Cuando la Asamblea legisla bien...
No hay Poder del Estado contemporáneo más desprestigiado que el Legislativo. La última encuesta de Dichter y Neira lo confirma nuevamente. Esto es así por razones generales, que se aplican a todos los cuerpos legislativos. En la medida en que la sociedad se concentra en asuntos económicos y la acción del Estado en este campo se realiza principalmente desde el Ejecutivo, los Congresos y Asambleas aparecen ineficaces, palabreros, perdedores de tiempo y derrochadores de recursos, aquí y en todas partes. Esto es así también por razones específicas, características del caso panameño. Nuestra Asamblea la integran, de acuerdo con la caricatura prevaleciente, Legisladores circuitales, obsesionados por lo local para reelegirse, de bajo nivel cultural e incluso humano, acaparadores de privilegios que rayan en la corrupción pura y simple, oportunistas que se supeditan al Ejecutivo por puestos, prebendas o falta de carácter, quienes administran su institución con exceso de personal e incluso abundancia de "botellas".
Pero esto es así, además, porque hay quienes promueven interesadamente este desprestigio del Poder Legislativo: Presidentes que quieren gobernar a su antojo, sin compartir el poder con otras autoridades que han sido electas tan democráticamente como ellos y les sirven de contrapeso, asesores demagogos que promueven el cierre de la Asamblea para congraciarse con el Ejecutivo que los nombró y llegar a tener el poder de decisión que el electorado le rehusa, medios de comunicación que buscan ser, al margen de cualquiera representatividad democrática, los árbitros de la discusión nacional en beneficio muchas veces de sus propios intereses, promotores perennes de nuevas Constituciones que mantienen vivo el espejismo de resolver todos los problemas a fuer de nuevos textos jurídicos y como si las Asambleas Constituyentes no estuvieran integradas ni se comportaran como las Asambleas Legislativas, o bien simples aspirantes a una curul legislativa que piensan obtenerla a base de denigrar a los actuales Legisladores en el clásico "quítate tú para ponerme yo".
El hecho es incuestionable. La Asamblea Legislativa panameña está desprestigiada. Pero no es menos incuestionable que ésta refleja la realidad humana y política de la sociedad panameña. El desprestigio de la Asamblea es una forma de crisis de auto-estima del mismo pueblo, que es quien escoge los Legisladores y los escoge de entre gente salida de su propia entraña. Por eso cuando los Legisladores cumplen cabal y honradamente con sus funciones constitucionales, la conciencia democrática siente un profundo regocijo por dos razones: porque se comprueba que la institución es necesaria y puede ser positiva para el país y porque refleja no un Panamá de retraso, corrupción y tradicionalismo, sino un Panamá de progreso concreto, decencia efectiva y trabajo renovador. Esto ha sucedido recientemente en circunstancias que vale la pena destacar, no como simple excepción, sino como realización que puede pasar desapercibida, sobre todo de parte de los críticos más agresivos y más parcializados de nuestro Poder Legislativo.
La función indispensable del Poder Legislativo es legislar, aunque de hecho los electores esperan de sus Legisladores más bien la acción ejecutiva de resolver problemas locales. Recientemente la Asamblea legisló y creó el patronato que ha de regir el Hospital Santo Tomás. Si creyéramos la cuña que ha pagado el Ejecutivo y que comienza con los colores del Partido Arnulfista, ésta se habría aprobado por obra y gracia de la Presidenta y de más nadie. Pero la realidad es diferente.
Cuando al inicio del gobierno democrático en 1990, el Dr. José Trinidad Castillero fue Ministro de Salud y nombró a la Dra. Amalia Rodríguez French Directora del Santo Tomás, ambos intentaron que el Ejecutivo presentara un proyecto de Ley creando el patronato del Santo Tomás. Estaban convencidos con toda razón que para sacar al Hospital del desastre en el que lo había sumido la dictadura y resolver los problemas tradicionales de su deficiente administración, había que otorgarle autonomía como el principal hospital de tercer nivel o de atenciones de alta complejidad del sistema de salud pública panameño y además como el principal centro hospitalario docente y de investigación de nuestro país. Desgraciadamente, al toparse con la oposición insuperable del entonces Presidente de la República, no lograron su objetivo, pero dejaron viva la idea en la comunidad médica y entre quienes se preocupaban seriamente por el Santo Tomás.
Dos de los candidatos presidenciales de 1999, Moscoso y Vallarino, asumieron la idea como compromiso electoral. Es un hecho que una vez juramentada la Presidenta, ella se ha interesado por la suerte del Hospital Santo Tomás y su Ministro de Salud presentó un proyecto de creación del patronato correspondiente. Se les debe reconocer este mérito significativo. Pero también es un hecho que las características del patronato propuesto le otorgaban una autonomía muy reducida. En estas condiciones el Dr. Rafael Pérez Ferrari, con una larga trayectoria de servicio en el Santo Tomás, le planteó a la Legisladora Teresita Y. de Arias que el proyecto del Ministro "nunca fue presentado al personal médico, de enfermería, técnico y administrativo que labora en el Hospital Santo Tomás" y que el mismo debía ser sustancialmente modificado. Trabajando arduamente, en interminables y repetidas reuniones, la Legisladora demócrata cristiana junto con el Legislador Jerry Wilson y la Legisladora Suplente Maruja Moreno, ambos del PRD, lograron introducir cerca de treinta enmiendas al proyecto.
En virtud de las mismas se especificó lo que se entiende por la autonomía del patronato, fortaleciendo el concepto de la misma. Se estipuló que un médico debe ser su Director General y no una persona sin este requisito profesional y que el Director Médico General será la máxima autoridad del Hospital supeditado a las directrices del Patronato. Se precisó que la incorporación de nuevo personal a la planilla del Hospital se efectuará por el sistema de méritos y de oposición, seleccionando para el cargo a quien obtenga la más alta calificación y que igual método se seguirá en los concursos para los diferentes puestos directivos, rigiéndose en todo lo demás por la Carrera Administrativa. Se añadió a los integrantes del Patronato (el Ministro y los cuatro representantes de los Clubes Cívicos, estos últimos ad honorem) un representante con derecho a voz de la Asociación de Usuarios del Hospital Santo Tomás y se estableció que el Director Médico y el representante de la Contraloría deberán asistir a todas las reuniones del Patronato también con derecho a voz. Se exceptuó al Patronato del Hospital del trámite de licitación pública, concurso y solicitud de precios por considerarse de urgente interés nacional y beneficio social. Se limitó la función de la Contraloría al audito posterior, quedando el audito previo a cargo de la auditoría interna del Hospital. Se autorizó al Director Médico General para efectuar gastos, no presupuestados, hasta por un monto de B/20,000. En otras palabras se creó un Patronato no político, con responsabilidad real por todo el Hospital.
Si la Ley del patronato tiene éxito en salvar al Hospital Santo Tomás como la cúspide del sistema de salud pública panameño, será no sólo por la disposición de la Presidenta de la República, sino además por la insistencia de un núcleo de Legisladores que hicieron su trabajo con dedicación, visión e independencia de criterio, prestando atención especialmente a profesionales de la medicina experimentados que los asesoraron.
En este caso, la Asamblea, el tan deficiente y criticado Poder Legislativo, le rindió un servicio al pueblo panameño y demostró que puede ser un Organo funcional, serio y productivo de nuestra democracia. ¡Ojalá que fuera así en la mayoría de los casos y que cuando lo sea, se le reconozca!
Pero esto es así, además, porque hay quienes promueven interesadamente este desprestigio del Poder Legislativo: Presidentes que quieren gobernar a su antojo, sin compartir el poder con otras autoridades que han sido electas tan democráticamente como ellos y les sirven de contrapeso, asesores demagogos que promueven el cierre de la Asamblea para congraciarse con el Ejecutivo que los nombró y llegar a tener el poder de decisión que el electorado le rehusa, medios de comunicación que buscan ser, al margen de cualquiera representatividad democrática, los árbitros de la discusión nacional en beneficio muchas veces de sus propios intereses, promotores perennes de nuevas Constituciones que mantienen vivo el espejismo de resolver todos los problemas a fuer de nuevos textos jurídicos y como si las Asambleas Constituyentes no estuvieran integradas ni se comportaran como las Asambleas Legislativas, o bien simples aspirantes a una curul legislativa que piensan obtenerla a base de denigrar a los actuales Legisladores en el clásico "quítate tú para ponerme yo".
El hecho es incuestionable. La Asamblea Legislativa panameña está desprestigiada. Pero no es menos incuestionable que ésta refleja la realidad humana y política de la sociedad panameña. El desprestigio de la Asamblea es una forma de crisis de auto-estima del mismo pueblo, que es quien escoge los Legisladores y los escoge de entre gente salida de su propia entraña. Por eso cuando los Legisladores cumplen cabal y honradamente con sus funciones constitucionales, la conciencia democrática siente un profundo regocijo por dos razones: porque se comprueba que la institución es necesaria y puede ser positiva para el país y porque refleja no un Panamá de retraso, corrupción y tradicionalismo, sino un Panamá de progreso concreto, decencia efectiva y trabajo renovador. Esto ha sucedido recientemente en circunstancias que vale la pena destacar, no como simple excepción, sino como realización que puede pasar desapercibida, sobre todo de parte de los críticos más agresivos y más parcializados de nuestro Poder Legislativo.
La función indispensable del Poder Legislativo es legislar, aunque de hecho los electores esperan de sus Legisladores más bien la acción ejecutiva de resolver problemas locales. Recientemente la Asamblea legisló y creó el patronato que ha de regir el Hospital Santo Tomás. Si creyéramos la cuña que ha pagado el Ejecutivo y que comienza con los colores del Partido Arnulfista, ésta se habría aprobado por obra y gracia de la Presidenta y de más nadie. Pero la realidad es diferente.
Cuando al inicio del gobierno democrático en 1990, el Dr. José Trinidad Castillero fue Ministro de Salud y nombró a la Dra. Amalia Rodríguez French Directora del Santo Tomás, ambos intentaron que el Ejecutivo presentara un proyecto de Ley creando el patronato del Santo Tomás. Estaban convencidos con toda razón que para sacar al Hospital del desastre en el que lo había sumido la dictadura y resolver los problemas tradicionales de su deficiente administración, había que otorgarle autonomía como el principal hospital de tercer nivel o de atenciones de alta complejidad del sistema de salud pública panameño y además como el principal centro hospitalario docente y de investigación de nuestro país. Desgraciadamente, al toparse con la oposición insuperable del entonces Presidente de la República, no lograron su objetivo, pero dejaron viva la idea en la comunidad médica y entre quienes se preocupaban seriamente por el Santo Tomás.
Dos de los candidatos presidenciales de 1999, Moscoso y Vallarino, asumieron la idea como compromiso electoral. Es un hecho que una vez juramentada la Presidenta, ella se ha interesado por la suerte del Hospital Santo Tomás y su Ministro de Salud presentó un proyecto de creación del patronato correspondiente. Se les debe reconocer este mérito significativo. Pero también es un hecho que las características del patronato propuesto le otorgaban una autonomía muy reducida. En estas condiciones el Dr. Rafael Pérez Ferrari, con una larga trayectoria de servicio en el Santo Tomás, le planteó a la Legisladora Teresita Y. de Arias que el proyecto del Ministro "nunca fue presentado al personal médico, de enfermería, técnico y administrativo que labora en el Hospital Santo Tomás" y que el mismo debía ser sustancialmente modificado. Trabajando arduamente, en interminables y repetidas reuniones, la Legisladora demócrata cristiana junto con el Legislador Jerry Wilson y la Legisladora Suplente Maruja Moreno, ambos del PRD, lograron introducir cerca de treinta enmiendas al proyecto.
En virtud de las mismas se especificó lo que se entiende por la autonomía del patronato, fortaleciendo el concepto de la misma. Se estipuló que un médico debe ser su Director General y no una persona sin este requisito profesional y que el Director Médico General será la máxima autoridad del Hospital supeditado a las directrices del Patronato. Se precisó que la incorporación de nuevo personal a la planilla del Hospital se efectuará por el sistema de méritos y de oposición, seleccionando para el cargo a quien obtenga la más alta calificación y que igual método se seguirá en los concursos para los diferentes puestos directivos, rigiéndose en todo lo demás por la Carrera Administrativa. Se añadió a los integrantes del Patronato (el Ministro y los cuatro representantes de los Clubes Cívicos, estos últimos ad honorem) un representante con derecho a voz de la Asociación de Usuarios del Hospital Santo Tomás y se estableció que el Director Médico y el representante de la Contraloría deberán asistir a todas las reuniones del Patronato también con derecho a voz. Se exceptuó al Patronato del Hospital del trámite de licitación pública, concurso y solicitud de precios por considerarse de urgente interés nacional y beneficio social. Se limitó la función de la Contraloría al audito posterior, quedando el audito previo a cargo de la auditoría interna del Hospital. Se autorizó al Director Médico General para efectuar gastos, no presupuestados, hasta por un monto de B/20,000. En otras palabras se creó un Patronato no político, con responsabilidad real por todo el Hospital.
Si la Ley del patronato tiene éxito en salvar al Hospital Santo Tomás como la cúspide del sistema de salud pública panameño, será no sólo por la disposición de la Presidenta de la República, sino además por la insistencia de un núcleo de Legisladores que hicieron su trabajo con dedicación, visión e independencia de criterio, prestando atención especialmente a profesionales de la medicina experimentados que los asesoraron.
En este caso, la Asamblea, el tan deficiente y criticado Poder Legislativo, le rindió un servicio al pueblo panameño y demostró que puede ser un Organo funcional, serio y productivo de nuestra democracia. ¡Ojalá que fuera así en la mayoría de los casos y que cuando lo sea, se le reconozca!
