De menores y su hábitat
Muchas opiniones se han vertido por los medios de comunicación de personas que citan teorías científicas y hasta datos estadísticos en torno al delito, los delincuentes, la minoridad que delinque, las penas, los móviles, las políticas de los organismos internacionales etc., y poco se sabe de algunas de las características del grupo de menos implicados, que constituye el sujeto-objeto de las medidas penales propuestas.
Lo más importante es no poner la carreta delante de los bueyes, sobre todo a sabiendas que las medidas desacertadas implican vidas de jóvenes desaprovechadas y desperdicio de recursos humanos y financieros del Estado.
Creemos que este fenómeno de criminalidad de los menores amerita un diagnóstico o un estudio bien concreto, a partir de dos factores, con el fin de sugerir medidas más afectivas.
Por un lado, la importancia de la familia como principal agente socializador, a través de la cual el menor va a introyectar los valores de la sociedad, es decir, discernir lo bueno de lo malo y a actuar de manera cónsona.
De acuerdo a nuestra experiencia, en fenómenos patológicos sociales la familia de las clases sociales marginales panameñas, no son completas, ni estructuradas; son disfuncionales, la figura paterna es inexistente, o es variable. No existe un modelo positivo de autoridad, jerarquía, orden, norma, premios, castigos. La figura materna es más responsiva, sancionadora, proveedora y, en varias ocasiones, las madres son las que denuncian incapacidad del lidiar con las conductas delictivas de sus hijos o van en busca de ayuda orientadora a las instituciones estatales.
Otro factor que hay que tomar en cuenta es el hábitat de estos menores.
En casos de patología social, las barriadas que se constituyen en áreas de alta peligrosidad, llamadas criminógenas, son las que registran una alta densidad habitacional (proporción de habitantes por metros cuadrados), donde el individuo no cuenta con el espacio suficiente ni dentro de la vivienda, ni fuera de ésta. Vivir hacinado en un cuarto, compartiendo los colchones para dormir, sin tener lugar para la ropa y menos para estudiar, el joven se ve en la necesidad de salir de la vivienda, como quien dice para respirar aire fresco.
Por otro lado, en estas barriadas no se ofrece espacio verde, áreas de juego, centros comunitarios, etc, en los cuales el menor pueda expansionarse.
La poca disponibilidad de espacio es el caldo propicio para que en el hombre y en la mujer se desarrollen tendencias agresivas y asociaciones ilícitas para delinquir. Es muy común que las pandillas se quieran posesionar de esquinas, zaguanes, calles, cuadras, manzanas en un intento expansionista de marcar su territorialidad y su sentido de propiedad y pertenencia.
Medidas punitivas, como el aumento de la pena, no van a disminuir el fenómeno de la violencia y la criminalidad de los menores. Es menester ubicarlos en zonas geográficas determinadas y aplicar medidas concretas de profilaxis social, para que las políticas públicas aplicables a esta población en concreto aterricen en familias vulneradas, barrios, comunidades, corregimientos. De otra forma no pasaremos del nivel de denuncia y de buenos o malos deseos, pero poco se hace en torno a las soluciones concretas y mucho menos al compromiso en la acción, sobre todo de un cúmulo de profesionales que no saben coger el sartén por el mango.
Las estadísticas que se han citado para delimitar el número de menores criminales no es muy significativo con relación a la población total de esas edades. Lo que hay que hacer es felicitar a aquel vector de la población que bajo iguales condiciones internas y externas, no delinque.
Sabemos que mucha de la patología social existente es el producto de la pobreza y se plantea así: a mayor grado de pobreza, más violencia.
Panamá parece ser una excepción con relación al resto de los países latinoamericanos, donde la violencia, tanto de adultos como de menores, se da en forma más generalizada. De acuerdo a las estadísticas publicadas por El Panamá América, donde se señala un 40% de pobreza y un 26% de pobreza extrema, considero que estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Sugiero un estudio de investigación de esta población criminógena, sesgando la información de autoridad paterna-materna y del hábitat.
Desde luego que el rector de las políticas, tanto en su elaboración como en su ejecución, es el gobierno. Las iglesias y ONG también juegan un papel fundamental ofertando programas y proyectos en pro de la minoridad en riesgo social.
Lo más importante es no poner la carreta delante de los bueyes, sobre todo a sabiendas que las medidas desacertadas implican vidas de jóvenes desaprovechadas y desperdicio de recursos humanos y financieros del Estado.
Creemos que este fenómeno de criminalidad de los menores amerita un diagnóstico o un estudio bien concreto, a partir de dos factores, con el fin de sugerir medidas más afectivas.
Por un lado, la importancia de la familia como principal agente socializador, a través de la cual el menor va a introyectar los valores de la sociedad, es decir, discernir lo bueno de lo malo y a actuar de manera cónsona.
De acuerdo a nuestra experiencia, en fenómenos patológicos sociales la familia de las clases sociales marginales panameñas, no son completas, ni estructuradas; son disfuncionales, la figura paterna es inexistente, o es variable. No existe un modelo positivo de autoridad, jerarquía, orden, norma, premios, castigos. La figura materna es más responsiva, sancionadora, proveedora y, en varias ocasiones, las madres son las que denuncian incapacidad del lidiar con las conductas delictivas de sus hijos o van en busca de ayuda orientadora a las instituciones estatales.
Otro factor que hay que tomar en cuenta es el hábitat de estos menores.
En casos de patología social, las barriadas que se constituyen en áreas de alta peligrosidad, llamadas criminógenas, son las que registran una alta densidad habitacional (proporción de habitantes por metros cuadrados), donde el individuo no cuenta con el espacio suficiente ni dentro de la vivienda, ni fuera de ésta. Vivir hacinado en un cuarto, compartiendo los colchones para dormir, sin tener lugar para la ropa y menos para estudiar, el joven se ve en la necesidad de salir de la vivienda, como quien dice para respirar aire fresco.
Por otro lado, en estas barriadas no se ofrece espacio verde, áreas de juego, centros comunitarios, etc, en los cuales el menor pueda expansionarse.
La poca disponibilidad de espacio es el caldo propicio para que en el hombre y en la mujer se desarrollen tendencias agresivas y asociaciones ilícitas para delinquir. Es muy común que las pandillas se quieran posesionar de esquinas, zaguanes, calles, cuadras, manzanas en un intento expansionista de marcar su territorialidad y su sentido de propiedad y pertenencia.
Medidas punitivas, como el aumento de la pena, no van a disminuir el fenómeno de la violencia y la criminalidad de los menores. Es menester ubicarlos en zonas geográficas determinadas y aplicar medidas concretas de profilaxis social, para que las políticas públicas aplicables a esta población en concreto aterricen en familias vulneradas, barrios, comunidades, corregimientos. De otra forma no pasaremos del nivel de denuncia y de buenos o malos deseos, pero poco se hace en torno a las soluciones concretas y mucho menos al compromiso en la acción, sobre todo de un cúmulo de profesionales que no saben coger el sartén por el mango.
Las estadísticas que se han citado para delimitar el número de menores criminales no es muy significativo con relación a la población total de esas edades. Lo que hay que hacer es felicitar a aquel vector de la población que bajo iguales condiciones internas y externas, no delinque.
Sabemos que mucha de la patología social existente es el producto de la pobreza y se plantea así: a mayor grado de pobreza, más violencia.
Panamá parece ser una excepción con relación al resto de los países latinoamericanos, donde la violencia, tanto de adultos como de menores, se da en forma más generalizada. De acuerdo a las estadísticas publicadas por El Panamá América, donde se señala un 40% de pobreza y un 26% de pobreza extrema, considero que estamos sentados sobre una bomba de tiempo. Sugiero un estudio de investigación de esta población criminógena, sesgando la información de autoridad paterna-materna y del hábitat.
Desde luego que el rector de las políticas, tanto en su elaboración como en su ejecución, es el gobierno. Las iglesias y ONG también juegan un papel fundamental ofertando programas y proyectos en pro de la minoridad en riesgo social.
