Crisis en el Ministerio Público
Discrepamos de quienes minimizan la trascendencia del bochornoso incidente del jueves pasado, protagonizado por el Procurador General de la Nación José Antonio Sossa y su escolta, con agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ), en el que ambos bandos sacaron a relucir armas de fuego y, de no ser por un milagro, a cualquiera se le hubiera escapado un tiro, degenerando en una tragedia.
Lo ocurrido fue el más grave suceso que comprometió la seguridad del Estado panameño desde que en 1990, el coronel Eduardo Herrera fue rescatado de la cárcel en helicóptero por comandos policiales y, luego de tomar el cuartel central, encabezó sus fuerzas hacia las puertas mismas del Palacio Legislativo, donde fue detenido a tiros por tropas y vehículos blindados del ejército norteamericano, a ruego del Ejecutivo de entonces, que presentía un nuevo golpe castrense.
En esta ocasión, la confrontación entre dos organismos armados volvió a tener lugar a pocos metros del Cuartel Central de la Policía Nacional y del mismo Legislativo, y a escasos diez kilómetros del Canal de Panamá, lo que bien pudo dar a nuestros todavía vecinos un pretexto perfecto para volver a aplicar el Tratado de Neutralidad y pacificarnos por la fuerza.
Ante la gravedad de lo ocurrido y la persistencia de un peligro potencial que puede estallar en cualquier momento, todos los estamentos de seguridad del Estado panameño, incluyendo a los tres órganos del poder público, deben unir esfuerzos para enfrentar de inmediato la actual situación de emergencia, empezando por analizar objetivamente las causas.
En nuestra opinión, lo acontecido empezó por la falta de coherencia conceptual sobre el papel y posición de la PTJ con respecto a los tres órganos del Estado y sus instituciones. El organismo empezó siendo un instrumento represivo del Ejecutivo a través de la Fuerza Armada, durante la dictadura. De allí pasó a la esfera del Ministerio Público, cuya jefatura ostenta el Procurador General de la Nación. La lógica de este cambio era elemental: la PTJ se constituía en brazo ejecutor de las investigaciones criminales que requería el Ministerio Público como entidad acusadora y coadyuvante de la justicia penal.
Pero pronto se advirtió que, con la PTJ bajo su mando, el Ministerio Público acumulaba demasiado poder, por lo que se decidió pasarla bajo la tutela del Organo Judicial y en especial de la Corte Suprema de Justicia. De ese modo, la PTJ, aunque servía al Ministerio Público, dependía de la Corte. Mas para agravar las cosas, bajo el presente gobierno, se decidió reformar la ley y otorgarle mayor autonomía, resultando en un híbrido insólito, en parte autónomo, en parte colaborador del Ministerio Público y en parte dependiente de la Corte Suprema. Allí están las raíces del problema, además de los desafueros de conducta personal que deben ser investigados y decididos ejemplarmente. Hay que despedir al responsable y revisar la legislación cuanto antes.
Lo ocurrido fue el más grave suceso que comprometió la seguridad del Estado panameño desde que en 1990, el coronel Eduardo Herrera fue rescatado de la cárcel en helicóptero por comandos policiales y, luego de tomar el cuartel central, encabezó sus fuerzas hacia las puertas mismas del Palacio Legislativo, donde fue detenido a tiros por tropas y vehículos blindados del ejército norteamericano, a ruego del Ejecutivo de entonces, que presentía un nuevo golpe castrense.
En esta ocasión, la confrontación entre dos organismos armados volvió a tener lugar a pocos metros del Cuartel Central de la Policía Nacional y del mismo Legislativo, y a escasos diez kilómetros del Canal de Panamá, lo que bien pudo dar a nuestros todavía vecinos un pretexto perfecto para volver a aplicar el Tratado de Neutralidad y pacificarnos por la fuerza.
Ante la gravedad de lo ocurrido y la persistencia de un peligro potencial que puede estallar en cualquier momento, todos los estamentos de seguridad del Estado panameño, incluyendo a los tres órganos del poder público, deben unir esfuerzos para enfrentar de inmediato la actual situación de emergencia, empezando por analizar objetivamente las causas.
En nuestra opinión, lo acontecido empezó por la falta de coherencia conceptual sobre el papel y posición de la PTJ con respecto a los tres órganos del Estado y sus instituciones. El organismo empezó siendo un instrumento represivo del Ejecutivo a través de la Fuerza Armada, durante la dictadura. De allí pasó a la esfera del Ministerio Público, cuya jefatura ostenta el Procurador General de la Nación. La lógica de este cambio era elemental: la PTJ se constituía en brazo ejecutor de las investigaciones criminales que requería el Ministerio Público como entidad acusadora y coadyuvante de la justicia penal.
Pero pronto se advirtió que, con la PTJ bajo su mando, el Ministerio Público acumulaba demasiado poder, por lo que se decidió pasarla bajo la tutela del Organo Judicial y en especial de la Corte Suprema de Justicia. De ese modo, la PTJ, aunque servía al Ministerio Público, dependía de la Corte. Mas para agravar las cosas, bajo el presente gobierno, se decidió reformar la ley y otorgarle mayor autonomía, resultando en un híbrido insólito, en parte autónomo, en parte colaborador del Ministerio Público y en parte dependiente de la Corte Suprema. Allí están las raíces del problema, además de los desafueros de conducta personal que deben ser investigados y decididos ejemplarmente. Hay que despedir al responsable y revisar la legislación cuanto antes.
