CSS: ahora le toca al Gobierno
Para los que de la valla observamos con atención e interés lo que acontece en relación con las discusiones para salvar a la Caja de Seguro Social (CSS), las últimas acciones de algunos de los protagonistas parecieran más bien dirigidas a prevenir un consenso que a llegar a un acuerdo. Por ello, ahora nos vemos obligados a sumarnos a los que tienen tiempo de recomendar al PNUD que dé por terminado el Diálogo para la CSS y que el Gobierno asuma la responsabilidad de hacer una propuesta concreta para salvar a la institución.
Quizá el protagonista que en forma más reiterada ha resistido el consenso es el propio director de la CSS, Juan Jované. Su oposición en aceptar los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, sus constantes ataques doctrinales y en ocasiones hasta demagógicos contra propuestas ajenas y su llamado a la convocatoria de un referéndum para determinar la suerte de la institución, son algunas de las medidas concebidas para descarrilar el proceso y posponer cualquier acción. Este último, apoyado por el candidato presidencial Guillermo Endara, raya de irresponsable toda vez que no representa una medida idónea de gobernar.
Pero algunas facciones del sector obrero también han preferido mantenerse inflexibles en sus planteamientos, particularmente en torno a la problemática del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Inclusive, esta semana el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) hizo pública una propuesta que, en su opinión pero sin sustento ni explicación, aportaría unos $600 millones al IVM y que luego de cinco años eliminaría su déficit. Esa propuesta implica un aumento en la cuota obrero-patronal de tres puntos porcentuales, que sería cubierto por la parte patronal, la transferencia del superávit del Programa de Administración al de IVM y de las acciones de las empresas privatizadas y terrenos de las áreas revertidas, así como un aumento general de salarios. Pues como carta al Niño Dios suena muy razonable, pero no constituye un aporte constructivo a estas alturas del debate.
Por lo anterior y por el discurso combativo proveniente también del sector empresarial y hasta de algunos funcionarios de esta administración, que ahora parece inclusive haber causado otra crisis institucional en la CSS por la resistencia para aprobar su presupuesto anual y un vacío legal, corresponde al Gobierno recoger los diferentes planteamientos y hacer su propia receta.
Ya la presidenta de la República ha reconocido públicamente que la CSS y, en particular, el IVM enfrentan una grave crisis. Ante la incapacidad de consenso en la mesa del Diálogo, ahora ella y su gobierno deben recoger los acuerdo alcanzados y llenar los vacíos en los temas que no tuvieron feliz término. Aunque algunos politólogos consideran que la acción del Gobierno en vísperas de la campaña electoral sería poco conveniente, sostenemos que los arnulfistas son los llamados a aprovechar la oportunidad que tienen para salvarla precisamente porque su principal líder fue el responsable en traerla a la luz pública y porque no existe garantía alguna que el próximo quinquenio le será suyo para hacerlo.
Quizá el protagonista que en forma más reiterada ha resistido el consenso es el propio director de la CSS, Juan Jované. Su oposición en aceptar los estudios de la Organización Internacional del Trabajo, sus constantes ataques doctrinales y en ocasiones hasta demagógicos contra propuestas ajenas y su llamado a la convocatoria de un referéndum para determinar la suerte de la institución, son algunas de las medidas concebidas para descarrilar el proceso y posponer cualquier acción. Este último, apoyado por el candidato presidencial Guillermo Endara, raya de irresponsable toda vez que no representa una medida idónea de gobernar.
Pero algunas facciones del sector obrero también han preferido mantenerse inflexibles en sus planteamientos, particularmente en torno a la problemática del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Inclusive, esta semana el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) hizo pública una propuesta que, en su opinión pero sin sustento ni explicación, aportaría unos $600 millones al IVM y que luego de cinco años eliminaría su déficit. Esa propuesta implica un aumento en la cuota obrero-patronal de tres puntos porcentuales, que sería cubierto por la parte patronal, la transferencia del superávit del Programa de Administración al de IVM y de las acciones de las empresas privatizadas y terrenos de las áreas revertidas, así como un aumento general de salarios. Pues como carta al Niño Dios suena muy razonable, pero no constituye un aporte constructivo a estas alturas del debate.
Por lo anterior y por el discurso combativo proveniente también del sector empresarial y hasta de algunos funcionarios de esta administración, que ahora parece inclusive haber causado otra crisis institucional en la CSS por la resistencia para aprobar su presupuesto anual y un vacío legal, corresponde al Gobierno recoger los diferentes planteamientos y hacer su propia receta.
Ya la presidenta de la República ha reconocido públicamente que la CSS y, en particular, el IVM enfrentan una grave crisis. Ante la incapacidad de consenso en la mesa del Diálogo, ahora ella y su gobierno deben recoger los acuerdo alcanzados y llenar los vacíos en los temas que no tuvieron feliz término. Aunque algunos politólogos consideran que la acción del Gobierno en vísperas de la campaña electoral sería poco conveniente, sostenemos que los arnulfistas son los llamados a aprovechar la oportunidad que tienen para salvarla precisamente porque su principal líder fue el responsable en traerla a la luz pública y porque no existe garantía alguna que el próximo quinquenio le será suyo para hacerlo.
