CSS: Una semana de receso, pero ¿para qué?
MIENTRAS NO se aclare, y muy bien, qué propósito persigue, cómo se utilizará y, lo que es todavía más importante: ¿qué posición asumirá el gobierno después del receso en el diálogo del Seguro Social?, por ahora lo recibimos a "beneficio de inventario", aunque tenemos sobradas razones para dudar de las maniobras oficiales, pues, desde que el gobierno monto este zambapalo, su conducta ha carecido de transparencia.
La justificación del gobierno para solicitar la suspensión es que se requiere de un plazo para estudiar las diferentes propuestas de reforma del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte; y efectuar "las corridas" con base en las diferentes alternativas contenidas en cada una de ellas.
Hace ya bastante tiempo recomendamos la conveniencia de una pausa para replantear los parámetros del diálogo. En esos momentos se consumía mucho tiempo en cuestiones metodológicas y en forcejeos para disminuir o anular la representación de los sectores populares, en una mezquina venganza por haber torcido el brazo al gobierno y obligado a convocar el diálogo que, bajo todas las consideraciones lógicas, debió haber promovido el presidente, antes de imponer, a tambor batiente, la nefasta e inconsulta Ley 17.
El diálogo nació deformado; afectado negativamente por tres distorsiones que, también, hemos recomendado superar, como requisito indispensable para viabilizar consensos que atiendan las demandas de los sectores populares y de menores recursos.
La primera distorsión, fue ignorar que el diálogo lo impuso el amplio rechazo ciudadano de la Ley 17, y que su finalidad específica era reformarla. Por tanto, era y es absurdo pretender que como resultado del mismo permanezcan inalterados sus aspectos más nocivos. Si, por parte del gobierno no hay la disposición sincera para incorporar modificaciones a los temas medulares, el producto sería un fraude y una burla a las demandas de los sectores populares. Ignorar, minimizar o tratar de torcer los factores que obligaron a convocar el diálogo sería un gravísimo error y una invitación para la confrontación.
La segunda distorsión, fue reintroducir en la mesa del diálogo las posiciones de aquellos sectores que proponen alternativas aún más nocivas que las incluidas por el gobierno en la Ley 17. Aunque las disfracen con argumentos bondadosos y preocupaciones aparentemente sinceras, todos sabemos que sólo buscan privatizar el sistema de pensiones para administrar en provecho propio sus cuantiosas reservas. Esas posiciones quedaron excluidas por la fuerza de los hechos, entre ellos, la propia conducta de sus proponentes que, en su momento, estuvieron dispuestos a aceptar la Ley 17 tal y como salió de la Asamblea.
Volver a discutir posiciones que son más retrógradas que las de la Ley rechazada es un total contrasentido. El diálogo debió estar circunscrito a considerar las alternativas que mejoraran la Ley 17; las que la empeoran debieron quedar descartadas. Su reintroducción ha demorado las deliberaciones. Tal vez el gobierno estime que esa táctica le sirve para neutralizar las demandas de los sectores populares, y piense que, al utilizar las posiciones de los sectores empresariales como contrapeso, conseguirá mantener las principales reformas paramétricas que están en la Ley 17. El tiempo les demostrará que están completamente equivocados.
La tercera distorsión fue la estructuración de la mesa por sectores. Como resultado, se desnaturalizó la esencia del diálogo, En lugar de una discusión sobre posiciones, que es lo que se necesitaba, se derivó hacia una confrontación por número de representaciones. En la mesa, debieron sentarse a discutir dos posiciones básicas: De un lado la del gobierno y los sectores que apoyaron la Ley 17, o que bajaron la guardia cuando se la impuso en la Asamblea; del otro, quienes representaban a la mayoría del país que rechazó la Ley 17, de manera clara y contundente.
Al fraccionar las dos posiciones básicas en varios sectores, se creó, artificialmente, una mayoría capaz de neutralizar la oposición a la Ley 17. Mediante el procedimiento de la aprobación por sectores se ha creado, falsamente, la imagen de que el diálogo se desenvuelve en un clima democrático. No hay tal cosa. Al dividir y subdividir las representaciones, en lugar de crear las condiciones para buscar consensos constructivos, se ha terminado dándole al gobierno los mecanismos para controlar el resultado, pero proyectando, así lo piensan, la apariencia de que se ha procedido democráticamente. Si al concluir el receso, el gobierno, adoptando una supuesta actitud de equilibrio entre los extremos que representan los sectores más retrógrados que buscan alternativas privatizadoras y aquellos que han hecho las propuestas más representativas de las demandas populares, insiste en mantener los aspectos que han sido ampliamente rechazados, estaríamos volviendo al escenario que precedió a aprobación del madrugonazo legislativo y las consecuencias serán similares a las que ya vivimos: protestas y represiones, y profunda inestabilidad social.
La justificación del gobierno para solicitar la suspensión es que se requiere de un plazo para estudiar las diferentes propuestas de reforma del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte; y efectuar "las corridas" con base en las diferentes alternativas contenidas en cada una de ellas.
Hace ya bastante tiempo recomendamos la conveniencia de una pausa para replantear los parámetros del diálogo. En esos momentos se consumía mucho tiempo en cuestiones metodológicas y en forcejeos para disminuir o anular la representación de los sectores populares, en una mezquina venganza por haber torcido el brazo al gobierno y obligado a convocar el diálogo que, bajo todas las consideraciones lógicas, debió haber promovido el presidente, antes de imponer, a tambor batiente, la nefasta e inconsulta Ley 17.
El diálogo nació deformado; afectado negativamente por tres distorsiones que, también, hemos recomendado superar, como requisito indispensable para viabilizar consensos que atiendan las demandas de los sectores populares y de menores recursos.
La primera distorsión, fue ignorar que el diálogo lo impuso el amplio rechazo ciudadano de la Ley 17, y que su finalidad específica era reformarla. Por tanto, era y es absurdo pretender que como resultado del mismo permanezcan inalterados sus aspectos más nocivos. Si, por parte del gobierno no hay la disposición sincera para incorporar modificaciones a los temas medulares, el producto sería un fraude y una burla a las demandas de los sectores populares. Ignorar, minimizar o tratar de torcer los factores que obligaron a convocar el diálogo sería un gravísimo error y una invitación para la confrontación.
La segunda distorsión, fue reintroducir en la mesa del diálogo las posiciones de aquellos sectores que proponen alternativas aún más nocivas que las incluidas por el gobierno en la Ley 17. Aunque las disfracen con argumentos bondadosos y preocupaciones aparentemente sinceras, todos sabemos que sólo buscan privatizar el sistema de pensiones para administrar en provecho propio sus cuantiosas reservas. Esas posiciones quedaron excluidas por la fuerza de los hechos, entre ellos, la propia conducta de sus proponentes que, en su momento, estuvieron dispuestos a aceptar la Ley 17 tal y como salió de la Asamblea.
Volver a discutir posiciones que son más retrógradas que las de la Ley rechazada es un total contrasentido. El diálogo debió estar circunscrito a considerar las alternativas que mejoraran la Ley 17; las que la empeoran debieron quedar descartadas. Su reintroducción ha demorado las deliberaciones. Tal vez el gobierno estime que esa táctica le sirve para neutralizar las demandas de los sectores populares, y piense que, al utilizar las posiciones de los sectores empresariales como contrapeso, conseguirá mantener las principales reformas paramétricas que están en la Ley 17. El tiempo les demostrará que están completamente equivocados.
La tercera distorsión fue la estructuración de la mesa por sectores. Como resultado, se desnaturalizó la esencia del diálogo, En lugar de una discusión sobre posiciones, que es lo que se necesitaba, se derivó hacia una confrontación por número de representaciones. En la mesa, debieron sentarse a discutir dos posiciones básicas: De un lado la del gobierno y los sectores que apoyaron la Ley 17, o que bajaron la guardia cuando se la impuso en la Asamblea; del otro, quienes representaban a la mayoría del país que rechazó la Ley 17, de manera clara y contundente.
Al fraccionar las dos posiciones básicas en varios sectores, se creó, artificialmente, una mayoría capaz de neutralizar la oposición a la Ley 17. Mediante el procedimiento de la aprobación por sectores se ha creado, falsamente, la imagen de que el diálogo se desenvuelve en un clima democrático. No hay tal cosa. Al dividir y subdividir las representaciones, en lugar de crear las condiciones para buscar consensos constructivos, se ha terminado dándole al gobierno los mecanismos para controlar el resultado, pero proyectando, así lo piensan, la apariencia de que se ha procedido democráticamente. Si al concluir el receso, el gobierno, adoptando una supuesta actitud de equilibrio entre los extremos que representan los sectores más retrógrados que buscan alternativas privatizadoras y aquellos que han hecho las propuestas más representativas de las demandas populares, insiste en mantener los aspectos que han sido ampliamente rechazados, estaríamos volviendo al escenario que precedió a aprobación del madrugonazo legislativo y las consecuencias serán similares a las que ya vivimos: protestas y represiones, y profunda inestabilidad social.
