Crisis en la Corte y reforma estatal
La mejor noticia que puede dar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es no ser noticia. Pero lleva semanas en la agenda informativa del país por el estado de precariedad institucional en que se encuentra. El sistema de justicia no se ha repuesto desde el escandaloso nombramiento de los magistrados Alberto Cigarruista y Winston Spadafora quienes llegaron a la CSJ mediante oscuras transacciones y fuertes indicios de corrupción. Tampoco se olvida el bochornoso altercado entre magistrados, llamados a ser el alma de la Nación, por definir en qué tipo de automóviles debía transportarse la justicia en el país.
El último acto de esta grotesca cadena de desvergüenzas se inició el 23 de septiembre al cumplir 75 años el ahora expresidente de la CSJ, César Pereira Burgos. Cuatro días más tarde, Alvin Weeden, un pendenciero patológico y Contralor General de la República, solicitó al presidente Martín Torrijos que hiciera cumplir la ley Faúndes que establece que los funcionarios con más de 75 años de edad deben abandonar el puesto. Las reacciones fueron contradictorias.
Pese a que varios magistrados de la CSJ reconocieron en privado que Pereira Burgos es un estigma para el sistema judicial, ese Órgano del Estado al igual que el Legislativo, para no asumir los costos políticos, renunciaron a iniciar el proceso de depuración por el que clama el país. La opinión de la Procuradora de la Administración, Alma de Fletcher, acerca de la aplicabilidad de ley Faúndes a Pereira Burgos, fue el instrumento legal que utilizó el presidente Torrijos para declarar vacante el puesto del magistrado. Si bien la Constitución está por encima de las leyes, ninguna autoridad política puede desconocer la norma jurídica, en este caso la ley Faúndes.
En los días por venir continuarán los argumentos jurídicos a favor o en contra de lo actuado por el Ejecutivo. Además, no siempre el calor del debate produce luces. Lo que no puede permitir el nuevo gobierno es que, en el colmo del cinismo político, la expresidenta Mireya Moscoso trate de desviar la atención sobre la fuerte presunción de estar involucrada en actos de corrupción, hablando de un golpe de estado civil en Panamá. En sus cinco años de gestión administró más de B/.25,000 millones en presupuestos del Estado y debe rendir cuentas sobre el uso de esos recursos y por un rosario de actos de corrupción que cada día la salpican con mayor fuerza.
A la mayoría de la población, de acuerdo a sondeos de medios de comunicación, no le importa que lo actuado por el Ejecutivo sea tildado por algunos de sus opositores de arbitrariedad. Hay que recordar que el general Omar Torrijos decía que al que es puro, puro, se lo fuman. La pasividad roza con la complicidad. La actual administración debe, entonces, meter la mano a fondo en la cloaca que significó el gobierno de Moscoso y sacar sistemáticamente la podredumbre para sanear y adecentar la administración del Estado.
En cuanto a la alianza opositora su fragilidad radica en la presencia del MOLIRENA y el Partido Liberal Nacional, cómplices del pasado gobierno y cuyos dirigentes no resisten una investigación por actos de corrupción. El traje de vindicadores de la moral pública les queda demasiado grande. El partido Cambio Democrático por su egocentrismo y búsqueda de acuerdos con el nuevo gobierno por puestos en la actual administración, tampoco es el aliado ideal de Solidaridad en cuyo interior también subsisten figuras que recibieron prebendas y favores de Moscoso. En el caso del expresidente Guillermo Endara, una cuidadosa investigación sobre el financiamiento de su campaña política y el uso de esos fondos por su entorno familiar podría restarle fuerza a sus ambiciones de convertirse en catalizador del momento político actual.
No debe haber marcha atrás. Este debe ser el primer paso en un proceso de reformas del Estado que pasan por un esfuerzo superior para que el Órgano Judicial recupere la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Debe dejar de estar al servicio de intereses que vulneran la fidelidad a los principios de independencia, comportamiento ético, conducta moral y compromiso social en la administración de la justicia.
El poder judicial es uno de los rostros del Estado. De su desempeño depende la calidad de la democracia panameña. Por eso resulta imposible negarle respaldo a un movimiento para exigir a quienes poseen la máxima investidura de la justicia en el país que la administren con honestidad y probidad.
El último acto de esta grotesca cadena de desvergüenzas se inició el 23 de septiembre al cumplir 75 años el ahora expresidente de la CSJ, César Pereira Burgos. Cuatro días más tarde, Alvin Weeden, un pendenciero patológico y Contralor General de la República, solicitó al presidente Martín Torrijos que hiciera cumplir la ley Faúndes que establece que los funcionarios con más de 75 años de edad deben abandonar el puesto. Las reacciones fueron contradictorias.
Pese a que varios magistrados de la CSJ reconocieron en privado que Pereira Burgos es un estigma para el sistema judicial, ese Órgano del Estado al igual que el Legislativo, para no asumir los costos políticos, renunciaron a iniciar el proceso de depuración por el que clama el país. La opinión de la Procuradora de la Administración, Alma de Fletcher, acerca de la aplicabilidad de ley Faúndes a Pereira Burgos, fue el instrumento legal que utilizó el presidente Torrijos para declarar vacante el puesto del magistrado. Si bien la Constitución está por encima de las leyes, ninguna autoridad política puede desconocer la norma jurídica, en este caso la ley Faúndes.
En los días por venir continuarán los argumentos jurídicos a favor o en contra de lo actuado por el Ejecutivo. Además, no siempre el calor del debate produce luces. Lo que no puede permitir el nuevo gobierno es que, en el colmo del cinismo político, la expresidenta Mireya Moscoso trate de desviar la atención sobre la fuerte presunción de estar involucrada en actos de corrupción, hablando de un golpe de estado civil en Panamá. En sus cinco años de gestión administró más de B/.25,000 millones en presupuestos del Estado y debe rendir cuentas sobre el uso de esos recursos y por un rosario de actos de corrupción que cada día la salpican con mayor fuerza.
A la mayoría de la población, de acuerdo a sondeos de medios de comunicación, no le importa que lo actuado por el Ejecutivo sea tildado por algunos de sus opositores de arbitrariedad. Hay que recordar que el general Omar Torrijos decía que al que es puro, puro, se lo fuman. La pasividad roza con la complicidad. La actual administración debe, entonces, meter la mano a fondo en la cloaca que significó el gobierno de Moscoso y sacar sistemáticamente la podredumbre para sanear y adecentar la administración del Estado.
En cuanto a la alianza opositora su fragilidad radica en la presencia del MOLIRENA y el Partido Liberal Nacional, cómplices del pasado gobierno y cuyos dirigentes no resisten una investigación por actos de corrupción. El traje de vindicadores de la moral pública les queda demasiado grande. El partido Cambio Democrático por su egocentrismo y búsqueda de acuerdos con el nuevo gobierno por puestos en la actual administración, tampoco es el aliado ideal de Solidaridad en cuyo interior también subsisten figuras que recibieron prebendas y favores de Moscoso. En el caso del expresidente Guillermo Endara, una cuidadosa investigación sobre el financiamiento de su campaña política y el uso de esos fondos por su entorno familiar podría restarle fuerza a sus ambiciones de convertirse en catalizador del momento político actual.
No debe haber marcha atrás. Este debe ser el primer paso en un proceso de reformas del Estado que pasan por un esfuerzo superior para que el Órgano Judicial recupere la confianza y la credibilidad de la ciudadanía. Debe dejar de estar al servicio de intereses que vulneran la fidelidad a los principios de independencia, comportamiento ético, conducta moral y compromiso social en la administración de la justicia.
El poder judicial es uno de los rostros del Estado. De su desempeño depende la calidad de la democracia panameña. Por eso resulta imposible negarle respaldo a un movimiento para exigir a quienes poseen la máxima investidura de la justicia en el país que la administren con honestidad y probidad.
