Crónica de un referéndum pactado
EN VARIAS ocasiones he expresado que no es conveniente para el país que la propuesta de ampliación del Canal haya dado lugar a situaciones absurdas que la ciudadanía trata de vivir con madurez pero que vive con inquietud.
He mencionado el apuro que ha caracterizado el tratamiento que se le ha dado a la propuesta de ampliación. Después de numerosos aplazamientos de su presentación y publicación, aplazamientos que los responsables atribuyeron a la realización de costosos estudios, tras los cuales la ACP convirtió su propuesta en una especie de émbolo metido en un cilindro rígido que bajo vapor intenso y sofocante ha acelerado los tiempos y los nervios de la ciudadanía.
Hoy 24 de julio hace dos meses que se conoció la propuesta que estudiosos del tema han dado en llamar la "Propuesta Torrijos-Alemán Zubieta", la cual fue aprobada a tambor más complaciente que batiente en tercer debate el viernes 14 de julio de 2006 por la Asamblea Nacional reunida en sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo (Ley No. 28 sancionada el lunes 17 de julio de 2006 y promulgada en Gaceta Oficial Digital, martes 18 de julio de 2006).
El 22 de octubre próximo se realizará el referéndum. ¿Por qué el apuro? Como se han desarrollado los hechos, se llega a la conclusión de que la construcción del tercer juego de esclusas fue decidida durante la campaña electoral pasada, sin ser anunciada entonces. Se trata de una obra monumental, visible y tangible con alto valor político que trasciende un período de gobierno. Durante su construcción se gastaría en la economía panameña miles de millones de balboas que provendrían de los excedentes del Canal retenidos ilegalmente. Los trabajos debían comenzar en el año 2007 para que el año de las próximas elecciones estuviese en el pico del empleo y del gasto.
El obstáculo dentro de esa programación era la exigencia constitucional de que se llevase a referéndum el contrato o los contratos para la ejecución de la obra. Por eso una de las primeras tareas era reformar el Artículo 319 de la Constitución para eliminar esas restricciones. Se incorporó dentro de otras reformas y se comprometió la aprobación de todos los partidos políticos del gobierno y de la oposición.
Convencido de que la reforma del Artículo 325 era contraria al interés nacional y a la institucionalidad del país, el 25 de junio de 2004 me apersoné en compañía del Licdo. Fernando Manfredo, Primer Administrador panameño del Canal, y del constitucionalista Dr. Humberto Ricord, a la sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y expusimos el criterio de que la propuesta reforma del Artículo 319 de la Constitución, hoy 325, era injurídica e innecesaria. Con esa enmienda constitucional la ACP obtenía un cheque en blanco para la ejecución de la obra y el uso de los dineros.
De nada ha servido el clamor de grupos responsables de que se abriese un debate, ni las advertencias de que las cifras de costo que se han dado están subvaluadas, que las tarifas de peajes hacen perder competitividad al Canal, que las proyecciones de tránsito no son confiables, que el margen de rentabilidad no es realista, que la cantidad que van a tener que pedir prestado es mucho mayor. Y lo peor han desentendido el señalamiento que el Canal no está saturado, que no hay razón alguna para el apuro.
No hay que ser incrédulo para tener un poco de dudas. La duda no sólo ha causado muchos descubrimientos, progresos e invenciones. Desde que el ser humano tiene conciencia, la duda es una especie de protección frente a contradicciones propias de la realidad, que pueden llevar a desandar en vez de ayudar a andar el camino. Muchas veces es movidos por la duda que buscamos y encontramos.
Ciertamente, el pueblo panameño tendrá la oportunidad el 22 de octubre de decidir soberanamente. Ciertamente, todos asumimos que la voluntad popular será respetada. Pero mientras tanto, se desarrolla en el país un proceso que con el correr de los días se carga de politización indebida, al punto de que se ha llegado a la temeridad de traer al tapete el tema de una nueva reforma constitucional que permita la reelección, y aún más a sostener que quienes votan por el Sí estarán votando a favor de la reelección, y que quienes voten por el No, estarán votando contra la reelección.
Los transvasamientos de problemas y de desafíos que se producirán en el futuro no tienen nada que ver con el funcionamiento de un natural y saludable sistema de vasos comunicantes entre la vida y el desarrollo institucional de la ACP y la vida y el desarrollo institucional del resto del país. Tienen que ver con nuevos y en muchos casos inesperados problemas que traerá consigo la ampliación del Canal. Preparar al país para esas nuevas situaciones exigía y sigue exigiendo un tiempo que no se le está concediendo.
En esta oportunidad deseo invitar la atención de los lectores especialmente sobre la politización que el tema de la ampliación está creando en el país y que se reforzará a medida que se acerca la fecha del referéndum. Esa politización está echando por tierra la voluntad manifestada y consensuada cuando se aprobó el Título XIV de la Constitución para mantener los asuntos del Canal al margen de la política, entendida ésta como enfrentamiento y como espacio de lucha por el poder de intereses sectoriales o partidarios.
Es normal que toda convocatoria al voto popular se traduzca en una mayor o menor febril campaña electoral. Pero la naturaleza del tema que motiva la convocatoria al referéndum en vez de dar lugar a enfrentamientos entre panameños tendría que haber servido para consolidar los empeños nacionales orientados hacia el desarrollo de la democracia y hacia el bienestar y la paz sociales. Ya se empieza a notar una evidente contradicción entre los enunciados objetivos de la ampliación del Canal con la creciente división que está provocando en la población, con la aparición en el lenguaje alusivo al referéndum de un discurso vindicativo o lleno de antinomias y de intolerancias.
Me he preguntado si aún hay tiempo y posibilidades para evitar que la campaña electoral planteada por el referéndum evite que demasiados platos rotos nos muestren un desgaste y un gasto excesivo del tipo de energías nacionales que en vez de distraerse o despilfarrarse deben ser ahorradas y conservadas. He llegado a la conclusión de que si la ACP y el Gobierno Nacional continúan las estrategias y las tácticas hasta ahora practicadas, será muy difícil que el país pueda hacer de las peripecias que se derivan de la propuesta de ampliación del Canal un balance equilibrado y la constatación de un avance histórico. Por ahora muchas veces pareciera que cada una de las dos partes, la que está por el Sí y la que está por el No de la llamada Propuesta Torrijos-Alemán Zubieta, se arrojan mutuamente la siguiente pregunta: ¿Dónde se cree Usted que está? Lo ideal sería que cada una pudiera contestar: "en nuestra patria" y que ambos lo acepten y lo respeten. Y que fuera verdad.
He mencionado el apuro que ha caracterizado el tratamiento que se le ha dado a la propuesta de ampliación. Después de numerosos aplazamientos de su presentación y publicación, aplazamientos que los responsables atribuyeron a la realización de costosos estudios, tras los cuales la ACP convirtió su propuesta en una especie de émbolo metido en un cilindro rígido que bajo vapor intenso y sofocante ha acelerado los tiempos y los nervios de la ciudadanía.
Hoy 24 de julio hace dos meses que se conoció la propuesta que estudiosos del tema han dado en llamar la "Propuesta Torrijos-Alemán Zubieta", la cual fue aprobada a tambor más complaciente que batiente en tercer debate el viernes 14 de julio de 2006 por la Asamblea Nacional reunida en sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo (Ley No. 28 sancionada el lunes 17 de julio de 2006 y promulgada en Gaceta Oficial Digital, martes 18 de julio de 2006).
El 22 de octubre próximo se realizará el referéndum. ¿Por qué el apuro? Como se han desarrollado los hechos, se llega a la conclusión de que la construcción del tercer juego de esclusas fue decidida durante la campaña electoral pasada, sin ser anunciada entonces. Se trata de una obra monumental, visible y tangible con alto valor político que trasciende un período de gobierno. Durante su construcción se gastaría en la economía panameña miles de millones de balboas que provendrían de los excedentes del Canal retenidos ilegalmente. Los trabajos debían comenzar en el año 2007 para que el año de las próximas elecciones estuviese en el pico del empleo y del gasto.
El obstáculo dentro de esa programación era la exigencia constitucional de que se llevase a referéndum el contrato o los contratos para la ejecución de la obra. Por eso una de las primeras tareas era reformar el Artículo 319 de la Constitución para eliminar esas restricciones. Se incorporó dentro de otras reformas y se comprometió la aprobación de todos los partidos políticos del gobierno y de la oposición.
Convencido de que la reforma del Artículo 325 era contraria al interés nacional y a la institucionalidad del país, el 25 de junio de 2004 me apersoné en compañía del Licdo. Fernando Manfredo, Primer Administrador panameño del Canal, y del constitucionalista Dr. Humberto Ricord, a la sesión de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa y expusimos el criterio de que la propuesta reforma del Artículo 319 de la Constitución, hoy 325, era injurídica e innecesaria. Con esa enmienda constitucional la ACP obtenía un cheque en blanco para la ejecución de la obra y el uso de los dineros.
De nada ha servido el clamor de grupos responsables de que se abriese un debate, ni las advertencias de que las cifras de costo que se han dado están subvaluadas, que las tarifas de peajes hacen perder competitividad al Canal, que las proyecciones de tránsito no son confiables, que el margen de rentabilidad no es realista, que la cantidad que van a tener que pedir prestado es mucho mayor. Y lo peor han desentendido el señalamiento que el Canal no está saturado, que no hay razón alguna para el apuro.
No hay que ser incrédulo para tener un poco de dudas. La duda no sólo ha causado muchos descubrimientos, progresos e invenciones. Desde que el ser humano tiene conciencia, la duda es una especie de protección frente a contradicciones propias de la realidad, que pueden llevar a desandar en vez de ayudar a andar el camino. Muchas veces es movidos por la duda que buscamos y encontramos.
Ciertamente, el pueblo panameño tendrá la oportunidad el 22 de octubre de decidir soberanamente. Ciertamente, todos asumimos que la voluntad popular será respetada. Pero mientras tanto, se desarrolla en el país un proceso que con el correr de los días se carga de politización indebida, al punto de que se ha llegado a la temeridad de traer al tapete el tema de una nueva reforma constitucional que permita la reelección, y aún más a sostener que quienes votan por el Sí estarán votando a favor de la reelección, y que quienes voten por el No, estarán votando contra la reelección.
Los transvasamientos de problemas y de desafíos que se producirán en el futuro no tienen nada que ver con el funcionamiento de un natural y saludable sistema de vasos comunicantes entre la vida y el desarrollo institucional de la ACP y la vida y el desarrollo institucional del resto del país. Tienen que ver con nuevos y en muchos casos inesperados problemas que traerá consigo la ampliación del Canal. Preparar al país para esas nuevas situaciones exigía y sigue exigiendo un tiempo que no se le está concediendo.
En esta oportunidad deseo invitar la atención de los lectores especialmente sobre la politización que el tema de la ampliación está creando en el país y que se reforzará a medida que se acerca la fecha del referéndum. Esa politización está echando por tierra la voluntad manifestada y consensuada cuando se aprobó el Título XIV de la Constitución para mantener los asuntos del Canal al margen de la política, entendida ésta como enfrentamiento y como espacio de lucha por el poder de intereses sectoriales o partidarios.
Es normal que toda convocatoria al voto popular se traduzca en una mayor o menor febril campaña electoral. Pero la naturaleza del tema que motiva la convocatoria al referéndum en vez de dar lugar a enfrentamientos entre panameños tendría que haber servido para consolidar los empeños nacionales orientados hacia el desarrollo de la democracia y hacia el bienestar y la paz sociales. Ya se empieza a notar una evidente contradicción entre los enunciados objetivos de la ampliación del Canal con la creciente división que está provocando en la población, con la aparición en el lenguaje alusivo al referéndum de un discurso vindicativo o lleno de antinomias y de intolerancias.
Me he preguntado si aún hay tiempo y posibilidades para evitar que la campaña electoral planteada por el referéndum evite que demasiados platos rotos nos muestren un desgaste y un gasto excesivo del tipo de energías nacionales que en vez de distraerse o despilfarrarse deben ser ahorradas y conservadas. He llegado a la conclusión de que si la ACP y el Gobierno Nacional continúan las estrategias y las tácticas hasta ahora practicadas, será muy difícil que el país pueda hacer de las peripecias que se derivan de la propuesta de ampliación del Canal un balance equilibrado y la constatación de un avance histórico. Por ahora muchas veces pareciera que cada una de las dos partes, la que está por el Sí y la que está por el No de la llamada Propuesta Torrijos-Alemán Zubieta, se arrojan mutuamente la siguiente pregunta: ¿Dónde se cree Usted que está? Lo ideal sería que cada una pudiera contestar: "en nuestra patria" y que ambos lo acepten y lo respeten. Y que fuera verdad.
