Cuando el nombre es mayor que el cargo
Ha renunciado Cristóbal Arboleda, mal llamado Zar Anticorrupción, para su mal.
Mal llamado para su mal, porque en lugar de identificársele como "Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Transparencia y contra la Corrupción", pareció más expedito ponerle el mote, que no pudo o no se quiso quitar, de "Zar Anticorrupción". Con lo anterior, se le achicó el nombre, pero se le aumentaron las expectativas de un poder absoluto que nunca ha tenido, y que gracias a Dios no tiene nadie en un régimen democrático.
Tal vez, por su experiencia como fiscal, el licenciado Arboleda cometió el error de pretender hacer de su despacho una especie de "Superfiscalía" con lo cual seguramente chocó con el Ministerio Público, que, en un régimen republicano, es el llamado a ejercer la vindicta pública.
Es llamativo que el comunicado de la Presidencia de la República en donde se comunica su renuncia, tenga como título "Evalúan gestión en el Gobierno Nacional" y que en su párrafo segundo se diga que "Enterado de esa revisión en cuanto al cumplimiento de las metas...el Licdo. Cristóbal Arboleda Alfaro...ha puesto su cargo a disposición del Señor Presidente de la República, Martín Torrijos Espino". Y en su párrafo tercero señale las tareas que siempre debió haber desempeñado esta secretaría como son, "las de docencia, prevención y difusión de las políticas, normas y costumbres que promueven la transparencia y la probidad en la gestión pública". Deja el Boletín en mención, la idea de que al Licdo. Arboleda lo "renunciaron".
La pregunta obligada es, ¿falló Cristóbal Arboleda en cumplir con estos cometidos o falló el Ejecutivo en nombrar a un ex fiscal cuya inclinación natural sería la de perseguir en lugar de prevenir las faltas y delitos?
Todos los días la Policía Nacional realiza sus rondas y patrullajes por las calles, los tribunales de justicia adelantan los procesos contra los reos y el sistema penitenciario recibe a nuevos inquilinos en las cárceles panameñas. Esa es la labor ordinaria del Estado en la lucha contra el crimen.
No obstante, ello ha probado no ser suficiente cuando arrecia una ola de delincuencia en la ciudad. Se requiere redoblar los esfuerzos en materia de prevención policial, un mayor despliegue de los agentes de la fuerza pública, más agilidad en su acción y más efectividad en las distintas modalidades de su intervención. Una policía bien entrenada, que respalda su operación diaria en un buen sistema de información, que mantiene una presencia sólida, ordenada y respetuosa en las calles y avenidas, es una prioridad tanto del Estado como de la sociedad, pues es necesario para garantizar la vida y la propiedad contra los ataques de los que han hecho del crimen su razón de ser y su actividad diaria. Por el contrario, una policía que se muestra débil y carente de recursos, no tendrá más remedio que ir corriendo detrás de los delincuentes, después que ya se han producido fatales hechos para las víctimas del delito, sin garantías de poder llevar a los responsables ante la justicia.
No se requiere una nueva ley, ni se puede esperar hasta el próximo año cuando haya un mejor presupuesto. La Policía tiene que trabajar ya con lo que tiene para prevenir la comisión de delitos, que es la primera y mayor prioridad en la lucha contra el crimen.
Mal llamado para su mal, porque en lugar de identificársele como "Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Transparencia y contra la Corrupción", pareció más expedito ponerle el mote, que no pudo o no se quiso quitar, de "Zar Anticorrupción". Con lo anterior, se le achicó el nombre, pero se le aumentaron las expectativas de un poder absoluto que nunca ha tenido, y que gracias a Dios no tiene nadie en un régimen democrático.
Tal vez, por su experiencia como fiscal, el licenciado Arboleda cometió el error de pretender hacer de su despacho una especie de "Superfiscalía" con lo cual seguramente chocó con el Ministerio Público, que, en un régimen republicano, es el llamado a ejercer la vindicta pública.
Es llamativo que el comunicado de la Presidencia de la República en donde se comunica su renuncia, tenga como título "Evalúan gestión en el Gobierno Nacional" y que en su párrafo segundo se diga que "Enterado de esa revisión en cuanto al cumplimiento de las metas...el Licdo. Cristóbal Arboleda Alfaro...ha puesto su cargo a disposición del Señor Presidente de la República, Martín Torrijos Espino". Y en su párrafo tercero señale las tareas que siempre debió haber desempeñado esta secretaría como son, "las de docencia, prevención y difusión de las políticas, normas y costumbres que promueven la transparencia y la probidad en la gestión pública". Deja el Boletín en mención, la idea de que al Licdo. Arboleda lo "renunciaron".
La pregunta obligada es, ¿falló Cristóbal Arboleda en cumplir con estos cometidos o falló el Ejecutivo en nombrar a un ex fiscal cuya inclinación natural sería la de perseguir en lugar de prevenir las faltas y delitos?
Todos los días la Policía Nacional realiza sus rondas y patrullajes por las calles, los tribunales de justicia adelantan los procesos contra los reos y el sistema penitenciario recibe a nuevos inquilinos en las cárceles panameñas. Esa es la labor ordinaria del Estado en la lucha contra el crimen.
No obstante, ello ha probado no ser suficiente cuando arrecia una ola de delincuencia en la ciudad. Se requiere redoblar los esfuerzos en materia de prevención policial, un mayor despliegue de los agentes de la fuerza pública, más agilidad en su acción y más efectividad en las distintas modalidades de su intervención. Una policía bien entrenada, que respalda su operación diaria en un buen sistema de información, que mantiene una presencia sólida, ordenada y respetuosa en las calles y avenidas, es una prioridad tanto del Estado como de la sociedad, pues es necesario para garantizar la vida y la propiedad contra los ataques de los que han hecho del crimen su razón de ser y su actividad diaria. Por el contrario, una policía que se muestra débil y carente de recursos, no tendrá más remedio que ir corriendo detrás de los delincuentes, después que ya se han producido fatales hechos para las víctimas del delito, sin garantías de poder llevar a los responsables ante la justicia.
No se requiere una nueva ley, ni se puede esperar hasta el próximo año cuando haya un mejor presupuesto. La Policía tiene que trabajar ya con lo que tiene para prevenir la comisión de delitos, que es la primera y mayor prioridad en la lucha contra el crimen.
