CSS - propuesta panameña
Victoriano Rodríguez S. (diostesalvepanama@yahoo.com)
Incansables, como Quijote, es necesario mantenerse pendientes y rechazar cualquier aumento a la edad de jubilación propuesta por la OIT y, muy subliminalmente, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando expresa que al 2010 la población envejecida (mayor de 60 años) será del 10% de la población total, y que en el 2050 "...la cantidad de personas de edad en el mundo superará a la cantidad de jóvenes..."; posición que posiblemente y alegremente recoge, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) y lanza como fuegos artificiales, sugiriendo equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres.
Quizás la OMS deja de observar que mientras en los países latinos, las familias son de cinco miembros (madre, padre y tres hijos) en los países desarrollados con dificultad alcanzan a tener un hijo y la población envejecida alcanza más del 25%; sin embargo, nos quieren amedrentar a través de esas políticas extranjerizantes, que sólo buscan el empobrecimiento de la población de los países subdesarrollados, políticas económicas deshumanizantes, entre otras, la globalización y la "privatización" de las empresas de servicios públicos, que se ha demostrado han sido un fracaso, desde el punto de vista de la población afectada.
Hoy, bajo la concepción del envejecimiento de la población, se quiere inducir a que se aumente, nuevamente, la edad de jubilación o que se equipare a las mujeres a los 62 años; nada más absurdo. Dios te salve Panamá.
Hemos estado brindando alternativas de solución que a pocos les interesa poner en práctica o conocer mayores detalles. Nuestra propuesta de reorganizar el sistema de beneficiarios bajo la concepción del pago del 1%, por cada afiliado (propuesta completa en El Panamá América, 20 de septiembre, C 10).
El Estado no tiene por qué subsidiar a la CSS, como tampoco insistir en que las acciones de las empresas privatizadas se incorporen a la CSS, pero sí que el Gobierno asuma el rol que le corresponde, el cual es brindar salud al pueblo; en consecuencia, debe pagar (el 2%) por los servicios que brinda la CSS a la población que no es cotizante (los beneficiarios) y los aportes a la cuota obrero patronal.
Los patronos tienen la obligación de hacer los aportes correspondientes, sin titubeos. Igualmente, todos los ingresos recibidos deben ser incluidos a la CSS, tales como: los emolumentos recibidos por servicios profesionales, gastos de representación, gastos de movilización, apoyos económicos (de cualquier naturaleza), etc. Sin entender aún porqué si la CSS pertenece los 800,000 asegurados, que somos quienes aportamos para su mantenimiento y subsistencia; la CSS es autónoma y genera sus propios ingresos, ¿cómo funcionan los recortes presupuestarios? Sostenemos que se requiere voluntad política, deponer intereses personales y hasta económicos. Trabajar juntos por Panamá.
Un cuerpo enfermo es improductivo, no rinde y tiende a incrementar la masa desempleada, sin oportunidad de trabajo. Tenemos la obligación de trabajar por una reestructuración económica, política, administrativa y social. Rompamos paradigmas con sabiduría y forcemos a nuevos sistemas de administración del gasto. La situación actual nos obliga a reflexionar sobre lo que es Panamá y sus vecinos de Centro y Sur América. Las equivocaciones de hoy repercutirán negativamente en las nuevas generaciones. Dios te salve Panamá.
En tanto, el BNP hizo un avalúo de las obras ejecutadas por Ingeniería de Vías, lo que arrojó un monto a pagar de 800 mil dólares, pero PRONAVI sólo acepta pagar unos 400 mil, porque según ellos, deben descontar el pago a SUNTRACS, además de 84 mil de un cheque sin fondos emitido por Ingeniería de Vías, y cientos de miles de dólares por obras mal construidas o que no se hicieron.
Por su parte, José Guillermo Vargas Herran, representante de Ingeniería de Vías, está convencido de que en Panamá no se apoya al inversionista extranjero y que, por el contrario, lo ahuyentan.
Enfatizó que la huelga promovida por SUNTRACS nunca fue legal, pero de eso se aprovechó el BNP para embargar el proyecto y encima colocar como administrador judicial justamente al consuegro del gerente de la entidad financiera.
Y lo que es peor: aún no tiene en su poder una carta de PRONAVI que le indique oficialmente la cancelación de su contrato con Ingeniería de Vías.
De igual forma, sostiene que esta empresa colombiana invirtió 1 millón 300 mil balboas, mientras que PRONAVI “no invirtió un centavo” en el proyecto, porque los terrenos donde están construidas las casas fueron adquiridos por el Banco Nacional y no por esa promotora.
Por otro lado, después del embargo, CIASA está utilizando los materiales (valorados en unos 85 mil balboas) adquiridos por Ingeniería de Vías, además de los equipos pertenecientes a la constructora. PRONAVI admite que se están usando, pero resalta que eso es parte de lo que ya se ha facturado, pero Vargas Herran ahora reclama su pago.
Y hay un punto, por demás, extraño. Resulta que en el contrato celebrado por Abraham Crócamo Arévalo (entonces presidente de PRONAVI y cuyo cargo ahora no desempeña) se especifica en la cláusula sexta que el contratista se obliga a entregar la obra debidamente terminada en un período no mayor de 360 días. “Este período estará sujeto a que no se presenten hechos de fuerza mayor, tales como huelga, paros, golpes de Estado, desastres naturales y hechos no imputables al contratista”.
Pero tres o cuatro días después, se agrega una addenda al contrato de la infraestructura, donde se modifica esa cláusula y se elimina lo de la huelga y hechos no imputables al contratista.
Menos de tres meses después, y ya construidas las infraestructuras y unas 80 casas a punto de ser entregadas, se suscita la huelga.
Con respecto al acta de una reunión, firmada por Lanza, en la que PRONAVI se compromete a pagar 808 mil 872 balboas por el avance de la construcción de las casas y el precio del almacén, el abogado de esa promotora, Francisco Noriega, sustenta que no todo fue aceptado por PRONAVI, mientras que Lanza sostiene que él estaba de apuro y firmó.
En esta acta se basa Ingeniería de Vías para solicitar el pago de su deuda que, según Noriega y Solís será de sólo 400 mil dólares que, en realidad, serán usados para pagar a los acreedores de Ingeniería de Vías.
Si se le paga ese dinero a la constructora, se van para Colombia y dejan a los acreedores panameños “embarcados”, sentenció Solís.
Lo cierto es que la percepción que tiene la empresa colombiana es de que se les sacó del proyecto para que CIASA y PRONAVI reciban los beneficios económicos, avalados por el Banco Nacional de Panamá. Otras fuentes consultadas sostienen que el banco embargó para que los trabajadores no se apoderaran de las obras, so pretexto de que no se cumplía con las prestaciones ni el pago del Seguro Social, que dicho sea de paso, Vargas Herran insiste en que está a paz y salvo con esa entidad y presentó los correspondientes certificados a este medio.
Entretanto, Ingeniería de Vías busca el arbitraje para solucionar el problema, que hasta ahora se ha tratado entre las partes involucradas e incluso, en los medios de comunicación, mientras PRONAVI la exhorta a que acuda a los juzgados y que presente un proceso ejecutivo que determinará quién tiene la razón.
Incansables, como Quijote, es necesario mantenerse pendientes y rechazar cualquier aumento a la edad de jubilación propuesta por la OIT y, muy subliminalmente, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuando expresa que al 2010 la población envejecida (mayor de 60 años) será del 10% de la población total, y que en el 2050 "...la cantidad de personas de edad en el mundo superará a la cantidad de jóvenes..."; posición que posiblemente y alegremente recoge, la Comisión Médica Negociadora Nacional (COMENENAL) y lanza como fuegos artificiales, sugiriendo equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres.
Quizás la OMS deja de observar que mientras en los países latinos, las familias son de cinco miembros (madre, padre y tres hijos) en los países desarrollados con dificultad alcanzan a tener un hijo y la población envejecida alcanza más del 25%; sin embargo, nos quieren amedrentar a través de esas políticas extranjerizantes, que sólo buscan el empobrecimiento de la población de los países subdesarrollados, políticas económicas deshumanizantes, entre otras, la globalización y la "privatización" de las empresas de servicios públicos, que se ha demostrado han sido un fracaso, desde el punto de vista de la población afectada.
Hoy, bajo la concepción del envejecimiento de la población, se quiere inducir a que se aumente, nuevamente, la edad de jubilación o que se equipare a las mujeres a los 62 años; nada más absurdo. Dios te salve Panamá.
Hemos estado brindando alternativas de solución que a pocos les interesa poner en práctica o conocer mayores detalles. Nuestra propuesta de reorganizar el sistema de beneficiarios bajo la concepción del pago del 1%, por cada afiliado (propuesta completa en El Panamá América, 20 de septiembre, C 10).
El Estado no tiene por qué subsidiar a la CSS, como tampoco insistir en que las acciones de las empresas privatizadas se incorporen a la CSS, pero sí que el Gobierno asuma el rol que le corresponde, el cual es brindar salud al pueblo; en consecuencia, debe pagar (el 2%) por los servicios que brinda la CSS a la población que no es cotizante (los beneficiarios) y los aportes a la cuota obrero patronal.
Los patronos tienen la obligación de hacer los aportes correspondientes, sin titubeos. Igualmente, todos los ingresos recibidos deben ser incluidos a la CSS, tales como: los emolumentos recibidos por servicios profesionales, gastos de representación, gastos de movilización, apoyos económicos (de cualquier naturaleza), etc. Sin entender aún porqué si la CSS pertenece los 800,000 asegurados, que somos quienes aportamos para su mantenimiento y subsistencia; la CSS es autónoma y genera sus propios ingresos, ¿cómo funcionan los recortes presupuestarios? Sostenemos que se requiere voluntad política, deponer intereses personales y hasta económicos. Trabajar juntos por Panamá.
Un cuerpo enfermo es improductivo, no rinde y tiende a incrementar la masa desempleada, sin oportunidad de trabajo. Tenemos la obligación de trabajar por una reestructuración económica, política, administrativa y social. Rompamos paradigmas con sabiduría y forcemos a nuevos sistemas de administración del gasto. La situación actual nos obliga a reflexionar sobre lo que es Panamá y sus vecinos de Centro y Sur América. Las equivocaciones de hoy repercutirán negativamente en las nuevas generaciones. Dios te salve Panamá.
En tanto, el BNP hizo un avalúo de las obras ejecutadas por Ingeniería de Vías, lo que arrojó un monto a pagar de 800 mil dólares, pero PRONAVI sólo acepta pagar unos 400 mil, porque según ellos, deben descontar el pago a SUNTRACS, además de 84 mil de un cheque sin fondos emitido por Ingeniería de Vías, y cientos de miles de dólares por obras mal construidas o que no se hicieron.
Por su parte, José Guillermo Vargas Herran, representante de Ingeniería de Vías, está convencido de que en Panamá no se apoya al inversionista extranjero y que, por el contrario, lo ahuyentan.
Enfatizó que la huelga promovida por SUNTRACS nunca fue legal, pero de eso se aprovechó el BNP para embargar el proyecto y encima colocar como administrador judicial justamente al consuegro del gerente de la entidad financiera.
Y lo que es peor: aún no tiene en su poder una carta de PRONAVI que le indique oficialmente la cancelación de su contrato con Ingeniería de Vías.
De igual forma, sostiene que esta empresa colombiana invirtió 1 millón 300 mil balboas, mientras que PRONAVI “no invirtió un centavo” en el proyecto, porque los terrenos donde están construidas las casas fueron adquiridos por el Banco Nacional y no por esa promotora.
Por otro lado, después del embargo, CIASA está utilizando los materiales (valorados en unos 85 mil balboas) adquiridos por Ingeniería de Vías, además de los equipos pertenecientes a la constructora. PRONAVI admite que se están usando, pero resalta que eso es parte de lo que ya se ha facturado, pero Vargas Herran ahora reclama su pago.
Y hay un punto, por demás, extraño. Resulta que en el contrato celebrado por Abraham Crócamo Arévalo (entonces presidente de PRONAVI y cuyo cargo ahora no desempeña) se especifica en la cláusula sexta que el contratista se obliga a entregar la obra debidamente terminada en un período no mayor de 360 días. “Este período estará sujeto a que no se presenten hechos de fuerza mayor, tales como huelga, paros, golpes de Estado, desastres naturales y hechos no imputables al contratista”.
Pero tres o cuatro días después, se agrega una addenda al contrato de la infraestructura, donde se modifica esa cláusula y se elimina lo de la huelga y hechos no imputables al contratista.
Menos de tres meses después, y ya construidas las infraestructuras y unas 80 casas a punto de ser entregadas, se suscita la huelga.
Con respecto al acta de una reunión, firmada por Lanza, en la que PRONAVI se compromete a pagar 808 mil 872 balboas por el avance de la construcción de las casas y el precio del almacén, el abogado de esa promotora, Francisco Noriega, sustenta que no todo fue aceptado por PRONAVI, mientras que Lanza sostiene que él estaba de apuro y firmó.
En esta acta se basa Ingeniería de Vías para solicitar el pago de su deuda que, según Noriega y Solís será de sólo 400 mil dólares que, en realidad, serán usados para pagar a los acreedores de Ingeniería de Vías.
Si se le paga ese dinero a la constructora, se van para Colombia y dejan a los acreedores panameños “embarcados”, sentenció Solís.
Lo cierto es que la percepción que tiene la empresa colombiana es de que se les sacó del proyecto para que CIASA y PRONAVI reciban los beneficios económicos, avalados por el Banco Nacional de Panamá. Otras fuentes consultadas sostienen que el banco embargó para que los trabajadores no se apoderaran de las obras, so pretexto de que no se cumplía con las prestaciones ni el pago del Seguro Social, que dicho sea de paso, Vargas Herran insiste en que está a paz y salvo con esa entidad y presentó los correspondientes certificados a este medio.
Entretanto, Ingeniería de Vías busca el arbitraje para solucionar el problema, que hasta ahora se ha tratado entre las partes involucradas e incluso, en los medios de comunicación, mientras PRONAVI la exhorta a que acuda a los juzgados y que presente un proceso ejecutivo que determinará quién tiene la razón.
