¿Crisis en la cuenca?
En 1995, luego del momento electoral, se percibía en el país, un sentimiento generalizado en cuanto a la necesidad de abrir un nuevo espacio de conversación e intercambio nacional, que se condujera a través de una nueva experiencia de concertación, diferenciando los temas de una agenda de gobierno de los temas de una agenda de Estado. Luego de una sistematización cuidadosa de lo acontecido, consultas constantes y planificación realista, el PNUD apoya un proceso centrado en el tema que históricamente ha convocado a los panameños y panameñas: el Canal y sus áreas en reversión, y se convocan en 1996, los Encuentros Panamá 2000 que permiten una apertura de la convocatoria a una amplia gama de representantes de la sociedad civil y la sociedad política, en torno a temas sustantivos como la Ley de la Autoridad del Canal y los planes de uso de suelos de las áreas canaleras en reversión. Estos encuentros fueron precedidos e imbricados por varios talleres de trabajo, y se lograron consensuar dos proyectos de ley, aprobados luego en 1997 por la Asamblea Legislativa. En la declaración final del IV Encuentro Panamá 2000 el 24 septiembre 1996, quedó establecido la preocupación por la" persona humana como centro y objetivo del desarrollo social y económico de la Región Interoceánica, de los intereses de los habitantes de dicha región; de la ecología y el medio ambiente..."
En el marco del último proceso electoral del siglo 1999, en un año que culminó con la reversión total de los bienes canaleros, diversos sectores de la sociedad panameña se articularon para concertar un conjunto de pactos con las tres alianzas participantes en el torneo electoral personificados en los tres candidatos a la Presidencia de la República. En el Pacto de la Sociedad Civil y se retoman y ratifican las conclusiones principales de los Encuentros Panamá 2000. Entre ellos destacamos: Preservación del patrimonio ecológico de la región interoceánica. Tomar las medidas que eviten la especulación y acaparamiento de tierra, y posibiliten la adquisición de tierras al pequeño y mediano propietario. Propiciar un foro permanente de diálogo interactivo y de debate nacional sobre el Canal, con la participación de la sociedad civil y sociedad política panameña. Concertación con los habitantes de las diferentes comunidades de la cuenca del Canal, la modificación del actual uso del suelo, promoviendo la reconversión de sus actividades productivas, de manera que mejoren sus ingresos. La aprobación de la Ley 44 del 31 de agosto de 1999, por la cual se aprueban los Límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, es una constatación de que al perecer, no aprendimos las lecciones de los procesos de concertación nacional de los Encuentro Panamá 2000, los Pactos y otros foros, pues: La ley fue aprobada sin discutirse ni debatirse en foros amplios de consenso nacional, y sin consulta con los habitantes de la "nueva" y ampliada cuenca canalera. La ley fue promulgada el 31 de agosto por el Presidente Pérez Balladares, es decir el último día de su gobierno.
Con este "procedimiento", la Ley 44 se generó la sospecha temprana de diversos sectores de la sociedad civil (Iglesia, campesinos, ONG, derechos humanos, y otros), de que amparados por la nueva delimitación la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), utilizaría una metodología similar de la no consulta ni participación real de los afectados. Esto conduce a que los sectores que resisten la posible inundación de la "nueva" cuenca, exijan retirar la ley para negociar.
El camino justo y necesario para enfrentar la situación, es aprender de lo vivido, y abrir un proceso real de participación y consenso nacional que redefina y logre las alternativas mejores para los intereses del país y sus habitantes. Acciones en esta dirección sentarían las bases de la gobernabilidad democrática, a través de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones ordinarias en un clima de continuidad; la capacidad las instituciones públicas para satisfacer necesidades de la población, y de generar capacidad incluyente; la generación y perdurabilidad de consensos básicos sobre la legitimidad del sistema político democrático.
La situación actual y la que se avecina, requiere muchas dosis de cordura y madurez entre los actores públicos y privados. Un macroproyecto como el de la "otra"cuenca canalera no puede ser impuesto, pues afectará profundamente la vida de decenas de miles de personas campesinas que viven en la pobreza, excluidas las "virtudes" del transitismo y el centralismo que nunca han llegado a sus vidas. Es más deben examinarse opciones diversas para conciliar las necesidades del Canal y de la región metropolitana, con las realidades y aspiraciones campesinas. El marco necesario conduce necesariamente a repensar el país con la visión estratégica de un siglo que se inicia, en condiciones diferentes para Panamá. Es hora pues de la mesa redonda, del diálogo efectivo, de la conversación franca y de los acuerdos germinales surgidos entre todos(as) y para el bien de todos(as).
En el marco del último proceso electoral del siglo 1999, en un año que culminó con la reversión total de los bienes canaleros, diversos sectores de la sociedad panameña se articularon para concertar un conjunto de pactos con las tres alianzas participantes en el torneo electoral personificados en los tres candidatos a la Presidencia de la República. En el Pacto de la Sociedad Civil y se retoman y ratifican las conclusiones principales de los Encuentros Panamá 2000. Entre ellos destacamos: Preservación del patrimonio ecológico de la región interoceánica. Tomar las medidas que eviten la especulación y acaparamiento de tierra, y posibiliten la adquisición de tierras al pequeño y mediano propietario. Propiciar un foro permanente de diálogo interactivo y de debate nacional sobre el Canal, con la participación de la sociedad civil y sociedad política panameña. Concertación con los habitantes de las diferentes comunidades de la cuenca del Canal, la modificación del actual uso del suelo, promoviendo la reconversión de sus actividades productivas, de manera que mejoren sus ingresos. La aprobación de la Ley 44 del 31 de agosto de 1999, por la cual se aprueban los Límites de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá, es una constatación de que al perecer, no aprendimos las lecciones de los procesos de concertación nacional de los Encuentro Panamá 2000, los Pactos y otros foros, pues: La ley fue aprobada sin discutirse ni debatirse en foros amplios de consenso nacional, y sin consulta con los habitantes de la "nueva" y ampliada cuenca canalera. La ley fue promulgada el 31 de agosto por el Presidente Pérez Balladares, es decir el último día de su gobierno.
Con este "procedimiento", la Ley 44 se generó la sospecha temprana de diversos sectores de la sociedad civil (Iglesia, campesinos, ONG, derechos humanos, y otros), de que amparados por la nueva delimitación la ACP (Autoridad del Canal de Panamá), utilizaría una metodología similar de la no consulta ni participación real de los afectados. Esto conduce a que los sectores que resisten la posible inundación de la "nueva" cuenca, exijan retirar la ley para negociar.
El camino justo y necesario para enfrentar la situación, es aprender de lo vivido, y abrir un proceso real de participación y consenso nacional que redefina y logre las alternativas mejores para los intereses del país y sus habitantes. Acciones en esta dirección sentarían las bases de la gobernabilidad democrática, a través de la capacidad del Estado para ejercer sus funciones ordinarias en un clima de continuidad; la capacidad las instituciones públicas para satisfacer necesidades de la población, y de generar capacidad incluyente; la generación y perdurabilidad de consensos básicos sobre la legitimidad del sistema político democrático.
La situación actual y la que se avecina, requiere muchas dosis de cordura y madurez entre los actores públicos y privados. Un macroproyecto como el de la "otra"cuenca canalera no puede ser impuesto, pues afectará profundamente la vida de decenas de miles de personas campesinas que viven en la pobreza, excluidas las "virtudes" del transitismo y el centralismo que nunca han llegado a sus vidas. Es más deben examinarse opciones diversas para conciliar las necesidades del Canal y de la región metropolitana, con las realidades y aspiraciones campesinas. El marco necesario conduce necesariamente a repensar el país con la visión estratégica de un siglo que se inicia, en condiciones diferentes para Panamá. Es hora pues de la mesa redonda, del diálogo efectivo, de la conversación franca y de los acuerdos germinales surgidos entre todos(as) y para el bien de todos(as).
