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Cuando se rasgue el velo (3)


Debo admitir que había sobrestimado la madurez, buen juicio y propósitos a futuro de los cuadros directivos dentro del Partido Revolucionario Democrático. La infortunada secuencia de declaraciones ante los medios, particularmente una anunciada demanda de inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo 2 de 18 de enero de 2001, me obligan a formular estas reflexiones sobre el tema en referencia.
Para comenzar algún copartidario serio - y con una percepción clara del impacto positivo que dicha acción acarreará dentro de nuestra incipiente democracia - debería explicarles que no se trata de un problema familiar, ni de resquebrajar los cimientos doctrinarios de su agrupación política, sino de cancelar una gran deuda nacional que se contrajo con este pueblo a lo largo de los 21 años más oscuros que recuerde la historia panameña.
Si bien es cierto que el PRD como tal se constituyó oficialmente a finales de la década de los setenta, muchos de sus más preclaros mentores ocuparon altos cargos públicos gracias a que en su momento fueron ungidos directamente por Omar Torrijos Herrera. Gerardo González - hasta hace poco máximo dirigente de dicho partido político - fue vicepresidente de Panamá durante la administración espuria de Demetrio Lakas, así como Ernesto Pérez Balladares - antiguo secretario general del colectivo que nos ocupa - ejerció la dirección de varios ministerios.
Desvincular la génesis del Partido Revolucionario Democrático como brazo político que fue de las extintas Fuerzas de Defensa será tarea harto difícil, especialmente si la obstinación sigue privando como método para evadir su responsabilidad frente a las muchas irregularidades que se suscitaron durante su larga permanencia en el poder.
No se trata únicamente de buscar culpables por las osamentas del antiguo cuartel de Tocumen. Hay que rendir cuentas - aunque sea un acto público de genuina contrición - por los yerros que cometieron a lo largo de muchos años.
Las tardías declaraciones del magistrado César Quintero - a pesar de haber salvado el voto cuando los militares le robaron la elección de 1984 al doctor Arnulfo Arias - comprometen la cadena de presidencias transitorias que avaló abiertamente el Partido Revolucionario Democrático.
¿Qué decir del silencio cómplice que mantuvo la cúpula de entonces sobre el horrendo asesinato del doctor Hugo Spadafora, o de las muertes y atropellos que se dieron por varios años luego del mea culpa público que diera el coronel Roberto Díaz Herrera?
Yo no escuché - y mucho menos vi - algún pronunciamiento oficial del PRD criticando el sangriento atentado contra la terna presidencial electa en 1989, ni cuando a mansalva fusilaron en Albrook a Moisés Giroldi y a todos los que lo acompañaron en la frustrada intentona para sacar al último de los tiranos del cuartel de la avenida "A".
Lo que sí oía a diario durante el período final del delirio y la sumisión era el grito histérico de "ni un paso atrás", asunto de una irresponsabilidad y soberbia descomunal por parte de la dirigencia del partido en referencia, y que sin duda contribuyó en gran medida para que se diera la vergonzosa invasión norteamericana de 1989.
En su momento manifesté mi aprobación al acuerdo META, no tanto por sustentarse en buenos proyectos que compartían dos grupos tradicionalmente antagónicos, sino por que dicho pacto político abría la posibilidad de establecer una genuina concertación nacional basada en la justicia y el equilibrio social como medio para consolidar el futuro de nuestra nación.
Nuevamente el territorio es fértil y la decisión es nuestra. Ojalá estas reflexiones no caigan en oídos sordos y se desperdicie esta única oportunidad para cerrar, de una vez por todas, esas viejas heridas que indisponen constantemente a los habitantes de la República de Panamá.

101 años de Panamá América

 
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