Cuando la suspicacia impera
EL DR. JORGE ILLUECA, acompañado por el Licdo. Fernando Manfredo, el Dr. Julio Manduley, y el Dr. Enrique Illueca (puesto que el Licdo. George Richa se ha desvinculado del grupo), ha publicado recientemente dos "informes al país" sobre la ampliación del Canal de Panamá, desde un punto de vista crítico el primero y muy negativo el segundo. En el primero se aboga, por la "ponderada realización de un debate nacional que debe ser amplio...", y en respuesta a esta actitud, en unos de los primeros escritos que publiqué sobre este tema, decía textualmente: "Debemos agradecerle al grupo integrado por el Dr. Jorge Illueca, el Licdo. Fernando Manfredo, el Dr. Julio Manduley, el Ing. George Richa M. y el Dr. Enrique Illueca, quienes bajo el lema "Por un Desarrollo Nacional Propio ¡Ahora!", han publicado un ensayo que propone una alternativa a la ampliación del Canal por un tercer juego de esclusas".
Sin embargo, el radicalismo del segundo informe llega a acusar aproximadamente a más de 50 de los más altos dirigentes del país, del "crimen de lesa Patria". Cuando se estudia el contenido de ambos informes, se cae en cuenta, que en el segundo se aumenta la negatividad al extremo. El Presidente, en la página 4, aparece acusado de "Falsedades", que se describen en una nota en la misma página como: "contrahacer o corromper una cosa haciéndola disconforme con la verdad". Ello equivale a acusar al Presidente de "mentir".
Los otros subtítulos también intensifican el juicio negativo sobre la obra del Presidente y de su equipo. En la página 5 del segundo informe, aparece esta otra acusación: "manipulación inicial: una alteración interesada de orden constitucional". Para el grupo acusador esta manipulación consiste en la reforma del artículo sobre el cambio de la Constitución con referencia al Canal. El grupo piensa que se ha demostrado un interés egoísta en cambiar la Constitución, ya que anteriormente se requería que el referéndum fuera sobre el texto del contrato específico que se hubiera firmado por sumas muy cuantiosas y ahora sólo se requiere que el referéndum sea sobre la propuesta de un cambio contractual sin que el costo se precise.
Por ello, el grupo acusa a más de 50 de los más altos dirigentes del país de estar vinculados a esta maniobra, como a casi todos los partidos políticos los acusa igualmente de permitir que la manipulación se hiciera a "espaldas de la opinión pública". No se comprende por qué el grupo encabezado por el Dr. Illueca no incluye a todos los miembros de la Asamblea Nacional como igualmente culpables por el mismo crimen. De ser esto así, estaríamos viviendo, según piensa el grupo, totalmente al margen de todo estado de derecho y se podría justificar hasta una acción violenta o cualquiera otra empresa, al estilo de Chávez en Venezuela, que garantice el cambio de régimen.
No satisfecho con este grado de negatividad, el grupo acusador añade páginas que intitula "Radiografías de una propuesta engañosa" y elementos de demagogia en el compromiso del Presidente. Además, acusa a los proponentes de la ampliación del Canal de múltiples "mitos y fantasías". Entre otros, los siguientes: "el mito de la globalización nos obliga", "el mito de nos roban el mandado", "los 2 mitos zanahoria... de miles y miles de empleos" directos e indirectos. Todo este mundo mitológico representa para el grupo "nuestra realidad económico - social, [es decir] un modelo que no funciona".
En la nota 1 y 2 de la página 6 bajo el subtítulo "Esta fue la manipulación inicial", se refieren a la enmienda propuesta al artículo que concierne la reforma constitucional del acuerdo contractual del Canal. Los "derechos de autor" de esta enmienda-manipulación, según el grupo, son las siguientes personas: Mario J. Galindo H., Eloy Alfaro, Adolfo Ahumada, Alfredo Ramírez Jr., Carlos Arosemena Arias, Fernando Cardoze, Carlos Cordero, Eduardo de Alba Arango, José Raúl Mulino, Eduardo Morgan, Juan David Morgan, Oydén Ortega, Bret Paton, Jorge Eduardo Ritter y Arístides Royo. La obligación constitucional “que estipulaba en el antiguo artículo 319, hacía mandatoria una presentación al referéndum de los contratos multimillonarios que alcanzarían cifras enormes en el proceso de la construcción, de la financiación y de la ejecución del proyecto... La reforma de este artículo habría sido posible según el grupo gracias al acuerdo que -a espaldas de la opinión pública- concertaron con la partidocracia representada por el PRD y el Partido Popular (antes Demócrata Cristiano) de una parte y Solidaridad, el Partido Arnulfista, el Molirena y el Liberal Nacional por la otra (sorprende que no se mencione al Partido Cambio Democrático, a menos que alguno suponga, un entendimiento de este grupo con él).
En la segunda parte de la página 6 y 7 se presentan acusaciones bajo el título de "Ilegalidades" y se termina afirmando que la cúpula de la ACP tiene la obligación legal de explicar satisfactoriamente las reservas que a su juicio son ilegales.
Desde la página 8 a la página 11 todo se coloca bajo el subtítulo de "Radiografías de una propuesta engañosa" y se ocupa sobre todo de aspectos financieros de la ampliación del Canal. En la nota 3 de la página 11, el grupo asevera que la afirmación del señor Presidente de la República en su discurso del 24 de abril de 2006; de que "no podía haber nuevos embalses" es, al menos "parcialmente demagógica".
La nota 4 de la misma página añade: "constatamos la presencia de algunos grandes intereses económicos nacionales -firmas constructoras y financieras en la Junta Directiva de la ACP, quizás debamos ser... muy suspicaces...".
Es comprensible que las compañías propietarias de barcos pos-panamax favorezcan la ampliación del Canal a través de quienes representan sus intereses ante las autoridades y que otras compañías hagan otro tanto. Pero, lo que hay que vigilar son las decisiones que toman las autoridades si éstas se justifican objetivamente o son el fruto del favoritismo. Las relaciones no tiene necesariamente porqué involucrar ni tráfico de influencia ni corrupción, pues vivimos en un mundo donde para mantener la paz y aumentar el progreso, es necesario que los intereses se entiendan los unos con los otros dentro de un marco regulatorio basado en el bien común y es la firmeza de este marco regulatorio el que garantiza la ecuanimidad en las decisiones.
Es difícil comprender, como recomienda el grupo del Dr. Illueca, una suspicacia tan generalizada como la suya. No se le pasa por la mente la posibilidad de que si rechazamos la ampliación pueda haber efectos negativos sobre lo que representa el Canal, económica y financieramente, para el país. Por no entrar a considerar las posibles repercusiones políticas y culturales. Sólo con suspicacia nada puede construirse que represente el comienzo de un segundo siglo aún más positivo que el primero para nuestra Patria y nuestro pueblo.
ariyan@sinfo.net
Sin embargo, el radicalismo del segundo informe llega a acusar aproximadamente a más de 50 de los más altos dirigentes del país, del "crimen de lesa Patria". Cuando se estudia el contenido de ambos informes, se cae en cuenta, que en el segundo se aumenta la negatividad al extremo. El Presidente, en la página 4, aparece acusado de "Falsedades", que se describen en una nota en la misma página como: "contrahacer o corromper una cosa haciéndola disconforme con la verdad". Ello equivale a acusar al Presidente de "mentir".
Los otros subtítulos también intensifican el juicio negativo sobre la obra del Presidente y de su equipo. En la página 5 del segundo informe, aparece esta otra acusación: "manipulación inicial: una alteración interesada de orden constitucional". Para el grupo acusador esta manipulación consiste en la reforma del artículo sobre el cambio de la Constitución con referencia al Canal. El grupo piensa que se ha demostrado un interés egoísta en cambiar la Constitución, ya que anteriormente se requería que el referéndum fuera sobre el texto del contrato específico que se hubiera firmado por sumas muy cuantiosas y ahora sólo se requiere que el referéndum sea sobre la propuesta de un cambio contractual sin que el costo se precise.
Por ello, el grupo acusa a más de 50 de los más altos dirigentes del país de estar vinculados a esta maniobra, como a casi todos los partidos políticos los acusa igualmente de permitir que la manipulación se hiciera a "espaldas de la opinión pública". No se comprende por qué el grupo encabezado por el Dr. Illueca no incluye a todos los miembros de la Asamblea Nacional como igualmente culpables por el mismo crimen. De ser esto así, estaríamos viviendo, según piensa el grupo, totalmente al margen de todo estado de derecho y se podría justificar hasta una acción violenta o cualquiera otra empresa, al estilo de Chávez en Venezuela, que garantice el cambio de régimen.
No satisfecho con este grado de negatividad, el grupo acusador añade páginas que intitula "Radiografías de una propuesta engañosa" y elementos de demagogia en el compromiso del Presidente. Además, acusa a los proponentes de la ampliación del Canal de múltiples "mitos y fantasías". Entre otros, los siguientes: "el mito de la globalización nos obliga", "el mito de nos roban el mandado", "los 2 mitos zanahoria... de miles y miles de empleos" directos e indirectos. Todo este mundo mitológico representa para el grupo "nuestra realidad económico - social, [es decir] un modelo que no funciona".
En la nota 1 y 2 de la página 6 bajo el subtítulo "Esta fue la manipulación inicial", se refieren a la enmienda propuesta al artículo que concierne la reforma constitucional del acuerdo contractual del Canal. Los "derechos de autor" de esta enmienda-manipulación, según el grupo, son las siguientes personas: Mario J. Galindo H., Eloy Alfaro, Adolfo Ahumada, Alfredo Ramírez Jr., Carlos Arosemena Arias, Fernando Cardoze, Carlos Cordero, Eduardo de Alba Arango, José Raúl Mulino, Eduardo Morgan, Juan David Morgan, Oydén Ortega, Bret Paton, Jorge Eduardo Ritter y Arístides Royo. La obligación constitucional “que estipulaba en el antiguo artículo 319, hacía mandatoria una presentación al referéndum de los contratos multimillonarios que alcanzarían cifras enormes en el proceso de la construcción, de la financiación y de la ejecución del proyecto... La reforma de este artículo habría sido posible según el grupo gracias al acuerdo que -a espaldas de la opinión pública- concertaron con la partidocracia representada por el PRD y el Partido Popular (antes Demócrata Cristiano) de una parte y Solidaridad, el Partido Arnulfista, el Molirena y el Liberal Nacional por la otra (sorprende que no se mencione al Partido Cambio Democrático, a menos que alguno suponga, un entendimiento de este grupo con él).
En la segunda parte de la página 6 y 7 se presentan acusaciones bajo el título de "Ilegalidades" y se termina afirmando que la cúpula de la ACP tiene la obligación legal de explicar satisfactoriamente las reservas que a su juicio son ilegales.
Desde la página 8 a la página 11 todo se coloca bajo el subtítulo de "Radiografías de una propuesta engañosa" y se ocupa sobre todo de aspectos financieros de la ampliación del Canal. En la nota 3 de la página 11, el grupo asevera que la afirmación del señor Presidente de la República en su discurso del 24 de abril de 2006; de que "no podía haber nuevos embalses" es, al menos "parcialmente demagógica".
La nota 4 de la misma página añade: "constatamos la presencia de algunos grandes intereses económicos nacionales -firmas constructoras y financieras en la Junta Directiva de la ACP, quizás debamos ser... muy suspicaces...".
Es comprensible que las compañías propietarias de barcos pos-panamax favorezcan la ampliación del Canal a través de quienes representan sus intereses ante las autoridades y que otras compañías hagan otro tanto. Pero, lo que hay que vigilar son las decisiones que toman las autoridades si éstas se justifican objetivamente o son el fruto del favoritismo. Las relaciones no tiene necesariamente porqué involucrar ni tráfico de influencia ni corrupción, pues vivimos en un mundo donde para mantener la paz y aumentar el progreso, es necesario que los intereses se entiendan los unos con los otros dentro de un marco regulatorio basado en el bien común y es la firmeza de este marco regulatorio el que garantiza la ecuanimidad en las decisiones.
Es difícil comprender, como recomienda el grupo del Dr. Illueca, una suspicacia tan generalizada como la suya. No se le pasa por la mente la posibilidad de que si rechazamos la ampliación pueda haber efectos negativos sobre lo que representa el Canal, económica y financieramente, para el país. Por no entrar a considerar las posibles repercusiones políticas y culturales. Sólo con suspicacia nada puede construirse que represente el comienzo de un segundo siglo aún más positivo que el primero para nuestra Patria y nuestro pueblo.
ariyan@sinfo.net
