Cuando un periódico viola los derechos humanos

Ex Vicepresidente de la República

El 30 de diciembre pasado La Prensa publicó una caricatura infame. Me presentaba agarrado de la mano de una figura de la muerte vestida de PRD, con gotas de sangre cayendo de su guadaña sobre mi brazo. El caricaturista buscaba así asociarme a los crímenes de la dictadura, que en ese entonces se discutían ampliamente en la opinión pública a raíz del hallazgo de osamentas en un antiguo cuartel militar. El 3 de enero el diario justificó su decisión en un "Hoy por Hoy". Ese mismo día presenté ante el Ministerio Público una querella por calumnia e injuria contra el caricaturista y el entonces director del diario y anuncié que, si los tribunales fallaban a mi favor, demandaría a La Prensa por un millón de balboas.
No tengo la menor duda que La Prensa violó mis derechos humanos. En carta al Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le decía: "Como Ud. bien sabe, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en su artículo 11 consagra el que "toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad". Luego estipula que "nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia...ni de ataques ilegales a su honra o reputación". Además, reconoce que toda persona "tiene derecho a la protección contra esas injerencias o esos ataques". Por otra parte, en el artículo 13 establece que el ejercicio del derecho a libertad de pensamiento y de expresión "no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas"."
Más claro no puede ser la norma en materia de derechos humanos. Por decisivo que sea el derecho a la libertad de expresión, tiene límites, entre ellos el derecho de toda persona a que se respete su reputación y su honra de acuerdo con las leyes de su país. Frente a quien ejerza su libertad de expresión violando los derechos humanos de otras personas, no se trata ni de ser complaciente ni de ser vengativo, sino de reclamar justicia en un estado de derecho democrático, para el cual nadie está fuera del alcance de la ley.
El propósito de la caricatura era asociarme con los crímenes de la dictadura, para desprestigiarme a raíz del reciente acuerdo legislativo entre el PDC y el PRD. Por eso el atentado contra el respeto de mi reputación y honra constituye no sólo una injuria, sino una calumnia, pues no sólo ofende mi dignidad, sino que me endilga un delito. La excusa de la verdad que pudiera invalidar la acusación de calumnia no tiene ningún asidero, porque es reconocido fuera de toda duda que fui adversario declarado de la dictadura, denuncié sus crímenes mientras los responsables estaban en el poder, lo que hacíamos pocos, y luché contra el régimen militarista desde su primer hasta su último día.
Hay una agravante. En efecto, cuatro meses antes, el 24 de agosto, La Prensa publicó una tira cómica de "Demosgracia". En ella representaba al entonces Presidente de la Asamblea, Legislador Enrique Garrido, diciendo "la Presidenta me lo tiene todo parado, no hay movimiento", luego caminando apurado a un baño de hombres y por fin gritando detrás de la puerta: "PIPI". Así el diario caricaturizó la referencia de Garrido a un presunto Partido Independiente Popular Indigenista (P.I.P.I.) que según él dijo, quién sabe lo inscribiría.
El jueves 25 de agosto se publicó en el periódico una carta sobre dicha tira de Federico Humbert Arias, miembro de la Junta Directiva de La Prensa . En ella decía con sobrada razón: "Todo en esta vida tiene un límite, pero el doble sentido de la caricatura en mención sobrepasa con creces los límites de la decencia y la tolerancia...creo que debe estar a discreción de La Prensa cuáles pueden ser publicados y cuáles no, si los mismos llevan un estilo que contrasta con la moral y nuestros principios básicos ciudadanos. Si la caricatura en mención no fue revisada antes de publicarla, deja mucho que decir de nuestro periódico; y si lo fue, deja en entredicho la aprobación de los directores". Dos días más tarde, el 27 de agosto, se publicó en vez de la caricatura, en un lugar más prominente que aquel en el que se publicó la tira cómica del 24 de agosto, el siguiente mensaje: "Las excusas se inventaron para evadir responsabilidades; las disculpas para aceptarlas. Es por ello que Corporación La Prensa acepta su responsabilidad en la publicación de la caricatura "Demosgracia" aparecida en estas páginas el miércoles 23 de agosto pasado y que riñe con los principios éticos y morales que siempre han motivado el trabajo de esta empresa. Hacemos llegar nuestras públicas disculpas a todos nuestros lectores."
¡Curiosas disculpas las de La Prensa! Como resultado de un conflicto interno, las dio la Corporación La Prensa, el ente empresarial sobre el que pesan especialmente las consideraciones financieras. No las dio la Dirección editorial, que decide qué y cómo se publica lo que aparece de información y opinión. Lo increíble es que pidió disculpas por una violación de los principios éticos y morales a "todos nuestros lectores", pero no a la víctima principal de la caricatura, al legislador Garrido. Así, La Prensa como medio de comunicación mantuvo sus subterfugios y arrogancia. No hizo lo que se requería éticamente, reconocer sencillamente una falla de sensibilidad y juicio, primero ante el agraviado y luego antes los testigos del agravio, los lectores.
Dada esta mentalidad, no se podía esperar otro comportamiento en mi caso. Pensé, sin embargo, que mi participación como una de las cinco personas que establecieron La Prensa, ayudaron a levantar el capital inicial y le hicieron frente a las arremetidas de la dictadura durante años como miembros de la Junta Directiva, me daría el derecho por lo menos al mismo tratamiento. Ni siquiera eso.
La Prensa mantuvo su inquina. La caricatura tenía un sesgo personal evidente. Iba dirigida contra el PRD como institución (no contra la persona de su Presidenta o su Secretario General), pero contra mí como persona (no contra el PDC como institución). La carta de protesta que envié a la entonces Presidenta de la Junta Directiva y al entonces Director, fue publicada el 31 de diciembre sin el nombre de los destinatarios, justo debajo de un artículo, sin duda solicitado ex profeso, del columnista más allegado al periódico, quien se explayó sobre los asesinatos de la dictadura. "Los crímenes, escribió, mancharon indeleblemente de sangre no sólo los uniformes de los militares, sino todos los vestidos del PRD - creación de los cuarteles-, el principal cómplice político de los asesinos... Ahora tendrán que aceptar las consecuencias políticas de su complicidad, y cargar hasta el fin de sus días los muertos que se están desenterrando en Tocumen... Todos los demás partidos y partiduchos que se aliaron al PRD, aprobaban también la diabólica Noche de Walpurgis que fue el tiempo del proceso. Y también tendrán que echarse al hombro su cuota de cadáveres..." Aplicaba así dos principios que contradicen la conciencia moral y jurídica de nuestra civilización, el de culpabilidad colectiva y el de culpabilidad por asociación. Todo servía para justificar una publicación injustificable que violaba los derechos humanos.
En el "Hoy por Hoy" del 3 de enero se suponía que los hombres públicos no tenemos derechos humanos, porque seríamos "propiedad pública". Ante la calumnia e injuria en forma de caricatura sólo deberíamos reaccionar con "una mayor tolerancia hacia lo que puede ser brusco o exagerado", pues de otro modo habríamos "perdido el sentido del humor o de la libertad". No se le ocurrió al editorialista que tenemos el derecho, como cualquiera persona, a defender nuestra reputación y honra recurriendo al sistema de justicia contra quien viola nuestros derechos humanos.
A diferencia del caso de Garrido, en mi caso ningún director ha publicado una carta expresando que se sobrepasaron "los límites de la decencia y la tolerancia". Hasta ahora sólo recibí un mensaje electrónico privado de un director condenando la caricatura e indicándome que trataría de obtener una disculpa de la Junta Directiva. Ni la Dirección editorial ni el ente corporativo han considerado que la caricatura en cuestión "riñe con los principios éticos y morales que siempre han motivado el trabajo de esta empresa." Les preocupó el uso ambiguo de la palabra "PIPI" y la frase de doble sentido atribuida al legislador Garrido en la tira cómica, con lo cual lo ridiculizaban. Pero no les ha preocupado asociar con asesinatos a quien los denunció y luchó contra el régimen que los perpetró, aunque ello constituye una calumnia. ¡Absurdo y abominación!
Desde ese entonces he esperado pacientemente que el Ministerio Público cumpla con su deber de investigar la querella que presenté. En las últimas dos semanas el Fiscal séptimo del Circuito de Panamá citó a cinco miembros de la Junta Directiva a rendir declaración jurada. Ha citado además dos veces en fechas distintas al caricaturista Julio Briceño para una declaración como sospechoso de calumnia e injuria. Ninguno se presentó ni se excusó. Pareciera que para ellos es una osadía creer que son ciudadanos comunes y corrientes, sujetos a las leyes de la República, cuando en realidad presumen estar por encima de ley.
Pensé que con el cambio de poder en el Asamblea de accionistas y en la Junta Directiva de La Prensa, veríamos un cambio hacia una actitud más respetuosa de los derechos humanos y del estado de derecho. Pero no la he visto todavía. Por eso sigo esperando que el Ministerio Público y luego los tribunales cumplan con su deber, para luego exigir resarcimiento civil por daños y perjuicios a mí y a mi familia.
A los que me preguntan por qué he decidido presentar semejante demanda, les digo que La Prensa ha argumentado que la calumnia e injuria deben ser materia del Código civil, castigadas ambas sólo con multas, y no del Código Penal, que castiga la calumnia con cárcel. Quiero que prueben su propia medicina. Como le escribí al director de una asociación norteamericana de caricaturistas, quien sin tener la menor idea de los pormenores del caso ha tratado de amedrentarme con una carta al Embajador de Panamá en Washington y con la publicación de un folleto que reproduce la caricatura infame: "Yo no sé cuánto vale su honor para Ud. o si no vale nada, pero para mí el honor no tiene precio y por eso demandaré a La Prensa por un millón de balboas, como una muestra simbólica de lo que lo debe pagar un periódico que viola el derecho humano al respeto de la reputación y la honra". (ariyan@sinfo.net)