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De las cenizas de un gobierno...


El otro día venía bajando por el ascensor del edificio en el que vivo, cuando unos viejos amigos me preguntaron por la "Patria Nueva". Yo contesté, exagerando academicismo, que "tenemos que esperar los próximos 100 días para ver qué es lo que pasa". Mis amigos, gentilmente, me corrigieron: "¿Cómo que 100 días?... (como nos dejaron el país), el Presidente electo necesita más tiempo que ése para corregir el rumbo de la Nación". "Como nos dejaron el país", me quedé meditando.
Si hay una sola cifra que retrata de cuerpo entero el desgobierno por el que acabamos de atravesar, me atrevo a decir que ella está vinculada con el endeudamiento público.
En democracia, Guillermo Endara necesitó $800 millones de crédito público internacional para poner nuevamente al país sobre rieles en la década del 90. Una vez encaminado el país, el Dr. Ernesto Pérez Balladares, sólo pidió prestado a la banca pública internacional la suma de $300 millones. El gobierno saliente, el de la Presidenta que se decía era "la que gobernaba para todos los pobres", endeudó ella solita al país en $1700 millones. La gran pregunta para los jerarcas del gobierno saliente es: ¿dónde está todo ese dinero? ¿Cuáles son las obras grandiosas de la gestión saliente que justifica semejante endeudamiento público?
Hay otras cifras no tan significativas de las finanzas públicas, pero igual de importantes, que exhiben el estado catastrófico en que el gobierno saliente, entrega el poder. Cuando, con el maquillaje contable le vendieron al país la mentira de que el déficit fiscal oscilaba por los 200 millones de dólares, hoy es una realidad que el déficit fiscal es de $720 millones. ¿Qué hay de los miles de millones de dólares de "la deuda flotante" que le debe el gobierno saliente a los comerciantes panameños? ¿Que el chileno que con algunas palabras bonitas cree que puede ocultar la gran verdad de las finanzas públicas, todavía se atreve a tapar el sol con la mano? ¿Que el Contralor General de la República todavía tiene el tupé de hablarnos de cuadernitos y de maestritos? ¿Con qué clase de gente creen que están tratando?
Quiero guardar un espacio especial de este reproche público para los supuestos medios prestigiosos de comunicación social sin cuyo silencio no hubiera sido posible que este espectacular fraude de cinco años no se hubiera logrado hasta terminar la gestión del gobierno saliente. Nos hicieron creer que guardaban distancia del gobierno, que hasta eran críticos de él, pero todo fue una cortina de humo, porque lo cierto es que tenían tantos intereses en el gobierno saliente, que los intereses iban antes que el descubrimiento de las verdades que hoy sí se atreven a hacer públicas, frente al evidente cambio de mando. Y aún tienen la actitud hipócrita de querer simpatizar con los nuevos inquilinos del Palacio de las Garzas. Ahora, ¿cómo salimos de esta miasma en la que nos ha dejado el gobierno saliente y sus cómplices, dentro y fuera de él?
Si yo fuera el Presidente electo, tomaría estas medidas lo antes posible:
  1. Derogatoria de la reforma tributaria de la pasada administración, salvo la exención de impuesto sobre la renta a quienes ganan menos de $800.00 mensuales.

  2. Reingeniería tributaria en virtud de la cual en vez de 40 impuestos tengamos sólo siete.

  3. Aumento del Impuesto del 5% al 7%, con las exclusiones como las establecía la Ley antes de la reforma tributaria.

  4. Ley General de Sueldos para el sector público en que el sueldo del funcionario que más gana no sobrepase los $7000.00, incluyendo viáticos y demás privilegios.

  5. Eliminación de todos los privilegios legales que tienen los empleados públicos, desde exenciones por el uso de teléfonos celulares, importación de automóviles y demás. No existe razón moral ni legal por la cual un funcionario deba estar exento de un pago o tener un privilegio al que no tienen acceso el resto de los ciudadanos del país.

  6. Paquetes de medidas para afrontar la crisis del Seguro Social que incluyan un aumento en el número de cotizaciones, así como en el valor de las cotizaciones, y un estudio de la eficiencia con la que el Seguro Social presta los servicios médicos y de hospitalización.

  7. Revisión inmediata del salario mínimo y adecuación del salario mínimo que se paga en la empresa privada a los trabajadores que laboran para el Estado.

  8. Revisión de los Impuestos sobre la Renta a la Zona Libre de Colón y la base imponible del Impuesto de Inmueble.

  9. Mantenimiento de los incentivos fiscales a la industria de la construcción.


Ricaurte Vásquez: Eso va a requerir participación de muchas personas, inclusive más allá de la Autoridad del Canal de Panamá. Yo creo que a la ACP no le teme a la posibilidad del debate y de la discusión. Después de haber hecho los trabajos que se han hecho, la Administración del Canal de Panamá se siente relativamente cómoda con los resultados de los estudios y la propuesta que va a ser consistente con esos estudios. Ahora, ha resultado ser un tema mucho más emocional en algunos casos, que realmente técnicos. Hay que considerar que todos los panameños tienen que decir algo sobre este tema.
DR: Es que todos nos sentimos dueños de ese Canal.
Ricaurte Vásquez: Y con justa razón. Es por eso que uno tiene que tratar de desarrollar este diálogo que permita hablar de ingenieros a ingenieros, de economistas a economistas y el público en general como público en general. Y a los campesinos de la cuenca hay que incorporarlos y la gente que no está cerca de la cuenca, que no está en el área metropolitana, también. Porque sí existe de alguna forma un sentimiento de que la reversión del Canal de Panamá no le ha traído bienestar al país. Yo creo que un paso interesante, precisamente en esta jefatura, sería que la Administración del Gobierno Central reconozca que parte de las obras que se van desarrollando se hacen precisamente con los recursos del Canal. De esta manera se crea la conciencia de que efectivamente el Canal ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los panameños, que es importante mantener al Canal de Panamá como una fuente permanente de ingresos y riquezas para todos los panameños y presentar una propuesta que haga todo el sentido económico, todo el sentido de bienestar para este país. La primera regla de decisión en materia de la ampliación del Canal de Panamá es qué beneficio le toca a Panamá.
DR: ¿Se ha contemplado cómo se financiaría la ampliación del Canal si se llegara a dar?
Ricaurte Vásquez: La ampliación del Canal se debe financiar con peajes y los ingresos que genera el Canal. Se va a requerir algún financiamiento en el momento en que se acelere el proceso de construcción, pero no necesariamente estamos pensando que la totalidad de la inversión que vaya a hacer el Canal de Panamá va a ser financiada. Este es un detalle importantísimo. Solo supongamos que la ampliación del Canal costase cuatro mil millones de balboas, la gente inmediatamente asocia que nos vamos a endeudar en cuatro mil millones de balboas y eso no es cierto. El Canal de Panamá no se va a endeudar por la totalidad, porque está generando reservas y utilidades para poder ir acometiendo lo que sea necesario para ir haciendo esa expansión.
DR: ¿Y no son reservas y utilidades que de otra manera se pudieran utilizar en beneficio de estructura del país?
Ricaurte Vásquez: Bueno, si en algún momento resultase que no es viable la ampliación del Canal, entonces esas reservas tendrían que redirigirse a resolver otros problemas internos, eso es cierto. El asunto es dónde los recursos del Canal producen el máximo beneficio. Y evidentemente, y por eso los estudios del impacto en la economía panameña, mayor beneficio produce haciendo una inversión que mantenga la vía acuática operativa para los próximos 100 años que posiblemente utilizarla para el repago de la deuda, por ejemplo.

101 años de Panamá América

 
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