De juramentos, huelgas y trampas
En tiempos de Hipócrates (circa IV a.C.) la relación médico paciente estaba constituida por tres actores, el enfermo, la enfermedad y el médico. Hoy este acto está regulado por decenas de intermediarios.
Con la aparición del Estado y su obligación de satisfacer las necesidades de salud de toda la población, el médico se inició como empleado público y como tal, sometido a su dependencia y a reglamentos alejados de aquel precepto ético inicial, actualizado luego con el Juramento de Ginebra.
Con el Estado aparecieron en escena las compañías aseguradoras, las industrias de equipos tecnológicos y laboratorios conexos y por último, los distribuidores que venden y comercializan medicamentos. En esta cadena de intereses particulares, las leyes del mercado han pasado a regir -en muchos casos despiadadamente- el derecho de los enfermos y el libre accionar de los médicos.
Maniatar los justos reclamos del médico con el juramento hipocrático -que nada prescribe sobre el derecho a huelga con asistencia diferida- es una hipocresía similar a ordenar que primero la sociedad cumpla con los diez mandamientos. Algo que hoy no sólo resulta risueño, sino extemporáneo y fuera de la realidad.
Como vemos, la ética médica tampoco goza de libertad, vive sometida a los vaivenes y caprichos del sistema y el nuestro es el del capitalismo neoliberal con cínicas pretensiones de una medicina social, buena, bonita y barata.
Las huelgas médicas nunca han sido totales o absolutas. Siempre se ha hecho una asistencia médica juiciosamente diferida, pero no deja de ser una situación sumamente delicada y peligrosa, difícil de controlar. Aunque ninguna se ha perdido, en todas se han cedido principios que jamás se debieron ceder.
Las medidas de fuerza médica son rechazadas por todos, principalmente, por los propios médicos. Nadie quiere llegar a ello. En general, son respuestas a la incapacidad o al manipuleo que hacen los gobiernos carentes de políticas educativas y sanitarias sólidas y permanentes o que no quieren resolver las necesidades básicas de quienes han dedicado su vida y una considerable porción del presupuesto familiar al estudio y a la actualización del conocimiento médico.
Si los gobiernos quisieran evitar las huelgas médicas sólo tendrían que implementar un sistema de salud coherente y funcional, con un escalafón similar al de los diputados u otros empleados públicos. Por ejemplo, en relación al costo beneficio que brindan, entonces ningún médico recién graduado debiera ganar menos que el 50% del salario de un diputado y ningún especialista debiera ganar menos de lo que gana actualmente un diputado.
Logrado esto, pienso que los médicos del sistema público no tendrían ningún inconveniente en laborar con horarios rotativos de trabajo -ahorrando los turnos correspondientes- para dar servicio continuo las 24 horas, siempre y cuando se les provea de los instrumentos adecuados para cumplir cabalmente con tan honrosa y digna profesión.
