¿Cuatro meses son demasiados?
Los últimos acontecimientos, de todos conocidos, están demostrando que un largo período de transición puede ser fuente de zozobra y desestabilización, cuando el capricho o la prepotencia se anteponen a la sensatez.
Sobre la duración de los períodos de transición existen extremos que van desde el caso de la Gran Bretaña, donde el líder del partido triunfador, apenas son conocidos los resultados de las elecciones asume el control del gobierno hasta el panameño, en el que el ganador de las elecciones debe esperar cuatro meses para asumir la presidencia.
Durante la presidencia de Guillermo Endara, aparte de otros logros que no han sido debidamente reconocidos, pero que no tengo dudas que lo serán a corto plazo, hubo dos de extraordinaria importancia: 1) un proceso electoral transparente e imparcial, gracias al decidido apoyo de su gobierno y 2) un período de transición expedito y sin egoísmos, con todas las cartas sobre la mesa.
Nuestra todavía recién recuperada democracia y, por consecuencia, la nación se benefició.
Pero otra cosa muy distinta es la que venimos viviendo ahora que al PRD y, muy particularmente al señor Pérez Balladares, les toca entregar el poder que perdieron en las pasadas elecciones del 2 de mayo.
Que el actual Presidente no tenía la intención de dejar el poder quedó demostrado, de manera fehaciente, cuando montó la aventura reeleccionista que se estrelló contra la voluntad del pueblo el 30 de agosto de 1998.
El aviso fue claro y contundente, pero los estrategas perredistas, en forma ilusa, calcularon que podían superar el batacazo, poniéndole otra cara al partido, con un nuevo abanderado electoral.
Segundo intento y segundo fracaso.
Hay teorizantes que afirman que el actual Presidente, después de su fracasado intento de reelección, se desinteresó por los resultados del 2 de mayo. Y los más osados hasta especularon, que su prioridad pasó a ser el Plan C.
Esto hay que explicarlo un poco: Plan A, era la reelección; Plan B, que su partido continuara en el poder (algunos dicen que por esto no pujó mucho); y Plan C, utilizar su poder presidencial, para hacerle las cosas difíciles al nuevo gobierno de Mireya Moscoso, con la esperanza de volver en el 2004.
Las teorías son teorías y son los hechos, desde luego, los que las confirman o las descartan.
Tal vez el inquilino palaciego piense que el pueblo fue un malagradecido al rechazar, "después de todos sus desvelos por ayudarnos", su proyecto de reelección o, tal vez, considere que tiene derecho a desquitarse y por eso invoca, con razón legal, sin duda, su derecho a gobernar hasta el último minuto y segundo de su mandato que, según él, termina el primero (sic) de septiembre. ºVaya usted a saber que es lo que lo motiva!
Como digo, al señor Pérez Balladares le asiste razón legal para recordarnos que su mandato no terminó el pasado 2 de mayo, pero, según yo lo veo, al remachar su intención de seguir tomando iniciativas y decisiones que trascenderán a su período, cuando su gobierno agoniza, pierde de vista dos factores de enorme importancia: el primero, es que sigue confundiendo legitimidad con representatividad y, el segundo, es que los gobernantes son mandatarios y que, por tanto, siempre deben prestar atención a lo que el pueblo, que es el mandante, o sea, el que manda, quiere.
El 30 de agosto el pueblo le dijo al Sr. Pérez Balladares, alto y claro, que lo rechazaba a él, y el 2 de mayo el pueblo dijo, también alto y claro, que quiere un cambio. Si las cifras están allí y el Presidente las conoce, su actitud actual es ilógica en un político avezado, como se supone que es.
La legitimidad y representatividad, ya lo he explicado antes, no van necesariamente unidas. La legitimidad proviene de haber ganado las elecciones, aunque el porcentaje de votos haya sido minoritario, como ocurrió en 1994; la representatividad depende de que el ganador de las elecciones haya logrado una votación que refleje la voluntad de la mayoría del pueblo y de que éste se sienta representado por el gobernante.
El gobierno del Sr. Pérez Balladares siempre ha sido legítimo, pero nunca ha sido representativo. Y si esta falta de representatividad ha sido confirmada y ratificada por el referéndum y por las últimas elecciones, su actitud, cuando le faltan 80 días para concluir su mandato, debiera estar moderada por la prudencia.
Su mandato, es cierto, no terminó el 2 de mayo pasado, pero también es cierto que el primer deber de los gobernantes es subordinarse a la voluntad del pueblo.
Sobre la duración de los períodos de transición existen extremos que van desde el caso de la Gran Bretaña, donde el líder del partido triunfador, apenas son conocidos los resultados de las elecciones asume el control del gobierno hasta el panameño, en el que el ganador de las elecciones debe esperar cuatro meses para asumir la presidencia.
Durante la presidencia de Guillermo Endara, aparte de otros logros que no han sido debidamente reconocidos, pero que no tengo dudas que lo serán a corto plazo, hubo dos de extraordinaria importancia: 1) un proceso electoral transparente e imparcial, gracias al decidido apoyo de su gobierno y 2) un período de transición expedito y sin egoísmos, con todas las cartas sobre la mesa.
Nuestra todavía recién recuperada democracia y, por consecuencia, la nación se benefició.
Pero otra cosa muy distinta es la que venimos viviendo ahora que al PRD y, muy particularmente al señor Pérez Balladares, les toca entregar el poder que perdieron en las pasadas elecciones del 2 de mayo.
Que el actual Presidente no tenía la intención de dejar el poder quedó demostrado, de manera fehaciente, cuando montó la aventura reeleccionista que se estrelló contra la voluntad del pueblo el 30 de agosto de 1998.
El aviso fue claro y contundente, pero los estrategas perredistas, en forma ilusa, calcularon que podían superar el batacazo, poniéndole otra cara al partido, con un nuevo abanderado electoral.
Segundo intento y segundo fracaso.
Hay teorizantes que afirman que el actual Presidente, después de su fracasado intento de reelección, se desinteresó por los resultados del 2 de mayo. Y los más osados hasta especularon, que su prioridad pasó a ser el Plan C.
Esto hay que explicarlo un poco: Plan A, era la reelección; Plan B, que su partido continuara en el poder (algunos dicen que por esto no pujó mucho); y Plan C, utilizar su poder presidencial, para hacerle las cosas difíciles al nuevo gobierno de Mireya Moscoso, con la esperanza de volver en el 2004.
Las teorías son teorías y son los hechos, desde luego, los que las confirman o las descartan.
Tal vez el inquilino palaciego piense que el pueblo fue un malagradecido al rechazar, "después de todos sus desvelos por ayudarnos", su proyecto de reelección o, tal vez, considere que tiene derecho a desquitarse y por eso invoca, con razón legal, sin duda, su derecho a gobernar hasta el último minuto y segundo de su mandato que, según él, termina el primero (sic) de septiembre. ºVaya usted a saber que es lo que lo motiva!
Como digo, al señor Pérez Balladares le asiste razón legal para recordarnos que su mandato no terminó el pasado 2 de mayo, pero, según yo lo veo, al remachar su intención de seguir tomando iniciativas y decisiones que trascenderán a su período, cuando su gobierno agoniza, pierde de vista dos factores de enorme importancia: el primero, es que sigue confundiendo legitimidad con representatividad y, el segundo, es que los gobernantes son mandatarios y que, por tanto, siempre deben prestar atención a lo que el pueblo, que es el mandante, o sea, el que manda, quiere.
El 30 de agosto el pueblo le dijo al Sr. Pérez Balladares, alto y claro, que lo rechazaba a él, y el 2 de mayo el pueblo dijo, también alto y claro, que quiere un cambio. Si las cifras están allí y el Presidente las conoce, su actitud actual es ilógica en un político avezado, como se supone que es.
La legitimidad y representatividad, ya lo he explicado antes, no van necesariamente unidas. La legitimidad proviene de haber ganado las elecciones, aunque el porcentaje de votos haya sido minoritario, como ocurrió en 1994; la representatividad depende de que el ganador de las elecciones haya logrado una votación que refleje la voluntad de la mayoría del pueblo y de que éste se sienta representado por el gobernante.
El gobierno del Sr. Pérez Balladares siempre ha sido legítimo, pero nunca ha sido representativo. Y si esta falta de representatividad ha sido confirmada y ratificada por el referéndum y por las últimas elecciones, su actitud, cuando le faltan 80 días para concluir su mandato, debiera estar moderada por la prudencia.
Su mandato, es cierto, no terminó el 2 de mayo pasado, pero también es cierto que el primer deber de los gobernantes es subordinarse a la voluntad del pueblo.
