Cuando se legisla con ignorancia
La Ley No. 42 de 22 de octubre de 2007, es la que supuestamente se creó para modificar las leyes existentes sobre el transporte público y buscar la solución al calvario de cientos de miles de panameños que siguen siendo víctimas del pésimo servicio público de transporte de pasajeros que continúa rigiendo en el país.
El artículo 13 de esa ley adicionó el artículo 52-C a la Ley 14 de 1993, estableciendo que para obtener el certificado de inspección vehicular, entiéndase el revisado, todo propietario de vehículo a motor o unidad de arrastre debe presentar la póliza de seguro obligatorio requerida por el Reglamento de Tránsito. Los honorables diputados pusieron al buey detrás de la carreta.
El revisado o certificado de inspección vehicular es el requisito que exigen las empresas aseguradoras para emitir la póliza de seguro obligatorio de responsabilidad civil a favor de terceros, requerida por el artículo 236 del Decreto Ejecutivo No. 640 de 27 de diciembre de 2007, la cual no es realmente obligatoria, porque la norma no establece sanción para quien no cumpla con la misma.
Cuando nos percatamos del error contenido en el artículo 52-C de la ley 42, aprobada por la honorable Asamblea Nacional de diputados, y antes de que el señor Presidente de la República la sancionara, le hicimos la observación al actual Director de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y, a pesar de que éste tiene por asesor en materia de seguros a un asegurador, nada se hizo por enmendar el error.
Hemos repetido, hasta la saciedad, que la solución es sencilla, adicionar al artículo 36 del Decreto Ejecutivo No. 640, antes mencionado, un literal adicional que establezca como otro requisito para obtener la placa única de circulación, la presentación de la póliza obligatoria de seguro, porque ya es un requisito, para obtener la placa, el certificado de revisado. La razón que esgrime la ATTT para no hacer lo correcto, es que los tesoreros municipales se quejan porque los contribuyentes no compran la placa debido a que no tienen el seguro, y esta situación afecta los ingresos de los respectivos municipios. Esto parece ser más importante que la realidad de que miles de panameños víctimas de accidentes de tránsito anualmente, nunca son indemnizados por sus pérdidas, por parte de los responsables. Gracias, honorables diputados.
