Cuando impunidad se confunde con gobernar
El Diccionario Enciclopédico del maestro argentino Guillermo Cabanellas define "impunidad" como "el estado por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por ley corresponde", definiendo la impunidad de derecho aquella mediante la cual el hecho delictivo sujeto a un castigo determinado se borra a través del perdón o indulto. El mismo Diccionario de la Lengua Española, al referirse al comentado término, nos dice que "impunidad" es la "falta de castigo". Como bien señalara Mario Rognoni en Parámetro Informativo el pasado 10 de enero, el mejor amigo de la corrupción es precisamente la impunidad, ya que sin castigos ejemplares jamás podremos enfrentar con ningún tipo de éxito a la corrupción.
Según nos recordó el Capítulo de Panamá de Transparency International (TI) en su publicación de junio de 2000, la coalición gobernante, en su Plan de Gobierno, se comprometió a luchar en contra de lo que llamaron "El flagelo de la corrupción" en los siguientes términos: "Las democracias no pueden consolidarse si prevalece un ambiente de corrupción y desmoralización. Nuestro país sufre una profunda crisis de valores que afecta a todos los órdenes sociales, económicos y políticos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Unión por Panamá estará dirigido a la reconstrucción del tejido espiritual por Panamá". Si dispusiéramos de más espacio, serían objeto de risa todas las grandes promesas que sobre el tema de la corrupción hicieron en ese mismo plan, de seguro escritas por el buen amigo Mario Galindo, quienes apoyaban la candidatura presidencial de Mireya Moscoso. Concluía Transparencia con un pensamiento, verdad de a puño, sobre todo para quienes dicen gobernar para los pobres: "La lucha contra la pobreza no podrá ser librada sin que antes exista un compromiso por combatir la corrupción".
Recientes hechos del gobierno actual, reflejan con sus actuaciones que promueven la impunidad, con lo cual no sería de extrañar que el término de su gestión, Mireya Moscoso sea calificada como quien encabezó el gobierno más corrupto de la historia republicana. Mediante el primer Decreto Ejecutivo del año 2001, el No. 1 de 3 de enero, la Presidenta de la República, junto con el Ministro de Gobierno y Justicia, procedió a indultar a Isabel Segundo Valencia Pérez, Representante de Corregimiento de Los Hatillos, Distrito de San Francisco de Veraguas. El susodicho, del partido Cambio Democrático, fue condenado por el Tribunal Electoral a un año de prisión porque en las elecciones pasadas de 1999, hizo "un trasplante de electores fraudulentos", lo cual le permitió ganar las elecciones. Según las noticias de prensa, se comprobó que hubo falso testimonio para encubrir esos cambios, testificando en contra del representante delincuente hasta sus propios familiares, fundamentos principales de la condena. Las razones para el indulto, figura tantas veces criticada a Pérez Balladares cuando los arnulfistas eran oposición, que diversas personas se lo solicitaron a la Presidenta y ella, supuestamente debido a su bondad y amor por los pobres, decidió conceder el perdón solicitado.
El candidato Isabel Valencia de Cambio Democrático obtuvo 323 votos, su más cercano rival, me imagino que pariente de él, candidato por el PRD, José Valencia, recibió 292 votos, lo que significa que el primero "ganó" por la escasa cantidad de 31 votos. Comprobado el delito, se debía repetir la elección, enviando a la cárcel al condenado, para así evitar que se vuelvan a repetir estas trampas y triquiñuelas que tanto censuramos en el pasado, sobretodo los arnulfistas, históricamente tan perjudicados y afectados por fraudes electorales. Vale la pena recordar que la Fiscalía Electoral investiga otros casos parecidos a los del afortunado Valencia, pero que como los investigados no son de ningún partido de gobierno, es probable que jamás logren la gracia presidencial.
Sin embargo, ello no fue así. En un acto verdaderamente deplorable y censurable, la presidenta Moscoso ha indultado a un delincuente electoral, en vez de promover un ejemplar castigo para el mismo, para así luchar contra "el flagelo de la corrupción", contra el cual se comprometió tan vehemente durante la campaña y así fortalecer "la reconstrucción del tejido espiritual de la Nación" del que tanto nos hablaron. En vez de ello, con acciones como ésta, lo que se fortalece son los tejidos de la corrupción a todos los estamentos del aparato gubernamental y nos revela que si a niveles de representantes de corregimiento ocurren estas cosas, sería bueno preguntarnos lo que ocurrirá cuando los delitos y las faltas sean cometidos por funcionarios de mayor jerarquía, peor aún, si quienes delinquen tienen algún grado de parentesco o de afinidad partidaria con los actuales gobernantes. Esto es el resultado de gobernar de la mano con la impunidad.
Según nos recordó el Capítulo de Panamá de Transparency International (TI) en su publicación de junio de 2000, la coalición gobernante, en su Plan de Gobierno, se comprometió a luchar en contra de lo que llamaron "El flagelo de la corrupción" en los siguientes términos: "Las democracias no pueden consolidarse si prevalece un ambiente de corrupción y desmoralización. Nuestro país sufre una profunda crisis de valores que afecta a todos los órdenes sociales, económicos y políticos. Por ello, uno de los objetivos prioritarios del gobierno de Unión por Panamá estará dirigido a la reconstrucción del tejido espiritual por Panamá". Si dispusiéramos de más espacio, serían objeto de risa todas las grandes promesas que sobre el tema de la corrupción hicieron en ese mismo plan, de seguro escritas por el buen amigo Mario Galindo, quienes apoyaban la candidatura presidencial de Mireya Moscoso. Concluía Transparencia con un pensamiento, verdad de a puño, sobre todo para quienes dicen gobernar para los pobres: "La lucha contra la pobreza no podrá ser librada sin que antes exista un compromiso por combatir la corrupción".
Recientes hechos del gobierno actual, reflejan con sus actuaciones que promueven la impunidad, con lo cual no sería de extrañar que el término de su gestión, Mireya Moscoso sea calificada como quien encabezó el gobierno más corrupto de la historia republicana. Mediante el primer Decreto Ejecutivo del año 2001, el No. 1 de 3 de enero, la Presidenta de la República, junto con el Ministro de Gobierno y Justicia, procedió a indultar a Isabel Segundo Valencia Pérez, Representante de Corregimiento de Los Hatillos, Distrito de San Francisco de Veraguas. El susodicho, del partido Cambio Democrático, fue condenado por el Tribunal Electoral a un año de prisión porque en las elecciones pasadas de 1999, hizo "un trasplante de electores fraudulentos", lo cual le permitió ganar las elecciones. Según las noticias de prensa, se comprobó que hubo falso testimonio para encubrir esos cambios, testificando en contra del representante delincuente hasta sus propios familiares, fundamentos principales de la condena. Las razones para el indulto, figura tantas veces criticada a Pérez Balladares cuando los arnulfistas eran oposición, que diversas personas se lo solicitaron a la Presidenta y ella, supuestamente debido a su bondad y amor por los pobres, decidió conceder el perdón solicitado.
El candidato Isabel Valencia de Cambio Democrático obtuvo 323 votos, su más cercano rival, me imagino que pariente de él, candidato por el PRD, José Valencia, recibió 292 votos, lo que significa que el primero "ganó" por la escasa cantidad de 31 votos. Comprobado el delito, se debía repetir la elección, enviando a la cárcel al condenado, para así evitar que se vuelvan a repetir estas trampas y triquiñuelas que tanto censuramos en el pasado, sobretodo los arnulfistas, históricamente tan perjudicados y afectados por fraudes electorales. Vale la pena recordar que la Fiscalía Electoral investiga otros casos parecidos a los del afortunado Valencia, pero que como los investigados no son de ningún partido de gobierno, es probable que jamás logren la gracia presidencial.
Sin embargo, ello no fue así. En un acto verdaderamente deplorable y censurable, la presidenta Moscoso ha indultado a un delincuente electoral, en vez de promover un ejemplar castigo para el mismo, para así luchar contra "el flagelo de la corrupción", contra el cual se comprometió tan vehemente durante la campaña y así fortalecer "la reconstrucción del tejido espiritual de la Nación" del que tanto nos hablaron. En vez de ello, con acciones como ésta, lo que se fortalece son los tejidos de la corrupción a todos los estamentos del aparato gubernamental y nos revela que si a niveles de representantes de corregimiento ocurren estas cosas, sería bueno preguntarnos lo que ocurrirá cuando los delitos y las faltas sean cometidos por funcionarios de mayor jerarquía, peor aún, si quienes delinquen tienen algún grado de parentesco o de afinidad partidaria con los actuales gobernantes. Esto es el resultado de gobernar de la mano con la impunidad.
