Cuando la ley se va de vacaciones

Las vacaciones de los funcionarios son ciertamente un derecho, pero cuando se trata de servidores nombrados a término fijo, cabe hacer algunas consideraciones en materia de responsabilidad fiscal. Para empezar, el cobro de vacaciones acumuladas desordena las finanzas del Estado. En el caso de los tres magistrados del Tribunal Electoral, sus cuantiosos salarios hacen que las sumas acumuladas en concepto de vacaciones a lo largo de 10 y 15 años constituyan un verdadero caos para el presupuesto de esa entidad y un pesado gravamen para el Tesoro Nacional. Recibir, en un solo pago, 10 ó 15 meses de vacaciones acumuladas constituye una extensión indebida de sus altos salarios de magistrado, pues se sobreentiende que, cuando se les nombró por un período de 10 años, debían trabajar 11 meses y descansar uno, recibiendo el pago correspondiente. Si en algún momento, el descanso no era viable debido al necesario seguimiento que demandaban los asuntos de la institución, era lógico que se acumulasen 2 ó hasta 3 meses, ¡pero no 10 ni 15!
Llama la atención que anteriores contralores no se hayan percatado de esta irregularidad. No sorprende que las leyes permitan esta forma de abusar del fisco, pues las leyes panameñas son siempre débiles cuando se trata de fiscalizar a los altos funcionarios y tolerantes ante sus arbitrariedades.
Si no se pone coto a esta situación de un modo organizado e institucional, el fisco panameño seguirá sufriendo los embates de los que logran "ahorros personales" a costa del indefenso contribuyente panameño. ¡Hoy son los magistrados del Tribunal Electoral, mañana serán otros!