De FES a FIS
El Fondo de Emergencia Social (FES) fue creado por el gobierno de Guillermo Endara en enero de 1990 en respuesta a los latos niveles de desempleo y deterioro de las condiciones de vida, producto de la difícil situación económica que vivía el país en ese momento, producto de cuatro años de crisis económica y del saqueo posterior a la intervención militar de diciembre de 1989. El FES sería el intermediario entre los organismos ejecutores de proyectos y los recursos financieros para realizar los objetivos del Programa de Acción Social (PAS) creado coetáneamente.
En 1996, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares reorganizó el FES y el PAS para "simplificar" su estructura y mejorar su eficiencia y eficacia, variando levemente su objetivo para que ejecutara de manera expedita programas de acción social destinados a dar respuesta inmediata a las urgentes necesidades básicas de la población, mejorar la calidad de vida y proveer mejores alternativas para la generación de ingresos por la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Cabe destacar que un año antes, es decir, en 1995, la ley de contratación pública había exceptuado al FES del requisito de licitación pública previa para todas sus contrataciones, por lo cual, desde entonces, la institución puede contratar directamente con proveedores y prestadores de servicios, sin que necesariamente se cumplan con los mecanismos legales creados para organizar la competencia, transparencia y economía.
A escasos meses de tomar posesión, el gobierno de Mireya Moscoso hizo lo propio al reorganizar la institución, asignándole un nuevo nombre -Fondo de Inversión Social o FIS - y renovarle responsabilidades. El FIS ahora promovería la transferencia de todos los programas de promoción social dispersos entre las diferentes entidades estatales para ser coordinados bajo su dirección. Conservó entre sus objetivos principales la responsabilidad de proporcionar los recursos materiales que contribuyan a elevar el nivel o calidad de vida de las personas más necesitadas, pero, además, asumió la tarea de procurar que dichas personas puedan por sí mismas utilizar esos recursos con eficacia y autosuficiencia.
Nadie puede objetar esos fines. De hecho, deberían estar entre los objetivos de todas la instituciones públicas. Lo reprochable es que su metamorfosis haya generado una entidad con presupuestos millonarios a su disposición y sin los debidos controles, lo cual podría dar lugar a abusos. En 1999 el presupuesto del FES era de B/. 11.4 millones; ahora con su nuevo nombre y objetivos ambiciosos, el FIS recibió B/. 50.4 millones en el presupuesto del 2000 y B/. 59.1 millones para el año en curso. La urgencia existe permanentemente; pero con presupuesto amplio su atención se puede programar. Antes de que algunas personas inevitablemente sucumban a las tentaciones, se debería restituir al FIS la obligación de que sus actos y contratos estén sujetos al cumplimiento con la ley de contratación pública.
En 1996, el gobierno de Ernesto Pérez Balladares reorganizó el FES y el PAS para "simplificar" su estructura y mejorar su eficiencia y eficacia, variando levemente su objetivo para que ejecutara de manera expedita programas de acción social destinados a dar respuesta inmediata a las urgentes necesidades básicas de la población, mejorar la calidad de vida y proveer mejores alternativas para la generación de ingresos por la población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Cabe destacar que un año antes, es decir, en 1995, la ley de contratación pública había exceptuado al FES del requisito de licitación pública previa para todas sus contrataciones, por lo cual, desde entonces, la institución puede contratar directamente con proveedores y prestadores de servicios, sin que necesariamente se cumplan con los mecanismos legales creados para organizar la competencia, transparencia y economía.
A escasos meses de tomar posesión, el gobierno de Mireya Moscoso hizo lo propio al reorganizar la institución, asignándole un nuevo nombre -Fondo de Inversión Social o FIS - y renovarle responsabilidades. El FIS ahora promovería la transferencia de todos los programas de promoción social dispersos entre las diferentes entidades estatales para ser coordinados bajo su dirección. Conservó entre sus objetivos principales la responsabilidad de proporcionar los recursos materiales que contribuyan a elevar el nivel o calidad de vida de las personas más necesitadas, pero, además, asumió la tarea de procurar que dichas personas puedan por sí mismas utilizar esos recursos con eficacia y autosuficiencia.
Nadie puede objetar esos fines. De hecho, deberían estar entre los objetivos de todas la instituciones públicas. Lo reprochable es que su metamorfosis haya generado una entidad con presupuestos millonarios a su disposición y sin los debidos controles, lo cual podría dar lugar a abusos. En 1999 el presupuesto del FES era de B/. 11.4 millones; ahora con su nuevo nombre y objetivos ambiciosos, el FIS recibió B/. 50.4 millones en el presupuesto del 2000 y B/. 59.1 millones para el año en curso. La urgencia existe permanentemente; pero con presupuesto amplio su atención se puede programar. Antes de que algunas personas inevitablemente sucumban a las tentaciones, se debería restituir al FIS la obligación de que sus actos y contratos estén sujetos al cumplimiento con la ley de contratación pública.
