¿Cuándo tendremos justicia?
Michelle Bustamante, en la flor de su juventud, perdió la vida el 12 de noviembre en calle 50, producto de un accidente de tránsito ocasionado por un conductor ebrio borracho que corría haciendo regatas, y que pese a esto se encuentra en libertad. Hace tres años que tuvieron como saldo la muerte del señor Toribio Díaz y su esposa Nicolasa, embestidos por el auto del abogado Carlos Jones, quien hasta ahora no ha pagado por su delito. Menciono estos dos casos porque conozco las familias de las personas que murieron, pero son solo una parte de una larga lista de casos donde la justicia le ha fallado a la ciudadanía.
Estas situaciones son las que provocan la pérdida de la fe del pueblo en el Estado de Derecho y en el principio fundamental de la igualdad ante la ley, que es punto de partida clave de todo Estado que privilegia la vigencia general de las normas frente a la arbitrariedad imprevisible de quienes controlan y manejan el poder.
La sociedad democrática exige que cada integrante del cuerpo social sea igual a los demás por lo que respecta a la posibilidad de acceso al ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. "Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla", Stanislaw Lec. " Las leyes son como las telas de araña, a través de las cuales pasan libremente las moscas grandes y quedan enredadas las pequeñas", Honorato de Balzac.
Los ojos y oídos del país están puestos sobre las autoridades encargadas de hacer respetar los derechos humanos inalienables, para lograr la resolución justa de lo acontecido con Michelle y los esposos Díaz y en los otros muchos casos.
Este malestar en la justicia que vivimos se agrava en el caso del nombramiento reciente de dos magistrados de la Corte Suprema. Como bien señala la Alianza Ciudadana Por Justicia ACJ; “el mecanismo de la autorregulación del Consejo de Gabinete para la selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ha demostrado que no funciona y no garantiza transparencia y despolitización del sistema de escogencia de magistrados. El Presidente de la República dijo no tener ungidos, pero sí los tenía, irrespetando a todos los abogados que creyeron en su llamado y presentaron su hoja de vida. La designación de abogados vinculados al Presidente de República y en otros casos funcionarios del Ejecutivo, afectan el principio de independencia judicial y de separación de poderes del Estado.”
“La Asamblea de Diputados debe cumplir con su rol de contrapeso y someter a un escrutinio amplio a los designados del Consejo de Gabinete, de manera independiente y velando por la verdadera participación ciudadana, no sólo para cumplir un simple formalismo, sino en aras de fortalecer la democracia, al tomar en cuenta las opiniones, recomendaciones y objeciones de sus electores.”
Según el III Informe de Desarrollo Humano, para un desarrollo humano y democrático son necesarias organizaciones de calidad y que funcionen las organizaciones del Estado. Un sistema de Justicia que opere de manera independiente, un Órgano Legislativo capaz de cumplir a cabalidad sus cometidos y actuar como adecuado contrapeso al Ejecutivo, un Estado que provea eficientemente servicios básicos a todos, una prensa que de al ciudadano la información necesaria para tomar buenas decisiones, y una sociedad civil activa y que se involucre en la vida pública.
