CSS: Las imposiciones agravarían el problema
DE LA estrategia puesta en práctica por el gobierno, destinada a imponer sus "soluciones salvadoras del Seguro Social", varios aspectos son particularmente criticables: Uno, se desprecio por la opinión pública, evidenciado por su contumaz actitud de tirar la piedra y esconder la mano, echando a rodar iniciativas sobre posibles reformas pero sin responsabilizarse formalmente por ninguna de ellas; dos, el juego seudo infantil de tratar de hacernos creer que las propuestas que presentará, algún día, son el producto de amplias consultas o de las demandas de la ciudadanía, tres, la campaña montada para aterrorizar al país, sobre el inminente colapso financiero de la institución y la suspensión de sus prestaciones más sensibles, como si la Caja fuera a desaparecer mañana, cuando eso es absolutamente falso; y cuarto, su desprecio por nuestras universidades e institutos especializados, demostrada por la importación, nadie sabe a qué costo, de "expertos extranjeros" para que vengan a pontificar como si fueran poseedores de la verdad revelada, sobre realidades panameñas que no conocen ni entienden.
Dicho lo anterior, para que sirva de introito, me atrevo a vaticinar lo que vendrá de ahora en adelante. El 15 de abril próximo, fecha en la que supuestamente el gobierno pondrá sus cartas sobre la mesa, al fin conoceremos la tan esperada propuesta oficial, que será la misma que siempre ha cargado bajo el brazo pero que ahora vendrá envuelta en un supuesto acuerdo, producto de "las consultas" y de las "aportaciones" de sectores externos al gobierno. Si todavía hay alguien que aliente esperanzas de que podría haber sorpresas favorables, le aconsejo las abandone, pues no las habrá.
La propuesta gubernamental, es de prever, incluirá medidas como las siguientes: Aumento de la edad de jubilación, aumento de la cuota obrero-patronal (cargado hacia los trabajadores, desde luego), incremento de los años de cotización, la reducción de la pensión básica y la disminución de su incremento por años adicionales de cotización en exceso a los requeridos para tener derecho a jubilación, la reducción de las prestaciones a los beneficiarios o el cobro de éstas, etcétera. Oportunamente se podrá comprobar que no ando desencaminado.
Tal vez, la única nota medianamente positiva que puede extraerse del misterio que ha rodeado la conducta oficial es su afirmación de que se mantendrá el sistema solidario, base de nuestra seguridad social. Sin embargo, ni siquiera esa debe entusiasmar. Sectores privados interesados y varios voceros oficialistas son abiertamente partidarios de establecer un sistema de cuentas individuales, que funcione en paralelo al sistema público de pensiones. Por esa vía, he allí el peligro, se pretende minar las bases del sistema de reparto solidario. Por ello, se debe estar muy alerta para contrarrestar cualquier maniobra encaminada a socavar la esencia solidaria del sistema público de pensiones, ya que éstas persiguen un solo objetivo: su eventual privatización.
Una vez que el gobierno de a conocer sus propuestas, debe abrirse un diálogo nacional realista en torno a éstas, sin prisas, sin imposiciones, sin sectarismos ni vivezas, que sólo contribuirían a dificultar salidas viables. En las actuales circunstancias, el gobierno debe dar claras muestras de que está dispuesto a buscar verdaderos consensos mediante el respeto a los criterios disidentes. Si premunido de su poder vuelve a ensayar la receta que aplicó durante la aprobación a tambor batiente de las reformas fiscales, estaría cometiendo un gravísimo error. Subestimar la reacción popular podría llevarnos a estados de inestabilidad social que nos perjudicarían a todos. Del Seguro Social dependen, por una razón o por otra, dos tercios de la población panameña, pero principalmente los sectores de más bajos ingresos. Esa es una realidad que no debe ignorarse.
Estoy convencido de que a la población panameña no la sorprenderá el contenido de las propuestas oficiales, pero si nuestras autoridades, por insensibilidad o por prisas desmesuradas, no toma debidamente en cuenta las aspiraciones de los sectores más débiles de nuestra sociedad, entonces serán ellas las sorprendidas por las reacciones que se desencadenarían.
Dicho lo anterior, para que sirva de introito, me atrevo a vaticinar lo que vendrá de ahora en adelante. El 15 de abril próximo, fecha en la que supuestamente el gobierno pondrá sus cartas sobre la mesa, al fin conoceremos la tan esperada propuesta oficial, que será la misma que siempre ha cargado bajo el brazo pero que ahora vendrá envuelta en un supuesto acuerdo, producto de "las consultas" y de las "aportaciones" de sectores externos al gobierno. Si todavía hay alguien que aliente esperanzas de que podría haber sorpresas favorables, le aconsejo las abandone, pues no las habrá.
La propuesta gubernamental, es de prever, incluirá medidas como las siguientes: Aumento de la edad de jubilación, aumento de la cuota obrero-patronal (cargado hacia los trabajadores, desde luego), incremento de los años de cotización, la reducción de la pensión básica y la disminución de su incremento por años adicionales de cotización en exceso a los requeridos para tener derecho a jubilación, la reducción de las prestaciones a los beneficiarios o el cobro de éstas, etcétera. Oportunamente se podrá comprobar que no ando desencaminado.
Tal vez, la única nota medianamente positiva que puede extraerse del misterio que ha rodeado la conducta oficial es su afirmación de que se mantendrá el sistema solidario, base de nuestra seguridad social. Sin embargo, ni siquiera esa debe entusiasmar. Sectores privados interesados y varios voceros oficialistas son abiertamente partidarios de establecer un sistema de cuentas individuales, que funcione en paralelo al sistema público de pensiones. Por esa vía, he allí el peligro, se pretende minar las bases del sistema de reparto solidario. Por ello, se debe estar muy alerta para contrarrestar cualquier maniobra encaminada a socavar la esencia solidaria del sistema público de pensiones, ya que éstas persiguen un solo objetivo: su eventual privatización.
Una vez que el gobierno de a conocer sus propuestas, debe abrirse un diálogo nacional realista en torno a éstas, sin prisas, sin imposiciones, sin sectarismos ni vivezas, que sólo contribuirían a dificultar salidas viables. En las actuales circunstancias, el gobierno debe dar claras muestras de que está dispuesto a buscar verdaderos consensos mediante el respeto a los criterios disidentes. Si premunido de su poder vuelve a ensayar la receta que aplicó durante la aprobación a tambor batiente de las reformas fiscales, estaría cometiendo un gravísimo error. Subestimar la reacción popular podría llevarnos a estados de inestabilidad social que nos perjudicarían a todos. Del Seguro Social dependen, por una razón o por otra, dos tercios de la población panameña, pero principalmente los sectores de más bajos ingresos. Esa es una realidad que no debe ignorarse.
Estoy convencido de que a la población panameña no la sorprenderá el contenido de las propuestas oficiales, pero si nuestras autoridades, por insensibilidad o por prisas desmesuradas, no toma debidamente en cuenta las aspiraciones de los sectores más débiles de nuestra sociedad, entonces serán ellas las sorprendidas por las reacciones que se desencadenarían.
