Curiosa prioridad en tiempo de campaña
Con aprecio leemos el comunicado del nuevo presidente de la Comisión de Ambiente sobre la presentación a la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que restituiría el artículo 11 de la Ley 44 de 2004 (Ley de Coiba), artículo que establecía la zona de protección contra la pesca comercial de atún con redes de cerco. Sin embargo, nos asombra la reiterada insinuación de que ese artículo en la ley original no hubiese sido discutido ni concensuado con los actores marítimos de la República. Muy por el contrario como se ha reflejado en los últimos días por varias personas quienes estaban íntimamente ligadas a las intensas discusiones que se dieron por los veinte meses de discusión formal la le Ley de Coiba. Y todos los partícipes han concurrido en que la medida, no un gol de madrugada ni mucho menos un artículo "colado" -sólo hay que leer su clarísima redacción y posición en la misma ley- fue aplaudida por todos los sectores interesados en la explotación sostenible de nuestros recursos.
Y ahora con mayor sorpresa vemos que el administrador de la Autoridad de los Recursos Acuáticos planea defender la pesca con redes de cerco porque es necesaria para desarrollar granjas atuneras, negocio en el cual, aparentemente, hay intereses de Estado por defender, muy por encima de los intereses de los miles de pescadores artesanales que sólo pueden pescar cerca a nuestras costas.
Es claro que los pescadores industriales, panameños o extranjeros, tienen un océano entero donde pescar, pero por alguna razón, prefieren hacerlo de manera arrasante en las únicas aguas accesibles a nuestros pescadores artesanales.
¿Cuáles intereses defenderán nuestros diputados, los de los grandes pesqueros de cerco, o los de los miles de pescadores nacionales protegidos por la zona costera de exclusión?
