Crisis en la justicia
Resulta indiscutible que la administración de justicia en nuestro medio ha colapsado. El incremento excesivo de la demora en la tramitación de los expedientes judiciales por parte de los tribunales de justicia, constituye la principal causa que ha generado esta crisis. A pesar que el problema de la mora judicial es conocido y ampliamente debatido por abogados, personeros del Ministerio Público y del "rgano Judicial, el problema de la justicia tardía subsiste.
Una de las razones que alegan los funcionarios encargados de administrar justicia que produce esta demora es la falta de un presupuesto adecuado, que permita la creación de nuevos tribunales que procuren la agilización de las decisiones judiciales. Si bien no negamos que los recursos económicos son importantes, consideramos que existen otras causas que también inciden en la demora en la tramitación de los expedientes. Entre estas razones podemos enunciar la existencia de un procedimiento, anacrónico, desfasado y arcaico, lo cual impone la necesidad de una reforma integral. Requerimos de normas procesales que propicien una mayor agilización de los casos que se someten a la consideración de los tribunales.
Necesitamos un cambio de actitud por parte de jueces y fiscales, a fin de evitar conductas que obstaculicen, establezcan impedimentos al desarrollo de las diligencias judiciales. La sociedad panameña viene reclamando desde hace mucho tiempo, una eficiente administración de justicia que profiera decisiones apegadas a la ley, que sea expedita e ininterrumpida.
Este problema que nos afecta a todos ha alcanzado, gracias a la indiferencia tanto de gobernantes como de la sociedad civil, niveles alarmantes cuando observamos que los procesos judiciales de la naturaleza que sea tienen un promedio de duración de cinco a seis años, constante que se ha mantenido hasta la fecha Esta situación ha provocado dudas en los panameños hacia las instituciones que administran justicia. Por ello creemos necesario actuar con responsabilidad para diseñar una estrategia que enfrente este mal que corroe los cimientos democráticos de la nación, ya que justicia tardía no es justicia.
Una de las razones que alegan los funcionarios encargados de administrar justicia que produce esta demora es la falta de un presupuesto adecuado, que permita la creación de nuevos tribunales que procuren la agilización de las decisiones judiciales. Si bien no negamos que los recursos económicos son importantes, consideramos que existen otras causas que también inciden en la demora en la tramitación de los expedientes. Entre estas razones podemos enunciar la existencia de un procedimiento, anacrónico, desfasado y arcaico, lo cual impone la necesidad de una reforma integral. Requerimos de normas procesales que propicien una mayor agilización de los casos que se someten a la consideración de los tribunales.
Necesitamos un cambio de actitud por parte de jueces y fiscales, a fin de evitar conductas que obstaculicen, establezcan impedimentos al desarrollo de las diligencias judiciales. La sociedad panameña viene reclamando desde hace mucho tiempo, una eficiente administración de justicia que profiera decisiones apegadas a la ley, que sea expedita e ininterrumpida.
Este problema que nos afecta a todos ha alcanzado, gracias a la indiferencia tanto de gobernantes como de la sociedad civil, niveles alarmantes cuando observamos que los procesos judiciales de la naturaleza que sea tienen un promedio de duración de cinco a seis años, constante que se ha mantenido hasta la fecha Esta situación ha provocado dudas en los panameños hacia las instituciones que administran justicia. Por ello creemos necesario actuar con responsabilidad para diseñar una estrategia que enfrente este mal que corroe los cimientos democráticos de la nación, ya que justicia tardía no es justicia.
