Daños colaterales al enfrentar el crimen
La mayoría de los panameños soñamos con volver a vivir en nuestro país con la seguridad para desarrollar con normalidad nuestras actividades diarias en una sociedad que lucha por mejorar sus condiciones de vida. Los “daños colaterales” que a diarios observamos en la lucha contra el crimen, que llevan adelante los distintos organismo de la seguridad del Estado, nos deben llevar a una reflexión o análisis sobre los efectos de esta situación en las familias víctimas.
Ese análisis nos hacen considerar que los miembros de nuestros organismos de seguridad no están lo suficientemente preparados para reaccionar adecuadamente en el uso de las armas de fuego y de fuerza ante una amenaza; no cuentan con jefes bien capacitados que los dirijan durante los enfrentamientos, actúan solos sin autoridad superior, o no tienen los equipos necesarios que les permitan estar mejor informados ante la amenaza antes de actuar, y sus reacciones están causando “daños colaterales” mayores a la propia amenaza del crimen, porque los afectados son víctimas inocentes.
Por otra parte, desde hace muchos años, los panameños que integran los distintos organismos de seguridad tiene una disyuntiva operacional en la practica real: ¿Son soldados o policías? Esta pequeña, pero vital conclusión, en su responsabilidades es vital para su actuar, ya que la preparación del soldado difiere de la del policía, por lo cual su accionar también es distinto en esta lucha contra el crimen por estar en escenarios diferentes donde los riesgos también lo son, principalmente en la parte táctica operacional, donde la ciudadanía, las organizaciones no gubernamentales y los defensores de los derechos humanos, con justa razón, desean que se cumplan todos los procedimientos legales establecidos en la materia cuando se hace frente al delito.
En este sentido, observamos a panameños que integran los estamentos de seguridad bajo un alto riesgo legal, ya que los preparan con cursos especiales para soldados, participan en operaciones y juegos de guerra, con unidades de otros países para actuar de esa manera en una guerra contra el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de seres humanos, pero luego los funcionarios políticos les asignan responsabilidades policiales. Es injusto pedirle cuenta legal a ese panameño en los tribunales ordinarios civiles, ya que no tiene responsabilidad alguna en este doble juego político en materia de seguridad nacional, donde él, a costa de su propia vida y familia, trata de hacer lo mejor su trabajo para el bienestar del resto de la población.
Todos deseamos mejores días en nuestra seguridad ciudadana y territorial; sin embargo, la población tampoco desea pagar el precio tan alto que conllevan los “daños colaterales” en la forma en que se desarrolla la política e seguridad contra el crimen. Es el momento de pedirle cuenta a los políticos sobre una verdadera estrategia nacional en esta materia, ya que los daños que se registran repercuten directamente en el lado de la población más vulnerable, sobre todo en la guerra con armas contra la delincuencia, ya que en la lucha contra los delitos de “cuello blanco”, los daños colaterales son, más bien, económicos.
