Darién, santuario de guerrillas
En las guerras de guerrillas, las fronteras son apenas demarcaciones de muy poca importancia. En las montañas, selvas y bosques, los guerrilleros se desplazan con el mismo instinto de conservación al que desarrollan los animales silvestres por conservar sus vidas. El respeto de los guerrilleros como el de los soldados que a éstos persiguen por los límites fronterizos, es tan igual al que puedan sentir los ciervos, zaínos o macho de montes en estampida, huyéndole a sus depredadores, ¡ninguno! Por consiguiente, podemos afirmar, que las fronteras sometidas permanentemente a hostilidades de guerra como la darienita, sólo son respetadas cuando están bajo custodia profesional armada. Situación muy diferente ocurre en la frontera opuesta de la pacífica Costa Rica.
Pese a esta realidad, los tres últimos gobernantes panameños, han adoptado como mecanismo de defensa para nuestra frontera al sur, la política de "Dejar pasar y dejar hacer", supuestamente para evitar incidentes y confrontaciones armadas con las FARC y el ELN, cuando éstos violan nuestra territorialidad, situación que por temporadas a todos consta, se hace frecuente.
Hace un poco más de dos meses, el Director de la Policía Nacional, declaró y confirmó la presencia de guerrilleros colombianos en zafarrancho de combate, patrullando por los alrededores de algunas poblaciones situadas tierra adentro del territorio panameño, más o menos con las siguientes palabras... "Bueno sí, los pobladores nos confirmaron la presencia de guerrilleros, pero éstos no causaron daños a la propiedad ni lesionaron a nadie". De esta actitud del funcionario más importante de la Fuerza Pública, lógicamente deduje que nuestros gobernantes han decidido tolerar la presencia de guerrillas armadas, mientras no causen daño a terceros panameños. De tal manera que si los mismos observan buena conducta, puedan avanzar y circular hasta la represa del Bayano, Cañita, El Llano, Chepo, Pacora, Cerro Azul, Plaza Los Pueblos, Corredores Norte y Sur, puente de Las Américas, etc.. Sin embargo, a los panameños cuando son sorprendidos con armas de fuego sin permiso para portarlas, para defensa propia y la de sus familias, sufren detención, decomiso y hasta multas. Si esta tolerancia de "dejar hacer" se hace crónica, podría ocurrir quizás muy pronto, que destacados industriales y empresarios panameños acaudalados, reciban mandatos escritos de la filial de las FARC-Panamá, solicitando el 10% de dichos caudales, tal como están solicitándolo a los ricos colombianos. De lo contrario, el panameño rico puede ser "retenido" (eufemismo de secuestro), hasta que sus familiares tributen lo solicitado más un recargo, por los gastos durante su cautiverio.
Planteada así las cosas con seriedad, es nuestro deber alertar al país con las siguientes reflexiones: La importante ayuda norteamericana de 1.300 millones de dólares, en apoyo al "Plan Colombia", ¡ojala que no se ejecute!, en vez de propiciar la paz anhelada en la mesa de negociaciones, por lo contrario, recrudecerá la guerra entre los dos Estados y sus ejércitos que existen en el territorio colombiano, el Estado de Santafé de Bogotá y su ejército nacional, y el Estado de San Vicente del Caguán con su ejército de las FARC. De ocurrir así, las provincias de Darién y Panamá este, serán no sólo santuario sino también teatro de encarnizados combates entre colombianos, por ser nuestra frontera entre todas, la más vulnerable, precisamente por estar indefendida profesionalmente.
Aunque poco ha trascendido por los medios de comunicación, creemos coincidir con el fino olfato norteamericano, como resultado de análisis de inteligencia sobre la capacidad combativa y política de las FARC, así como su relación con las corrientes revolucionarias de izquierda a nivel internacional, para arribar a la conclusión de que a estas alturas del juego, en Colombia las batallas finales son inevitables, ya que lo subyace por más de 40 años, es la decisión inclaudicable de luchar hasta alcanzar el control absoluto de ese exhuberante y rico país. Luego entonces, para minimizar la posibilidad de que las fuerzas gubernamentales sean derrotadas y con ello colapse el sistema político democrático que por décadas viene rigiendo en aquella Nación, los Estados Unidos y la Unión Europea se han dado prisa en llegar con una suma impresionante de 3.300 millones de dólares, más un importante componente de maquinarias sofisticadas de tecnología avanzada para la guerra.
Finalmente, por mandato constitucional nosotros los panameños, estamos obligados a conservar el suelo soberano, libre de la presencia de grupos armados extranjeros, de igual manera la no tolerancia ni ceder espacios jurisdiccionales, para ser utilizados como escenarios de actividades guerreristas, ni confrontaciones armadas ajenas la país. Reitero mi rechazo a todo derramamiento de sangre, sea esta panameña o colombiana, empero, con respecto a la Patria existen ciertos principios sagrados de honor y nacionalismo puro, a los que ningún nacional debe rehuir ni dar la espalda. Por lo tanto, no sólo la Constitución sino que también el honor de ser panameños, obliga a deponer esa actitud de pánico y pusilanimidad, ante las constantes incursiones armadas de extraños. La Constitución Nacional en su artículo 305, párrafo tercero, prevé estas irregularidades y dicta las medidas precautorias. La actual renuencia de los gobernantes e importantes dirigentes políticos aún afectados y paralizados por el viejo síndrome del militarismo, por no querer o retardar la creación de las leyes que institucionalizan las ramas de la Fuerza Pública, tal como lo precisa el artículo 305, es la causa principal de la confusión y falta de eficacia de la seguridad fronteriza.
Mientras la Asamblea no produzca estas leyes, entre las mismas la que corresponde al Servicio Especial de Fronteras (SEF), este componente continuará siendo apenas una sección en el organigrama de la Policía Nacional, a pesar que la Constitución ordena: "Mando y escalafón separados". Como consecuencia de todo lo expuesto, los directores de la Policía, inevitablemente, caen en al disyuntiva de precisar su misión prioritaria entre "policíva o guardafrontera", en otras palabras, "protejo la ciudad o cuido la frontera?; dos especialidades diametralmente opuestas. Como es natural, los directores de la Policía Nacional, debido a la presión creciente por demanda de seguridad urbana y formación profesional de policía y no de "policía combatiente para la selva", preferirán desviar sus efectivos hacia la seguridad urbana o citadina. Además, dicha ambigüedad los impulsa a emplear policías adiestrados para las ciudades, en las peligrosas tareas de fronteras. Siendo esto una desconsideración para con estos humildes servidores.
Pese a esta realidad, los tres últimos gobernantes panameños, han adoptado como mecanismo de defensa para nuestra frontera al sur, la política de "Dejar pasar y dejar hacer", supuestamente para evitar incidentes y confrontaciones armadas con las FARC y el ELN, cuando éstos violan nuestra territorialidad, situación que por temporadas a todos consta, se hace frecuente.
Hace un poco más de dos meses, el Director de la Policía Nacional, declaró y confirmó la presencia de guerrilleros colombianos en zafarrancho de combate, patrullando por los alrededores de algunas poblaciones situadas tierra adentro del territorio panameño, más o menos con las siguientes palabras... "Bueno sí, los pobladores nos confirmaron la presencia de guerrilleros, pero éstos no causaron daños a la propiedad ni lesionaron a nadie". De esta actitud del funcionario más importante de la Fuerza Pública, lógicamente deduje que nuestros gobernantes han decidido tolerar la presencia de guerrillas armadas, mientras no causen daño a terceros panameños. De tal manera que si los mismos observan buena conducta, puedan avanzar y circular hasta la represa del Bayano, Cañita, El Llano, Chepo, Pacora, Cerro Azul, Plaza Los Pueblos, Corredores Norte y Sur, puente de Las Américas, etc.. Sin embargo, a los panameños cuando son sorprendidos con armas de fuego sin permiso para portarlas, para defensa propia y la de sus familias, sufren detención, decomiso y hasta multas. Si esta tolerancia de "dejar hacer" se hace crónica, podría ocurrir quizás muy pronto, que destacados industriales y empresarios panameños acaudalados, reciban mandatos escritos de la filial de las FARC-Panamá, solicitando el 10% de dichos caudales, tal como están solicitándolo a los ricos colombianos. De lo contrario, el panameño rico puede ser "retenido" (eufemismo de secuestro), hasta que sus familiares tributen lo solicitado más un recargo, por los gastos durante su cautiverio.
Planteada así las cosas con seriedad, es nuestro deber alertar al país con las siguientes reflexiones: La importante ayuda norteamericana de 1.300 millones de dólares, en apoyo al "Plan Colombia", ¡ojala que no se ejecute!, en vez de propiciar la paz anhelada en la mesa de negociaciones, por lo contrario, recrudecerá la guerra entre los dos Estados y sus ejércitos que existen en el territorio colombiano, el Estado de Santafé de Bogotá y su ejército nacional, y el Estado de San Vicente del Caguán con su ejército de las FARC. De ocurrir así, las provincias de Darién y Panamá este, serán no sólo santuario sino también teatro de encarnizados combates entre colombianos, por ser nuestra frontera entre todas, la más vulnerable, precisamente por estar indefendida profesionalmente.
Aunque poco ha trascendido por los medios de comunicación, creemos coincidir con el fino olfato norteamericano, como resultado de análisis de inteligencia sobre la capacidad combativa y política de las FARC, así como su relación con las corrientes revolucionarias de izquierda a nivel internacional, para arribar a la conclusión de que a estas alturas del juego, en Colombia las batallas finales son inevitables, ya que lo subyace por más de 40 años, es la decisión inclaudicable de luchar hasta alcanzar el control absoluto de ese exhuberante y rico país. Luego entonces, para minimizar la posibilidad de que las fuerzas gubernamentales sean derrotadas y con ello colapse el sistema político democrático que por décadas viene rigiendo en aquella Nación, los Estados Unidos y la Unión Europea se han dado prisa en llegar con una suma impresionante de 3.300 millones de dólares, más un importante componente de maquinarias sofisticadas de tecnología avanzada para la guerra.
Finalmente, por mandato constitucional nosotros los panameños, estamos obligados a conservar el suelo soberano, libre de la presencia de grupos armados extranjeros, de igual manera la no tolerancia ni ceder espacios jurisdiccionales, para ser utilizados como escenarios de actividades guerreristas, ni confrontaciones armadas ajenas la país. Reitero mi rechazo a todo derramamiento de sangre, sea esta panameña o colombiana, empero, con respecto a la Patria existen ciertos principios sagrados de honor y nacionalismo puro, a los que ningún nacional debe rehuir ni dar la espalda. Por lo tanto, no sólo la Constitución sino que también el honor de ser panameños, obliga a deponer esa actitud de pánico y pusilanimidad, ante las constantes incursiones armadas de extraños. La Constitución Nacional en su artículo 305, párrafo tercero, prevé estas irregularidades y dicta las medidas precautorias. La actual renuencia de los gobernantes e importantes dirigentes políticos aún afectados y paralizados por el viejo síndrome del militarismo, por no querer o retardar la creación de las leyes que institucionalizan las ramas de la Fuerza Pública, tal como lo precisa el artículo 305, es la causa principal de la confusión y falta de eficacia de la seguridad fronteriza.
Mientras la Asamblea no produzca estas leyes, entre las mismas la que corresponde al Servicio Especial de Fronteras (SEF), este componente continuará siendo apenas una sección en el organigrama de la Policía Nacional, a pesar que la Constitución ordena: "Mando y escalafón separados". Como consecuencia de todo lo expuesto, los directores de la Policía, inevitablemente, caen en al disyuntiva de precisar su misión prioritaria entre "policíva o guardafrontera", en otras palabras, "protejo la ciudad o cuido la frontera?; dos especialidades diametralmente opuestas. Como es natural, los directores de la Policía Nacional, debido a la presión creciente por demanda de seguridad urbana y formación profesional de policía y no de "policía combatiente para la selva", preferirán desviar sus efectivos hacia la seguridad urbana o citadina. Además, dicha ambigüedad los impulsa a emplear policías adiestrados para las ciudades, en las peligrosas tareas de fronteras. Siendo esto una desconsideración para con estos humildes servidores.
