¿A cuánto la isla?
El ordenamiento territorial de una nación es simplemente el retrato de ésta a largo plazo. En este sentido es urgente efectuar un plan nacional de desarrollo acorde a la utilización de tierras; suelos de cultivo básico, tierras dedicadas al desarrollo turístico, zonas protegidas, conservación de la cuenca hidrológica, desarrollos de vivienda, caminos, y tenencia.
Al parecer, en el anteproyecto de ley que pretende reconocer el derecho posesorio en costas e islas, prima la espontaneidad sin una óptica concatenada a las necesidades del crecimiento de la población.
El documento enmascara su verdadero propósito; millonarios listos para adueñarse de las tierras para desarrollos turísticos y personales que no se conforman con un plan de concesión a 40 años renovable. El archipiélago de Las Perlas, las islas de Bocas del Toro, y las costas aguardarán al mejor postor.
Hasta ahora el gobierno panameño no nos ha demostrado que tiene control sobre el ordenamiento territorial. Lo que es aún peor, quienes han portado un derecho posesorio y se convierten en dueños de sus lotes pueden deslumbrarse ante jugosas ofertas y quedar en la calle, pues, lastimosamente, carecen de un sentido administrativo. Esto a la larga se convertirá en una pesadilla para todos a costa de un gran negocio para unos cuantos. Las autoridades tampoco investigan quién compra; hay casos donde los narcos se adueñaron de extensos terrenos con jugosas ofertas por encima del precio estimado en el mercado.
El precio risorio de los terrenos tiene doble filo; así como puede ser accesible para familias de escasos recursos, también puede ser un regalo para empresarios multimillonarios a los que el negocio les saldrá a pedir de boca.
¿Quién garantiza un ordenamiento territorial cuando los expedientes se apilan en oficinas por meses? ¿Qué tiene que decir este gobierno sobre Bocas del Toro, donde se vendían tierras e islas a cualquier idiota con documentos falsos y sellos de reforma agraria robados? ¿Qué han hecho las autoridades en este caso? Nada, absolutamente nada. Quienes estafaron a miles de turistas aún siguen impunes y los turistas a la espera de un juicio.
Las dudas sobre las verdaderas intenciones de este papel se recargan en la falta de credibilidad que hay en instituciones estatales, poca transparencia y rendición de cuentas; dos pilares en el desempeño público que no vemos claro.
