¡De las fiebres sabaneras!
Se ha puesto de moda emprenderla contra la Constitución, acusándola de “obsoleta, arcaica, colcha de retazos, incapaz de aguantar un parche más”, y para rematar “militarista”. Y como conclusión, después de agotar los adjetivos, de manera automática se concluye que es necesario, “tanto como el aire que respiramos”, sustituirla o reformarla “integralmente”.
La fiebre, como dice un viejo y sabio refrán, no está en las sábanas. Pero, aunque todos los sabemos, hay quienes han encontrado en el lenguaje de la superficialidad descalificadora la fórmula escapista para no discutir la causa y la esencia de los problemas nacionales que no se deben, ni remotamente, a la Constitución sino la incompetencia de nuestra denominada “clase política”, si es que en Panamá existe algo que, con propiedad, así pueda llamarse.
Los problemas de nuestro país no son culpa del texto constitucional sino el desparpajo y de la impunidad con que se incumplen sus normas. Especialmente por aquellos que al asumir la conducción del Estado juraron “cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Es tal la insustancialidad reinante que, por un lado, se alega que la Constitución debe ser reformada porque es excesivamente presidencialista y, por el otro, el gobernante en turno la califica de arcaica y de “obstáculo para gobernar con efectividad”.
Panamá, formalmente, ha promulgado cuatro constituciones: la fundacional de la república, en 1904, que fue objeto de varias enmiendas y rigió hasta 1941; las otras constituciones fueron las de 1941 y 1946 y la vigente de 1972. Esta ha sido objeto de sustanciales reformas, especialmente por el Acto Constitucional de 1983 que, según afirmaba el desaparecido catedrático, César A. Quintero, referente obligatorio de nuestro Derecho Constitucional, al haber eliminado del texto de 1972 sus aspectos nocivos, aquellos introducidos con la intención de legitimar el régimen militar surgido del golpe de 1968, dio nacimiento a una nueva Constitución,
Pero calificar de nueva Constitución al texto que resultó del Acto Constitucional de 1983, no es absolutamente ajustado a la realidad. En propiedad, más que una nueva Constitución lo que se produjo fue una vuelta al modelo conceptual de 1946.
Una revisión somera del texto original de 1972 y del texto vigente, resultado de los cambios introducidos por el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos de 1994 y del 2004, permite comprobar que el calificativo de “militarista”, es infundado; un mero recurso dialéctico nunca sustentado con ejemplos específicos.
Aparte del calificativo de militarista, la otra acusación que se le hace a la Constitución es la de “arcaica” o “no acorde a los tiempos que vivimos”, por haber sido promulgado en 1972. Al así hablar, de manera sesgada se omite el hecho de que el texto original de 1972, ya no existe y, segundo, se invalidan importantes reformas como son, para citar solo dos ejemplos, el nuevo Título XIV, sobre el Canal de Panamá o el capítulo 2, del Título IX, sobre el Presupuesto General del Estado que, en buena hora, impidió su festín político por parte de la Asamblea. Ninguna Constitución puede ser estática y siempre hay posibilidad de mejorarlas; pero el camino hacia esa meta no puede construirse con demagogia y mucho menos ser el producto de la improvisación. Libres somos todos los ciudadanos y los gobernantes de originar propuestas; pero ya es hora, si las hay, que se concreten. En estos casos, poco aportan la generalidad y la superficialidad.
