Crimen impune

Los continuos y crecientes cierres de vías públicas constituyen un gran desconcierto en la comunidad; ellos vulneran el derecho a la libertad individual consagrada en la Constitución Nacional, alteran el orden social y provocan grandes estragos a la economía del país.

Ha llegado ya el momento en que no podemos seguir consintiendo semejante atropello, porque tenemos el deber de perseguir y encarcelar, con base en el Código Penal, a los irresponsables que, en defensa de sus propios intereses, legítimos o no, comprometen la estabilidad tanto del país como del gobierno.

Pareciera increíble que de instituciones que abrigan en su seno centenares y hasta miles de sus afiliados, surjan quince o veinticinco badulaques que se lancen a las vías públicas a cerrarlas, incendiar llantas y colocar retenes en ellas.

Esos cierres, en esencia, a más de constituir secuestro de seres humanos, son crímenes de lesa patria y a ese rango delictivo hay que colocar a sus autores mediante ley, que debe ser una de las más urgentes prioridades, si no la más urgente, de quien quiera que vaya a ocupar la silla presidencial tras las próximas elecciones generales.