¿De acusados a acusadores?
Causa indignación, al menos, escuchar a individuos totalmente descalificados por sus actuaciones recientes al tratar de convertirse de la noche a la mañana en catones de la dignidad nacional.
Con un cinismo inaudito se atreven a proponer reformas para adecentar la administración pública. Reformas que cuando estos individuos tuvieron una excelente oportunidad de hacerlas una realidad, no las sugirieron. Esos cínicos, que el diccionario califica de "desvergonzados en el mentir", pretenden pasar de ser acusados por la opinión pública a acusadores de todos lo que antes defendieron. Responsabilizan al gobierno recién instalado de los males de los cuales ellos fueron cómplices y que siempre aplaudieron con gran entusiasmo. Están utilizando la vieja táctica de que la mejor defensa es el ataque. Es bueno recordarles el dicho que se aplica muy bien a ellos: "Hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago - o en este caso más bien lo que hice-".
Extraña, eso sí, que funcionarios del gobierno actual que cuentan con la información y la oportunidad, que tienen la capacidad, la habilidad y una reconocida dialéctica, permanezcan pasivos como si lo que hoy dicen lo que ayer no dijeron, no llegara a afectarlos. Pareciera -es la impresión generalizada- que unos pocos les "metieron los pelos para adentro".
No fui partidario de la candidatura de Martín Torrijos. Respaldé la del partido que contribuí a fundar hace muchos años, ni soy tampoco un consejero oficioso del actual gobierno, pero como ciudadano que recoge el sentir de muchos panameños tengo el deber, y es mi derecho, exteriorizarlo.
Existe la impresión de que el gobierno del Presidente Torrijos está actuando con extrema cautela y lentitud en el proceso de denunciar y de formular cargos concretos contra individuos con claros señalamientos de actos de corrupción. Se han hecho algunas denuncias y se han tomado unas medidas correctivas, como la derogación de la regulación de la Ley de Transparencia, lo que la comunidad vio como una acertada decisión gubernamental. No obstante, el pueblo, en su impaciencia, por desilusiones pasadas, espera más. Aspira, con todo derecho, a que se haga realidad la promesa de "cero corrupción" que el mandatario hizo en su campaña política y se debe comenzar, para cumplir con sus propósitos, por encauzar a los sindicados de graves delitos cometidos en la pasada administración, que por el secretismo imperante entonces, han quedado sin sanción.
El Presidente Torrijos debe ser el primero en recibir con beneplácito las recientes declaraciones formuladas por el Lic. José Raúl Mulino, en el sentido de que la oposición debe constituirse en un ente fiscalizador permanente de las acciones del gobierno. Mulino, hombre de un prestigio ganado por su rectitud, probado sentido de patria y dueño de gran equidad y moderación, merece, por lo tanto, que sus puntos de vista tengan la debida consideración de nuestros compatriotas.
En una democracia, como la nuestra, la vigilancia de los actos públicos de un gobierno debe ser ejercido por una oposición seria, sin demagogia, inspirada sólo en los mejores intereses del país. No es el papel que le corresponde ejercer a desbocados, mezquinos y sin autoridad moral por sus actuaciones de ayer.
Panamá marcha, afortunadamente, con paso seguro y firme hacia la profundización democrática. Debemos todos seguir contribuyendo a ello.
El Gobierno y la Oposición se complementan y se necesitan. Cada uno tiene su papel de importancia en nuestra sociedad: el gobierno debe conducir con transparencia, honestidad y dinamismo al país por senderos de progreso; y la oposición tiene la función de evitar los excesos que pueda cometer el gobierno y las desviaciones que haga que contradigan su programa y planes esbozados en la campaña electoral que le dieron al Presidente Torrijos un sólido respaldo del electorado panameño.
Con un cinismo inaudito se atreven a proponer reformas para adecentar la administración pública. Reformas que cuando estos individuos tuvieron una excelente oportunidad de hacerlas una realidad, no las sugirieron. Esos cínicos, que el diccionario califica de "desvergonzados en el mentir", pretenden pasar de ser acusados por la opinión pública a acusadores de todos lo que antes defendieron. Responsabilizan al gobierno recién instalado de los males de los cuales ellos fueron cómplices y que siempre aplaudieron con gran entusiasmo. Están utilizando la vieja táctica de que la mejor defensa es el ataque. Es bueno recordarles el dicho que se aplica muy bien a ellos: "Hagan lo que yo digo, pero no hagan lo que yo hago - o en este caso más bien lo que hice-".
Extraña, eso sí, que funcionarios del gobierno actual que cuentan con la información y la oportunidad, que tienen la capacidad, la habilidad y una reconocida dialéctica, permanezcan pasivos como si lo que hoy dicen lo que ayer no dijeron, no llegara a afectarlos. Pareciera -es la impresión generalizada- que unos pocos les "metieron los pelos para adentro".
No fui partidario de la candidatura de Martín Torrijos. Respaldé la del partido que contribuí a fundar hace muchos años, ni soy tampoco un consejero oficioso del actual gobierno, pero como ciudadano que recoge el sentir de muchos panameños tengo el deber, y es mi derecho, exteriorizarlo.
Existe la impresión de que el gobierno del Presidente Torrijos está actuando con extrema cautela y lentitud en el proceso de denunciar y de formular cargos concretos contra individuos con claros señalamientos de actos de corrupción. Se han hecho algunas denuncias y se han tomado unas medidas correctivas, como la derogación de la regulación de la Ley de Transparencia, lo que la comunidad vio como una acertada decisión gubernamental. No obstante, el pueblo, en su impaciencia, por desilusiones pasadas, espera más. Aspira, con todo derecho, a que se haga realidad la promesa de "cero corrupción" que el mandatario hizo en su campaña política y se debe comenzar, para cumplir con sus propósitos, por encauzar a los sindicados de graves delitos cometidos en la pasada administración, que por el secretismo imperante entonces, han quedado sin sanción.
El Presidente Torrijos debe ser el primero en recibir con beneplácito las recientes declaraciones formuladas por el Lic. José Raúl Mulino, en el sentido de que la oposición debe constituirse en un ente fiscalizador permanente de las acciones del gobierno. Mulino, hombre de un prestigio ganado por su rectitud, probado sentido de patria y dueño de gran equidad y moderación, merece, por lo tanto, que sus puntos de vista tengan la debida consideración de nuestros compatriotas.
En una democracia, como la nuestra, la vigilancia de los actos públicos de un gobierno debe ser ejercido por una oposición seria, sin demagogia, inspirada sólo en los mejores intereses del país. No es el papel que le corresponde ejercer a desbocados, mezquinos y sin autoridad moral por sus actuaciones de ayer.
Panamá marcha, afortunadamente, con paso seguro y firme hacia la profundización democrática. Debemos todos seguir contribuyendo a ello.
El Gobierno y la Oposición se complementan y se necesitan. Cada uno tiene su papel de importancia en nuestra sociedad: el gobierno debe conducir con transparencia, honestidad y dinamismo al país por senderos de progreso; y la oposición tiene la función de evitar los excesos que pueda cometer el gobierno y las desviaciones que haga que contradigan su programa y planes esbozados en la campaña electoral que le dieron al Presidente Torrijos un sólido respaldo del electorado panameño.
