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Crónica de una derrota electoral anunciada


Luego de la euforia que le causó la toma del poder, el gobierno de "Unión por Panamá", que preside la señora Moscoso, sólo se ocupó de lanzar una proclama, que no un programa de gobierno, la que, desde la campaña electoral de 1999, bautizó con el mote efectista: "Nuestro compromiso para el cambio"... ¡Y nada más! Sin embargo, durante los 1999 (de septiembre a diciembre), 2000, 2001, 2002 y lo que cursa de 2003, la realidad fue muy otra. Pronto afloraron las más mezquinas pasiones, y los nuevos amos del poder, después de repartirse el poder económico y político entre los suyos; en una gran "feria de ambiciones", iniciaron su desgobierno con una mentalidad de autoservicio, nepotismo, despido masivo de viejos servidores públicos, persecución y letargo.
El gobierno mireyista llegó, pues, para defraudar a nuestro pueblo; un pueblo sufrido, sediento de justicia, de trabajo, de reformas sociales, de mejor educación, de salud, de vivienda y de seguridad pública. La situación de incertidumbre y de persecución se mantuvo y siguió generalizándose el cinismo, la apatía y la aversión frente a las justas demandas de reivindicación social de la población. Quedó al descubierto, desde un principio, que el denominado "Gobierno de los pobres" no traía consigo ni siquiera una receta para un nuevo orden nacional. Ninguna de sus mujeres y hombres los poseía, ni los posee.
Nosotros percibimos, al igual que muchos panameños comprometidos con el futuro del país, los nuevos peligros que ello representaba, y así lo hicimos saber, repetidas veces (en función docente), a través de los medios de comunicación como orientación ciudadana. Entonces, las protestas populares no se hicieron esperar. Casi todos los días, en distintos lugares del país, se daban manifestaciones de paro y huelgas: se cerraban las calles y vías públicas; se reprimía al pueblo con la Fuerza Pública; se desoían las voces de las comunidades que reclamaban, y aún lo hacen, agua, atención médica y buen servicio público; se despreció y atropelló al empleado público; se humilló a los educadores y a los estudiantes, desmejorando la calidad de la educación, etc., etc.
Es decir, el desgobierno tutelado por el nepotismo se jugó el todo por el todo en su rebatiña por favorecer a ciertos clanes familiares, sin importarle con el bien común, ni mucho menos con la alta deuda social.
Y es evidente que a la gran mayoría del pueblo panameño no le ha agradado la incapacidad, la corrupción y la insensibilidad de este desgobierno; por eso, no de ahora, sino de hace más de dos años, le ha advertido en tono enérgico, y en repetidas ocasiones, su voluntad de rechazo mediante el voto no de castigo, sino de dignidad, su arma cívica más pura y patriótica (algo así como una réplica literaria que bien pudiéramos llamar como el título de este artículo.)
Las encuestas de opinión pública realizadas periódicamente, a partir del año 2000 (las que ellos rechazan cínicamente, porque dicen "no son de carne y hueso"), registraron con precisión el sentir del pueblo respecto al comportamiento del desgobierno mireyista, así: descrédito del equipo de gobierno en su conjunto, repudio general a la pésima acción legislativa, desconfianza pública en la administración de justicia; el cotidiano espectáculo circense protagonizado por el Ejecutivo, la incapacidad manifiesta de la presidenta Moscoso; el desprestigio internacional de Panamá, causado por el servicio exterior deficiente y hasta vergonzoso de algunos de los mal llamados representantes diplomáticos y consulares del actual régimen; el aumento de la criminalidad, la delincuencia juvenil, la drogadicción, la corrupción y el narcotráfico, etc.
Finalmente, y como se previno siempre, "Unión por Panamá" se ha desintegrado (Solidaridad se retiró y postuló como candidato a la presidencia al Licdo. Guillermo Endara; lo mismo hace Cambio Democrático, postulando a Ricardo Martinelli) porque, desde su origen, llevaba el germen de la desunión. Sólo era una mala mezcla momentánea de partidos diametralmente opuestos por razones politiqueras y de intereses mezquinos.
Hoy, a menos de un año de las elecciones de 2004, en forma desesperada, separados unos partidos y unidos otros en supuestas alianzas, no saben qué hacer para mantenerse en el goce del poder. Pero, independientemente de lo que hacen y de las figuras que utilicen como candidatos a la Presidencia de la República y a otros cargos de elección, es irremediable: ¡el poder se les va, y no regresa! Presidenta Moscoso, no dejamos de repetirlo: ¡Los panameños queremos que en Panamá habite la inteligencia y reine la justicia!
Por su parte, Jacobo Salas, presidente de la Asamblea Legislativa, dijo que a pesar de los niveles de subdesarrollo en que vive Panamá, los senadores y miembros de la Cámara de Representantes de EU tienen más faltas y mucho más problemas que los panameños, razón por la cual no se justifica que un funcionario del gobierno de ese país haga cuestionamientos a la Asamblea Legislativa.
Recalcó que a pesar de toda la corrupción que se pueda vivir en algunos parlamentos de América Latina, los problemas de los norteamericanos están muy por encima de los estas naciones.
Indicó que vivió en EU durante diez años y tuvo la oportunidad de apreciar de cerca el sistema de gobierno de ese país, razón por la que está en capacidad de opinar al respecto.
En tanto, el ex embajador de Panamá en Washington, Guillermo Ford, calificó las críticas de la embajadora como "fuertes, profundas y sinceras", sobre todo, un llamado de atención al país.
Negó que sea una intromisión en los asuntos internos de Panamá, sino un llamado para mejorar la democracia, donde se enumeran los puntos que requieren ser atendidos y no seguir debilitándonos.
También el presidente de Colegio Nacional de Abogados, Carlos Vásquez, opinó que para que en el país haya seguridad jurídica debe haber una lucha frontal contra la corrupción.
"Todo lo que ha señalado la embajadora es el clamor popular, porque no se puede trasladar el deber de gobernar al sector privado ya que la excusa que se da es que existe corrupción de ambos lados", recordó.
Destacó que puntos como la reglamentación de la Ley de Transparencia, los criterios para asignar la publicidad estatal y el alto presupuesto de la Asamblea Legislativa son fallas que deben ser corregidas.
Sustentó que la necesidad de ejecutar la declaración jurada de bienes de los funcionarios y códigos de ética, así como la eliminación de la inmunidad parlamentaria, son aspectos por los cuales el país clama.

101 años de Panamá América

 
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