De invasiones precaristas y Mocambo

Colaborador

Aunque la práctica de ocupar terrenos ajenos por la vía legal, conocida popularmente como invasiones, viene desde los comienzos de la República, este fenómeno económico y social ha ido adquiriendo, nuevos ribetes, al punto que en los últimos diez años está amenazando con hacer crisis, sin que exista de parte de los gobiernos, ni de la iniciativa privada, una política integral y definida par enfrentar lo que ya es una pandemia.
En sus inicios, esta costumbre no tenía mayores repercusiones, pues se trataba de terrenos nacionales baldíos y ociosos, además de una que otra finca privada, donde con el paso de los años, los usurpadores del bien ajeno eran echados afuera por el dueño, ya sea a punta de tiros o con la ayuda de un abogado. A partir de los años 60, más o menos, el volumen de invasiones y de familias precaristas ascendió exageradamente, debido a dos factores principales: el aumento en la necesidad de terrenos para construir una vivienda de parte de los grupos más pobres del país en su mayoría formado por desplazados de las zonas rurales hacia la periferia de Panamá y Colón; y la presencia de un paternalismo excesivo del Estado, casado con la politiquería de funcionarios que enquistados en la maquinaria estatal, manipulan con frecuencia a grandes masas de población para beneficio personal.
Prueba de lo anterior son los numerosos asentamientos informales que hoy llevan nombres de militares, legisladores, presidentes y candidatos a cuanto puesto de elección popular aparece en nuestra Carta Magna; de modo que lo de antes era una solución habitacional para los más pobres y arriesgados, devino más tarde en una fórmula de captar clientela electoral para los políticos oportunistas gustosos de conseguir una posición en el engranaje gubernamental a costa de los fondos públicos. Las consecuencias negativas de este tipo de poblamiento son entre otras, el desorden urbano con una mala distribución de los espacios que impide prácticamente la instalación de los servicios públicos y la demarcación de áreas para recreación, deporte y cultura, básicos para una convivencia sana en una comunidad.
El actual ministro de Vivienda, Miguel Cárdenas, está poniendo un grano de arena en la solución al señalar que estos movimientos deben ser dirigidos y orientados de manera que se garantice un ordenamiento del espacio urbano, pero más que todo, considero, se debe crear conciencia en la ciudadanía para que participe de manera autogestionada en la búsqueda de respuestas a sus propios requerimientos de un techo.
En cuanto a precaristas, nombre como se conoce a los participantes en las invasiones de terrenos, no siempre se trata de personas de escasos recursos, pues en algunos casos el MIVI descubre a avivatos que tienen propiedades en otros lugares y llegaron para conseguir un lote que después lo ocupan a través de otra persona o lo venden. Es en este punto donde la ley debe ser enérgica sin abandonar a los que menos tienen.
El folklore urbano es rico en este tipo de experiencias, de manera que hay precaristas que llegan al lugar solamente con unas cuantas pertenencias y los hijos detrás, mientras que otros vienen en taxi y con celulares a la cintura, sólo para hacer acto de presencia mientras se confeccionan los listados, de manera que son rechazados en algunas ocasiones. No faltan los que después de adquirir un lote exigen uno para cada miembro del cuadro familiar, incluyendo a los niños, pues según dicen, algún día se casarán y tendrán su propia familia.
La política social seguida por el Ministro de Vivienda en años recientes apunta a ponerle coto a esas prácticas oportunistas y al despilfarro de los bienes del Estado, por lo que tenemos que aceptar que en este sentido se han hecho algunos avances para evitar la especulación con los terrenos estatales. En todo caso quienes participan en este tipo de acciones ilegales, también deben entender que existen leyes que impiden ocupar, de hecho, predios de propiedad estatal o privada, y que el Estado tiene que ser el principal garante en el cumplimiento de dichas leyes. Pero, por otra parte, el problema social en estos asentamientos es de tal magnitud que un alto porcentaje de sus habitantes está compuesto por gente desempleada, han perdido sus puestos de trabajo o viven de una economía informal, lo que no les permite pagar un alquiler y mucho menos comprar una vivienda.
Mocambo es uno de los casos de invasión de terrenos de propiedad estatal, que por su valor y ubicación, ha tenido costos excesivos que deben servir de experiencia para que el sector oficial elabore un plan integral para enfrentar el problema de los asentamientos informales, con propuestas completas, dejando de lado el tradicional "apagafuego". Hay que implementar al MIVI con los recursos financieros y técnicos, dado el elevado número de familias que viven en condiciones infrahumanas. La complejidad del problema es tal que sus componentes son de orden social, económico y jurídico.
La ocasión es propicia para que se haga un llamado a los propietarios de terrenos, incluyendo instituciones públicas y particulares en áreas con vocación residencial, a fin de que sean celosos de sus bienes y no permitan que personas ajenas se introduzcan en los mismos, para después cargarle la responsabilidad de la solución del problema al Ministerio de Vivienda, cuyo presupuesto no contempla grandes renglones para estas eventualidades.