Creciente inseguridad pública
A lo largo y ancho del país, los panameños hemos expresado nuestra preocupación por la creciente inseguridad pública a que nos enfrentamos en la vida cotidiana. A diario se cometen actos ilícitos que perturban la paz y la tranquilidad social, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias y, en no pocas ocasiones, lesionan irreparablemente la integridad e incluso la vida de muchos panameños. Cuando estos delitos no se resuelven conforme a la ley, se quebranta seriamente el Estado de Derecho.
También hay que reconocer que existe una franca desconfianza hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos casos, es evidente un desempeño policial falto de método, técnica, ética y compromiso. Afortunadamente, Panamá cuenta también con policías que cumplen con eficacia y honestidad sus responsabilidades, arriesgando muchas veces sus propias vidas.
En el ámbito de la seguridad pública, es evidente la falta de una debida capacitación y de una remuneración adecuada, así como la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación policial entre los organismos de gobierno. A su vez, las acciones de los cuerpos de seguridad pública se han enfocado más a combatir los delitos consumados que a adoptar medidas de prevención. Por su parte, la sociedad, al percibir el incremento de la inseguridad y su relación con las ineficiencias, desviaciones y tolerancia de las instituciones de seguridad pública, ha optado por alejarse de las mismas por desconfianza o por temor.
Paralelamente al aumento de la violencia, y estrechamente relacionada con ella, se ha desarrollado una delincuencia cada vez mejor organizada, que ha dado lugar al incremento del tráfico de armas, crímenes y asesinatos, asaltos bancarios, narcotráfico, choques violentos con armas de fuego entre pandillas juveniles y estudiantiles a plena luz del día y hasta secuestros, entre otros. El tráfico de drogas y los delitos conexos constituyen uno de los fenómenos más complejos y destructivos de la sociedad. Combatirlo debe constituirse una prioridad nacional. Su existencia atenta contra todo el tejido social, por su potencialidad desintegradora. Combatir sus causas y sus efectos, acabar con la impunidad que genera y castigar severamente a sus autores, son tareas urgentes que debemos emprender sin dilaciones ni titubeos.
También hay que reconocer que existe una franca desconfianza hacia las instituciones, los programas y los responsables de la seguridad pública. En muchos casos, es evidente un desempeño policial falto de método, técnica, ética y compromiso. Afortunadamente, Panamá cuenta también con policías que cumplen con eficacia y honestidad sus responsabilidades, arriesgando muchas veces sus propias vidas.
En el ámbito de la seguridad pública, es evidente la falta de una debida capacitación y de una remuneración adecuada, así como la ausencia de mecanismos eficaces de coordinación policial entre los organismos de gobierno. A su vez, las acciones de los cuerpos de seguridad pública se han enfocado más a combatir los delitos consumados que a adoptar medidas de prevención. Por su parte, la sociedad, al percibir el incremento de la inseguridad y su relación con las ineficiencias, desviaciones y tolerancia de las instituciones de seguridad pública, ha optado por alejarse de las mismas por desconfianza o por temor.
Paralelamente al aumento de la violencia, y estrechamente relacionada con ella, se ha desarrollado una delincuencia cada vez mejor organizada, que ha dado lugar al incremento del tráfico de armas, crímenes y asesinatos, asaltos bancarios, narcotráfico, choques violentos con armas de fuego entre pandillas juveniles y estudiantiles a plena luz del día y hasta secuestros, entre otros. El tráfico de drogas y los delitos conexos constituyen uno de los fenómenos más complejos y destructivos de la sociedad. Combatirlo debe constituirse una prioridad nacional. Su existencia atenta contra todo el tejido social, por su potencialidad desintegradora. Combatir sus causas y sus efectos, acabar con la impunidad que genera y castigar severamente a sus autores, son tareas urgentes que debemos emprender sin dilaciones ni titubeos.
