Críticas a Bush por restringir derechos humanos
Desde que el gobierno del presidente George W. Bush decretó la semana pasada que tribunales militares tienen jurisdicción para procesar "terroristas" extranjeros además de establecer nuevos reglamentos para controlar a los inmigrantes e integrar listas de extranjeros que podrían ser interrogados, un creciente número de críticos advierten que estas medidas no cuadran con las libertades que siempre ha defendido Estados Unidos (EU), tanto en sus cortes como en los foros internacionales. El jefe de la mayoría demócrata del Senado, Tom Daschle y el senador Patrick Leahy, presidente del Comité Judicial, declararon que la orden de Bush "envía el mensaje de que es aceptable mantener juicios secretos y ejecuciones sumarísimas sin la posibilidad de una revisión judicial".
Una nota editorial bajo el titular "Desatendiendo la Constitución", el influyente periódico Washington Post compara a los tribunales militares a "las cortes secretas y los jueces encapuchados" del régimen peruano del gobierno de Alberto Fujimori. Las medidas, advierte, "erosionarán la imagen de EU como un lugar donde las libertades no pueden ser comprometidas libertades que al final de cuentas ofrecen la justificación más básica para la pretensión de este país de liderar el mundo en la guerra contra el terrorismo". El coro de protestas no se limita a los elementos progresistas. Hasta un vocero del conservadurismo de ultranza, Robert Barr, republicano de Georgia que hasta hace poco hostigaba al gobierno panameño con sus denuncias de que las inversiones de la China Popular en los puertos del Canal podían terminar con sabotaje, denunció las medidas como "prepotentes y exageradas". Pero la crítica más fulminante para Bush vino de uno de los más destacados columnistas conservadores, William Safire, quien fue asesor del presidente Nixon y ahora escribe una respetada columna en The New York Times.
En su más reciente columna, Safire denuncia a Bush y al fiscal general John Ashcroft de haber cometido "un error de dimensiones históricas" al manifestar: "Mal aconsejado por un fiscal general frustrado y paralizado por el pánico, un presidente de EU acaba de asumir algo que equivale al poder dictatorial de encarcelar o ejecutar extranjeros. Intimidados por los terroristas e inflamados por una pasión por la justicia pura y dura, estamos permitiendo a George W. Bush sustituir el sistema de derecho de Estados Unidos por improvisados tribunales militares. "En su infame resolución de urgencia, Bush admite desestimar "los principios del derecho y las reglas de la evidencia" que sostienen el sistema de justicia estadounidense. Se atribuye el poder para saltarse los juzgados y establecer sus propios tribunales sumarísimos: grupos de funcionarios que se sentarán a juzgar a no ciudadanos sobre los que el Presidente sólo tiene que alegar "tener motivos para creer" que son miembros de organizaciones terroristas".
Los voceros de la Casa Blanca se apresuraron en defender la decisión del presidente. El fiscal general, John Ashcroft, cree que "los terroristas no se merecen la protección de la Constitución". El vicepresidente Dick Cheney justifica la medida porque "estamos en guerra". Pero para los críticos las medidas adoptadas por el equipo de Bush convierten al gobierno en juez y parte, porque entienden que los procesos militares son una extensión de la guerra. No hay un jurado o un tribunal independiente. Las condenas de un tribunal militar no se pueden apelar ante la justicia civil, ni siquiera el Tribunal Supremo. El Pentágono establecerá las condiciones de los juicios. Siempre que tenga "razones para creer" que un individuo es terrorista puede enviarlo a un tribunal militar. El secretario de Defensa decidirá qué pruebas son pertinentes y en qué base militar -normalmente fuera de EU- se celebrará el juicio.
La fiscalía militar podrá mantener en secreto el testimonio de los agentes del gobierno, así como las pruebas, y no estará obligada a presentar testigos directos. Para condenar a muerte bastará el voto de dos tercios de los jueces militares que presidan el proceso. Pese a todo esto, Bush ha manifestado que los terroristas tendrán "un juicio completo y justo". La Casa Blanca ha recordado que el Congreso dio permiso al presidente para "usar toda la fuerza necesaria" en la lucha contra el terrorismo. Este permiso, según denuncian las asociaciones de derechos civiles, ha dado al gobierno una dimensión orwelliana y el Congreso ha quedado totalmente al margen.
Lo de los juicios militares es sólo uno de tantos actos de la administración Bush que ha provocado graves críticas de grupos que consideran que se están cercando los derechos civiles del pueblo estadounidense. Otros son la decisión de interceptar comunicaciones telefónicas de los abogados que representan a los terroristas, así como la posibilidad que se suspenda el derecho del habeas corpus. La comunidad académica estalló en airadas protestas cuando el Presidente decretó que en el futuro sólo la Casa Blanca podía autorizar la desclasificación de documentos secretos que, bajo la Ley, debieran ser accesibles al público depuestas de 12 a 25 años. Hasta ahora esa responsabilidad residía con el director de los Archivos Nacionales, un cargo que hasta ahora nunca fue politizado.
El historiador Richard Reeves denunció que con un plumazo el presidente Bush hirió a la historia por la espalda y bloqueó el derecho de los estadounidenses de enterarse como los presidentes (y vicepresidentes) tomaron decisiones. "Mi respuesta fue enviarle al presidente Bush varios libros sobre recientes presidencias, junto con una nota diciendo que pronto podrían adquirir un valor agregado como artefactos porque su decreto podría inhibir a futuros autores realizar investigaciones similares," declaró Reeves, autor de "El presidente Kennedy: Perfil de Poder", y de la reciente biografía "El presidente Nixon: Solo en la Casa Blanca", ambos habiendo recibido excelentes críticas.
Una nota editorial bajo el titular "Desatendiendo la Constitución", el influyente periódico Washington Post compara a los tribunales militares a "las cortes secretas y los jueces encapuchados" del régimen peruano del gobierno de Alberto Fujimori. Las medidas, advierte, "erosionarán la imagen de EU como un lugar donde las libertades no pueden ser comprometidas libertades que al final de cuentas ofrecen la justificación más básica para la pretensión de este país de liderar el mundo en la guerra contra el terrorismo". El coro de protestas no se limita a los elementos progresistas. Hasta un vocero del conservadurismo de ultranza, Robert Barr, republicano de Georgia que hasta hace poco hostigaba al gobierno panameño con sus denuncias de que las inversiones de la China Popular en los puertos del Canal podían terminar con sabotaje, denunció las medidas como "prepotentes y exageradas". Pero la crítica más fulminante para Bush vino de uno de los más destacados columnistas conservadores, William Safire, quien fue asesor del presidente Nixon y ahora escribe una respetada columna en The New York Times.
En su más reciente columna, Safire denuncia a Bush y al fiscal general John Ashcroft de haber cometido "un error de dimensiones históricas" al manifestar: "Mal aconsejado por un fiscal general frustrado y paralizado por el pánico, un presidente de EU acaba de asumir algo que equivale al poder dictatorial de encarcelar o ejecutar extranjeros. Intimidados por los terroristas e inflamados por una pasión por la justicia pura y dura, estamos permitiendo a George W. Bush sustituir el sistema de derecho de Estados Unidos por improvisados tribunales militares. "En su infame resolución de urgencia, Bush admite desestimar "los principios del derecho y las reglas de la evidencia" que sostienen el sistema de justicia estadounidense. Se atribuye el poder para saltarse los juzgados y establecer sus propios tribunales sumarísimos: grupos de funcionarios que se sentarán a juzgar a no ciudadanos sobre los que el Presidente sólo tiene que alegar "tener motivos para creer" que son miembros de organizaciones terroristas".
Los voceros de la Casa Blanca se apresuraron en defender la decisión del presidente. El fiscal general, John Ashcroft, cree que "los terroristas no se merecen la protección de la Constitución". El vicepresidente Dick Cheney justifica la medida porque "estamos en guerra". Pero para los críticos las medidas adoptadas por el equipo de Bush convierten al gobierno en juez y parte, porque entienden que los procesos militares son una extensión de la guerra. No hay un jurado o un tribunal independiente. Las condenas de un tribunal militar no se pueden apelar ante la justicia civil, ni siquiera el Tribunal Supremo. El Pentágono establecerá las condiciones de los juicios. Siempre que tenga "razones para creer" que un individuo es terrorista puede enviarlo a un tribunal militar. El secretario de Defensa decidirá qué pruebas son pertinentes y en qué base militar -normalmente fuera de EU- se celebrará el juicio.
La fiscalía militar podrá mantener en secreto el testimonio de los agentes del gobierno, así como las pruebas, y no estará obligada a presentar testigos directos. Para condenar a muerte bastará el voto de dos tercios de los jueces militares que presidan el proceso. Pese a todo esto, Bush ha manifestado que los terroristas tendrán "un juicio completo y justo". La Casa Blanca ha recordado que el Congreso dio permiso al presidente para "usar toda la fuerza necesaria" en la lucha contra el terrorismo. Este permiso, según denuncian las asociaciones de derechos civiles, ha dado al gobierno una dimensión orwelliana y el Congreso ha quedado totalmente al margen.
Lo de los juicios militares es sólo uno de tantos actos de la administración Bush que ha provocado graves críticas de grupos que consideran que se están cercando los derechos civiles del pueblo estadounidense. Otros son la decisión de interceptar comunicaciones telefónicas de los abogados que representan a los terroristas, así como la posibilidad que se suspenda el derecho del habeas corpus. La comunidad académica estalló en airadas protestas cuando el Presidente decretó que en el futuro sólo la Casa Blanca podía autorizar la desclasificación de documentos secretos que, bajo la Ley, debieran ser accesibles al público depuestas de 12 a 25 años. Hasta ahora esa responsabilidad residía con el director de los Archivos Nacionales, un cargo que hasta ahora nunca fue politizado.
El historiador Richard Reeves denunció que con un plumazo el presidente Bush hirió a la historia por la espalda y bloqueó el derecho de los estadounidenses de enterarse como los presidentes (y vicepresidentes) tomaron decisiones. "Mi respuesta fue enviarle al presidente Bush varios libros sobre recientes presidencias, junto con una nota diciendo que pronto podrían adquirir un valor agregado como artefactos porque su decreto podría inhibir a futuros autores realizar investigaciones similares," declaró Reeves, autor de "El presidente Kennedy: Perfil de Poder", y de la reciente biografía "El presidente Nixon: Solo en la Casa Blanca", ambos habiendo recibido excelentes críticas.
