Crónica de un fraude anunciado
Los testimonios de dos estudiantes, sobre su participación en la falsificación de un millón de firmas de un partido político que apoya la reelección de Fujimori, colman el vaso del montaje de un fraude minuciosamente organizado. Antes de ello, se ha sucedido innumerables denuncias de la prensa peruana independiente, sobre hechos que delatan apoyos económicos desde dependencias gubernamentales a la ambigua candidatura de un presidente que antes perpetró un autogolpe y ahora impulsa la opción de un tercer gobierno continuo contra viento y marea.
El precio del fraude anticipado lo están pagando por adelantado los medios de comunicación más prestigiosos del país de los incas. El diario "El Comercio", fundado por una familia panameña hace más de siglo y medio, es víctima de una maniobra política que, so pretexto de un juicio entre accionistas, busca la entrega del decano de la prensa peruana a personas allegadas al régimen fujimorista, según denuncia del director del diario Alejandro Miró Quesda Cisneros. No es esta la única represalia urdida y ejecutada por los asesores del gobierno. Al empresario Baruch Ibcher, propietario del Canal 2, se le despojó a la ciudadanía de las acciones de la televisora por informar sobre turbias maquinaciones del servicio de inteligencia militar. El principal accionista y gerente general de la TV Red Global y Radio 1160 Genaro Delgado Parker se ha autoexiliado en Estados Unidos, al privársele del control de sus medios y recibir amenazas de encarcelamiento. Convertido en el principal anunciante publicitario por los estragos de la recesión en la empresa privada, el gobierno impone condiciones a los medios que llegan al extremo de restringir la publicidad política a los candidatos de la oposición.
Reaccionando ante la situación de la prensa peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha formado cinco comisiones cuya misión es recorrer América y Europa denunciando las vulneraciones a la libertad de expresión en conexión al proceso electoral peruano. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los observadores internacionales presentes en Lima recopilan nuevas denuncias y emiten resoluciones que las autoridades no cumplen.
Se ha barajado la opción de un retiro masivo de las agrupaciones adversas al gobierno ante evidencias de un fraude que intrínsecamente ensombrece las perspectivas de un statu quo democrático y más bien favorece el continuismo de un tercer período gubernamental de quien no vacila en vulnerar la Constitución, los derechos humanos y la libertad de expresión para satisfacer ambiciones personales y de grupos cívico-militares. De la convicción democrática de los peruanos y de los defensores de las libertades públicas de América y Europa dependerá, en última instancia, que no se escriba el último párrafo de la crónica del fraude.
El precio del fraude anticipado lo están pagando por adelantado los medios de comunicación más prestigiosos del país de los incas. El diario "El Comercio", fundado por una familia panameña hace más de siglo y medio, es víctima de una maniobra política que, so pretexto de un juicio entre accionistas, busca la entrega del decano de la prensa peruana a personas allegadas al régimen fujimorista, según denuncia del director del diario Alejandro Miró Quesda Cisneros. No es esta la única represalia urdida y ejecutada por los asesores del gobierno. Al empresario Baruch Ibcher, propietario del Canal 2, se le despojó a la ciudadanía de las acciones de la televisora por informar sobre turbias maquinaciones del servicio de inteligencia militar. El principal accionista y gerente general de la TV Red Global y Radio 1160 Genaro Delgado Parker se ha autoexiliado en Estados Unidos, al privársele del control de sus medios y recibir amenazas de encarcelamiento. Convertido en el principal anunciante publicitario por los estragos de la recesión en la empresa privada, el gobierno impone condiciones a los medios que llegan al extremo de restringir la publicidad política a los candidatos de la oposición.
Reaccionando ante la situación de la prensa peruana, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha formado cinco comisiones cuya misión es recorrer América y Europa denunciando las vulneraciones a la libertad de expresión en conexión al proceso electoral peruano. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los observadores internacionales presentes en Lima recopilan nuevas denuncias y emiten resoluciones que las autoridades no cumplen.
Se ha barajado la opción de un retiro masivo de las agrupaciones adversas al gobierno ante evidencias de un fraude que intrínsecamente ensombrece las perspectivas de un statu quo democrático y más bien favorece el continuismo de un tercer período gubernamental de quien no vacila en vulnerar la Constitución, los derechos humanos y la libertad de expresión para satisfacer ambiciones personales y de grupos cívico-militares. De la convicción democrática de los peruanos y de los defensores de las libertades públicas de América y Europa dependerá, en última instancia, que no se escriba el último párrafo de la crónica del fraude.
