legisladores, ausente de las deliberaciones, con excusas infantiles por la no comparecencia, privilegios odiosos e inconstitucionales (exoneración, pago de impuestos de introducción de automóviles al país), inmunidad convertida en impunidad, desglose de su remuneración mensual para eludir pago de impuestos sobre la renta, como ejemplo de cosas que tienen que revisarse y adecuarlas a la realidad nacional.
El control de gasto público manteniendo un balance entre los ingresos y egresos, fórmula sana de buena administración. Revisión de los estamentos judiciales, haciendo los ajustes necesarios, para agilizar los trámites de aplicación de las leyes, para que se haga verdaderas justicia.
Exigir a cada funcionario, entrega total y honesta a las responsabilidades del cargo, para contribuir al logro de un buen gobierno. Si todos los funcionarios cubren a tiempo completo las obligaciones y responsabilidades de su cargo, no hay espacio para errores ni malas interpretaciones. Según este breve análisis, no parece ser difícil el lograr un buen gobierno, entonces, ¿a qué se debe que tantos políticos fracasan cuando son gobierno? Me contesta un amigo: por temor al costo político.
Los intereses creados no permiten cambios en las estructuras del transporte público, en el sistema de privilegios en la Asamblea Legislativa, en los viajes y prebendas de altos funcionarios, en reajustes fundamentales en las coberturas, cuotas y costos en la CSS. Entonces comenté: "Quiere decir que costo político se le llama al temor a las críticas por parte de los gobernantes al cumplir con la obligación de su cargo. Si un administrador público honesto llega a la conclusión de cuáles medidas correctivas son necesarias para el bien de las mayorías, debe aplicarlas con la certeza de estar cumpliendo con su juramento de gobernante. Actuar con mediocridad, posponiendo las medidas necesarias en cada caso, es dar pruebas de ineptitud e irresponsabilidad, lo que de hecho, le hará pagar un alto costo político.
