Cuando el interés personal prevalece más allá de lo nacional
Hace algunos meses atrás el abogado y miembro del Partido Popular, Guillermo Cochez, en un extenso artículo publicado reconoció los múltiples beneficios que la licitación del antiguo Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL), nos ha dejado. Cochez en el escrito titulado "10 años después: ¿ha sido positiva la reestructuración de las telecomunicaciones?" (El Panamá América, 26 de septiembre de 2005) reconoció que los cambios que se concretaron "han tenido un impacto favorable y multiplicador". Beneficios que, coincido, nos colocan como país a la vanguardia de las telecomunicaciones y que se traduce en progreso.
Aunque en este análisis de la reestructuración no le concedió el mérito de forma directa al entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, tampoco pensó en dejar expresadas dudas en cuanto a la transparencia de lo actuado por éste, antes, durante y después de dicha adjudicación.
En su artículo "¿Herencia de Pérez Balladares?", publicado el pasado martes en este mismo rotativo; el citado autor olvida, intencionalmente, los beneficios señalados con anterioridad y lanza una acusación directa en contra de las actuaciones de los responsables de ese proceso de reestructuración. De forma insensata el autor asegura que algunas respuestas a las interrogantes, que le surgen diez años después de ejecutada la licitación, están contenidas en "los contratos celebrados en el gobierno de Pérez Balladares y que deben ser de igual beneficiosos para los que participaron en la privatización de la telefonía y electricidad".
No sólo el acto de licitación para otorgar la concesión administrativa y de operación del antiguo INTEL, fue un proceso público y transparente sino que los contratos y condiciones económicas fueron homologados por las partes, a saber: el Estado y las empresas licitantes Cable & Wireless y General Telecomunications Enterprises (GTE) y de ninguna manera se produjeron acuerdos negociados unilateralmente con Cable & Wireless como sugiere en su escrito, con la manifiesta intención de desacreditar lo realizado en ese momento.
Amerita destacar que Transparencia Internacional, Capítulo Panamá, actuó como observador de este proceso y constató que no se produjeron actos que lesionaran el interés nacional y para certificarlo, ofreció testimonio público de ello al culminar esta etapa. Otro significativo dato que vale la pena recordarle el autor de la columna, es que este proceso ha sido considerado un modelo de transparencia a imitar en la región.
Los modelo de contratos fueron adoptados por el gobierno del presidente Pérez Balladares, siguiendo los estándares que han regido en esta materia en otros países y tienen definidas las responsabilidades que le competen al operador y que hoy en día nos permiten ser un país a la vanguardia en las telecomunicaciones. También aseguran una remuneración por la transferencia de tecnología y el "know how" que le aportan a la empresa. Mismo "know how", que todo profesional, como imagino hace el autor, tasa a sus clientes cuando presta sus servicios.
De ser cierto que el señor Cochez está motivado en resguardar el interés nacional y no el particular en lo que respecta a este tema debe, como miembro de un partido en Gobierno, proponer cambios sustanciales en los aspectos que considera necesarios y ser consecuente con los principios que dice tener.
Es pertinente traer a la memoria que en reiteradas ocasiones, el ex presidente Pérez Balladares ha expresado públicamente que de haber necesidad de adoptar enmiendas en lo que respecta a la privatización, hay que hacerlas.
Lo reprochable y temerario es que el autor lance un velo de dudas sobre un proceso manejado con transparencia e intente endilgar actuaciones dolosas a quien en ese momento tuvo la responsabilidad de administrar el Estado. Todo esto, con el único propósito de sumarse una nueva victoria financiera. ¡Así no, señor Cochez!
(*) Asistente de Prensa del Dr. Ernesto Pérez Balladares.
Aunque en este análisis de la reestructuración no le concedió el mérito de forma directa al entonces presidente de la República, Ernesto Pérez Balladares, tampoco pensó en dejar expresadas dudas en cuanto a la transparencia de lo actuado por éste, antes, durante y después de dicha adjudicación.
En su artículo "¿Herencia de Pérez Balladares?", publicado el pasado martes en este mismo rotativo; el citado autor olvida, intencionalmente, los beneficios señalados con anterioridad y lanza una acusación directa en contra de las actuaciones de los responsables de ese proceso de reestructuración. De forma insensata el autor asegura que algunas respuestas a las interrogantes, que le surgen diez años después de ejecutada la licitación, están contenidas en "los contratos celebrados en el gobierno de Pérez Balladares y que deben ser de igual beneficiosos para los que participaron en la privatización de la telefonía y electricidad".
No sólo el acto de licitación para otorgar la concesión administrativa y de operación del antiguo INTEL, fue un proceso público y transparente sino que los contratos y condiciones económicas fueron homologados por las partes, a saber: el Estado y las empresas licitantes Cable & Wireless y General Telecomunications Enterprises (GTE) y de ninguna manera se produjeron acuerdos negociados unilateralmente con Cable & Wireless como sugiere en su escrito, con la manifiesta intención de desacreditar lo realizado en ese momento.
Amerita destacar que Transparencia Internacional, Capítulo Panamá, actuó como observador de este proceso y constató que no se produjeron actos que lesionaran el interés nacional y para certificarlo, ofreció testimonio público de ello al culminar esta etapa. Otro significativo dato que vale la pena recordarle el autor de la columna, es que este proceso ha sido considerado un modelo de transparencia a imitar en la región.
Los modelo de contratos fueron adoptados por el gobierno del presidente Pérez Balladares, siguiendo los estándares que han regido en esta materia en otros países y tienen definidas las responsabilidades que le competen al operador y que hoy en día nos permiten ser un país a la vanguardia en las telecomunicaciones. También aseguran una remuneración por la transferencia de tecnología y el "know how" que le aportan a la empresa. Mismo "know how", que todo profesional, como imagino hace el autor, tasa a sus clientes cuando presta sus servicios.
De ser cierto que el señor Cochez está motivado en resguardar el interés nacional y no el particular en lo que respecta a este tema debe, como miembro de un partido en Gobierno, proponer cambios sustanciales en los aspectos que considera necesarios y ser consecuente con los principios que dice tener.
Es pertinente traer a la memoria que en reiteradas ocasiones, el ex presidente Pérez Balladares ha expresado públicamente que de haber necesidad de adoptar enmiendas en lo que respecta a la privatización, hay que hacerlas.
Lo reprochable y temerario es que el autor lance un velo de dudas sobre un proceso manejado con transparencia e intente endilgar actuaciones dolosas a quien en ese momento tuvo la responsabilidad de administrar el Estado. Todo esto, con el único propósito de sumarse una nueva victoria financiera. ¡Así no, señor Cochez!
(*) Asistente de Prensa del Dr. Ernesto Pérez Balladares.
