Costos disfrazados
Fernández señaló que existen instituciones en este país que son antiempresa privada, no sólo en su filosofía sino en su ejecución. No las mencionó, pero ilustró su punto indicando las importaciones y los estudios requeridos para un desarrollo de bienes raíces como actividades que se exponían a esa actitud antiempresa. A pesar de nuestra incorporación a la Organización Mundial de Comercio (OMC), que tiene reglas claras en cuanto a las restricciones no arancelarias permisibles, en Panamá persisten requisitos de importación que conceden discrecionalidad a las autoridades para permitir o no la introducción de productos al país. Además, el papeleo y el procedimiento de introducción física de los productos promueven la coima como medio para hacer más expedito el arribo de las mercancías.
Fernández, al parecer, coincide con el ministro Ricardo Martinelli en que los estudios de impacto ambiental requeridos por la ANAM frenan la inversión privada. En muchos casos, esos estudios son innecesarios, costosos, sumamente engorrosos y carecen de la relevancia y profundidad deseada, principalmente porque los funcionarios de la ANAM ni siquiera los analizan a fondo y cuando lo hacen, su principal inspiración es entorpecer en vez de construir.
El impacto de esa actitud institucional antiempresa, es aumentar los costos de operación y provocar incertidumbre. El primero es perfectamente manejable por los empresarios, quienes con los años aprenden a anticiparlos y lo pasan a los consumidores,los que acaban pagando más caro por bienes y servicios. Sin embargo, el segundo, la incertidumbre, es menos atendible y acaba frustrando tanto a los que tienen inversiones operando como a las nuevas.
Pero de todo lo anterior, la creciente corrupción, en su amplia concepción, es el peor elemento disuasivo de la inversión privada. Cada vez que un funcionario, de cualquier nivel, exige o sugiere un pago no contemplado en la ley está encareciendo la inversión y convirtiendo al país en destino indeseado, amén de que constituye un delito. Sin la inversión privada nacional y extranjera, el país no avanzará. Se hace imprescindible erradicar la corrupción y realizar un ejercicio didáctico con los funcionarios para explicarles su rol como promotores de actividad económica.
Fernández, al parecer, coincide con el ministro Ricardo Martinelli en que los estudios de impacto ambiental requeridos por la ANAM frenan la inversión privada. En muchos casos, esos estudios son innecesarios, costosos, sumamente engorrosos y carecen de la relevancia y profundidad deseada, principalmente porque los funcionarios de la ANAM ni siquiera los analizan a fondo y cuando lo hacen, su principal inspiración es entorpecer en vez de construir.
El impacto de esa actitud institucional antiempresa, es aumentar los costos de operación y provocar incertidumbre. El primero es perfectamente manejable por los empresarios, quienes con los años aprenden a anticiparlos y lo pasan a los consumidores,los que acaban pagando más caro por bienes y servicios. Sin embargo, el segundo, la incertidumbre, es menos atendible y acaba frustrando tanto a los que tienen inversiones operando como a las nuevas.
Pero de todo lo anterior, la creciente corrupción, en su amplia concepción, es el peor elemento disuasivo de la inversión privada. Cada vez que un funcionario, de cualquier nivel, exige o sugiere un pago no contemplado en la ley está encareciendo la inversión y convirtiendo al país en destino indeseado, amén de que constituye un delito. Sin la inversión privada nacional y extranjera, el país no avanzará. Se hace imprescindible erradicar la corrupción y realizar un ejercicio didáctico con los funcionarios para explicarles su rol como promotores de actividad económica.
