Cuando al expolio le llaman reforma
La oposición a exportar gas a California desató en Bolivia el rechazo ciudadano. El presidente Sánchez de Lozada (de confesión político-económica neoliberal) sacó carros de combate y batallones de infantería. Según la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, se registraron 74 muertos y más de 400 heridos. La Iglesia Católica y las ONG denunciaron la utilización de ametralladoras contra el pueblo boliviano: "No podemos hablar de enfrentamiento sino de verdadera masacre" han escrito al presidente. A la protesta, que se inició en El Alto, (tercera ciudad en población, con 85% de sus habitantes en la pobreza), se sumaron La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Patamaya. La protesta fue más allá de oponerse a exportar gas a través de un puerto chileno. Canaliza todas las reivindicaciones nunca atendidas (educación, salud, contra la desigualdad) ni por este gobierno ni por los anteriores en el país más pobre de Sudamérica.
En la memoria colectiva del pueblo boliviano ni una sola de las exportaciones de recursos naturales nacionales (caucho, estaño, plata o petróleo) ha reportado beneficio -directo o indirecto- a la mayoría ciudadana. Sánchez de Lozada anunció un referéndum sobre la exportación de gas y la "reforma" de la Ley de Hidrocarburos ¡de acuerdo con las firmas petroleras!
En México, el presidente Fox también quiere hacer "reformas", empezando por el sector eléctrico: quiere ceder la producción y distribución de electricidad a unos pocos para que, en régimen de sagrada propiedad privada, obtengan los seguros beneficios de un servicio que los ciudadanos necesitan. Desde el entorno presidencial se denuncia el nacionalismo rancio de los que se oponen a ceder el sector eléctrico (un sector del PRI, el PRD y los sindicatos), pero ese entorno ha hecho oídos sordos a los avisos del Partido Demócrata estadounidense. "No cometan nuestros errores" ha dicho Robert Filner, representante demócrata por California. Y les ha explicado que a los pocos meses de que la electricidad de ese estado estuviera en manos privadas, una empresa pequeña que antes pagaba 1.500 $ al mes, pasó a pagar 4.000 y un ciudadano que abonaba 50$, ahora paga 200$.
En México el presidente Fox amenaza con más llamadas "reformas" o "cambios estructurales". Les falta valor y decencia para llamar a las cosas por su nombre: cesión, retroceso social o expolio.
"Reforma" laboral o reducción notable de garantías socio-laborales de los asalariados. O "reforma" fiscal: que paguen menos los que más tienen y el déficit recaudatorio se compensa con aumento de impuestos indirectos que pagan con la misma cantidad tanto ricos como pobres. En días pasados, se convocó en México un foro sobre Crecimiento Económico y Globalización en el que desembarcaron expresidentes de gobierno y altos funcionarios del FMI y Banco Mundial para apoyar la necesidad de "reformas" en México.
Expresidentes como Felipe González que en trece años de gobierno fue incapaz de reducir la tasa de pobreza en España (20% de la población según la ONG católica Cáritas), aunque sí abrió el camino de las "reformas" que la derecha conservadora culminó cuando ganó las elecciones, han hecho retroceder un poco más los derechos de los ciudadanos. O Fernando Henrique Cardoso, bajo cuya presidencia Brasil creció (como llevaba haciendo durante décadas anteriores), pero también aumentó la pobreza y la desigualdad.
En México, la mitad de sus cien millones de habitantes viven en la pobreza. Si miramos al resto de países latinoamericanos, arruinados o empobrecidos por las privatizaciones de los noventa, no hay que esperar que las "reformas" de Fox resuelvan nada a la inmensa mayoría de mexicanos. Es igual, el FMI (gendarme mayor de los intereses de los países ricos) ha presionado a Uruguay para que privatice sus empresas públicas y ceda una buena parte a manos privadas. El FMI insiste aunque Uruguay mejoró económicamente sin caer en la fiebre privatizadora que asoló Sudamérica. En la conciencia del ciudadano latinoamericano, privatizar significa tarifas abusivas por servicios necesarios, despidos cuantiosos de asalariados y maletines con fondos que cambian de manos y desaparecen.
Las reformas necesarias en Latinoamérica (reformas sin comillas) no significan dar a unos pocos lo público. Significan buscar gestión eficaz de empresas públicas (que es muy factible), distribución o reinversión de beneficios en interés de la mayoría de ciudadanos, control democrático del sector público y lucha implacable contra el clientelismo y la corrupción. Lo demás es saqueo y expolio. Expolio más o menos civilizado y maquillado, pero expolio. Al Capone lo diría más claro, sin eufemismos, pero no lo haría mejor.
En la memoria colectiva del pueblo boliviano ni una sola de las exportaciones de recursos naturales nacionales (caucho, estaño, plata o petróleo) ha reportado beneficio -directo o indirecto- a la mayoría ciudadana. Sánchez de Lozada anunció un referéndum sobre la exportación de gas y la "reforma" de la Ley de Hidrocarburos ¡de acuerdo con las firmas petroleras!
En México, el presidente Fox también quiere hacer "reformas", empezando por el sector eléctrico: quiere ceder la producción y distribución de electricidad a unos pocos para que, en régimen de sagrada propiedad privada, obtengan los seguros beneficios de un servicio que los ciudadanos necesitan. Desde el entorno presidencial se denuncia el nacionalismo rancio de los que se oponen a ceder el sector eléctrico (un sector del PRI, el PRD y los sindicatos), pero ese entorno ha hecho oídos sordos a los avisos del Partido Demócrata estadounidense. "No cometan nuestros errores" ha dicho Robert Filner, representante demócrata por California. Y les ha explicado que a los pocos meses de que la electricidad de ese estado estuviera en manos privadas, una empresa pequeña que antes pagaba 1.500 $ al mes, pasó a pagar 4.000 y un ciudadano que abonaba 50$, ahora paga 200$.
En México el presidente Fox amenaza con más llamadas "reformas" o "cambios estructurales". Les falta valor y decencia para llamar a las cosas por su nombre: cesión, retroceso social o expolio.
"Reforma" laboral o reducción notable de garantías socio-laborales de los asalariados. O "reforma" fiscal: que paguen menos los que más tienen y el déficit recaudatorio se compensa con aumento de impuestos indirectos que pagan con la misma cantidad tanto ricos como pobres. En días pasados, se convocó en México un foro sobre Crecimiento Económico y Globalización en el que desembarcaron expresidentes de gobierno y altos funcionarios del FMI y Banco Mundial para apoyar la necesidad de "reformas" en México.
Expresidentes como Felipe González que en trece años de gobierno fue incapaz de reducir la tasa de pobreza en España (20% de la población según la ONG católica Cáritas), aunque sí abrió el camino de las "reformas" que la derecha conservadora culminó cuando ganó las elecciones, han hecho retroceder un poco más los derechos de los ciudadanos. O Fernando Henrique Cardoso, bajo cuya presidencia Brasil creció (como llevaba haciendo durante décadas anteriores), pero también aumentó la pobreza y la desigualdad.
En México, la mitad de sus cien millones de habitantes viven en la pobreza. Si miramos al resto de países latinoamericanos, arruinados o empobrecidos por las privatizaciones de los noventa, no hay que esperar que las "reformas" de Fox resuelvan nada a la inmensa mayoría de mexicanos. Es igual, el FMI (gendarme mayor de los intereses de los países ricos) ha presionado a Uruguay para que privatice sus empresas públicas y ceda una buena parte a manos privadas. El FMI insiste aunque Uruguay mejoró económicamente sin caer en la fiebre privatizadora que asoló Sudamérica. En la conciencia del ciudadano latinoamericano, privatizar significa tarifas abusivas por servicios necesarios, despidos cuantiosos de asalariados y maletines con fondos que cambian de manos y desaparecen.
Las reformas necesarias en Latinoamérica (reformas sin comillas) no significan dar a unos pocos lo público. Significan buscar gestión eficaz de empresas públicas (que es muy factible), distribución o reinversión de beneficios en interés de la mayoría de ciudadanos, control democrático del sector público y lucha implacable contra el clientelismo y la corrupción. Lo demás es saqueo y expolio. Expolio más o menos civilizado y maquillado, pero expolio. Al Capone lo diría más claro, sin eufemismos, pero no lo haría mejor.
