De nuevo el Seguro Social
A hora que comienza a pasar el globo de las Reformas Constitucionales, adversadas por buena cantidad de grupos y personas, queda próximo el replanteamiento insoslayable de la problemática de la Caja de Seguro Social, que ya no resiste más la abulia de un millón de asegurados, ni la de ciento treinta mil jubilados, que parecen no tener opinión al respeto, y se encuentran distraídos en otros menesteres, como si no amenazara el desplome financiero de esa institución.
Por nuestra experiencia como asegurado fundador de la Caja en 1941, hasta hoy como beneficiario de una pensión vitalicia, afirmo que muy pocas veces he tenido relación alguna con la Caja, y somos testigos de su lenta catástrofe, propiciada por todos los gobiernos, desde aquel año hasta la actualidad, ya por acción, o por omisión. Todos esos gobiernos creyeron que la Caja era un feudo para nombrar botellas a diestra y siniestra, lo que siempre ha generado una política de despilfarro en ese instituto. Los préstamos también fueron un expediente para sacar dinero de la Caja, hasta en gruesas cantidades, empeñando pertenencias, como "talleres" inexistentes, casas viejas desvaloradas y otras estafas conocidas. Las ventas de medicinas por toda clase de maniobras, generaron muchas ganancias dolosas sustraídas a la Caja. Hubo algunos casos que rompieron todo récord. El robo de los doscientos millones de balboas, para un supuesto "programa de viviendas" fue el paradigma de los robos en el Seguro, porque el gobierno de turno sólo pudo obtener algunas paredes que fueron testigos trágicos de cómo se perdieron esos 200 millones. El otro caso, que está en el centro de lo insólito, fue el del incendio criminal de los almacenes de depósitos de medicinas, etc., llevado a cabo con nocturnidad y alevosía, como dicen los abogados, para ocultar que los ladrones saqueaban las medicinas, o nunca compraron las medicinas y otros insumos, por los que recibieron mucha plata y de haberse practicado el inventario ordenado, habrían quedado convertidos en lo que son: verdaderos ladrones de siete suelas, y además, incendiarios.
No creemos que la clase de politiqueros desacreditados merece continuar controlando con sus manos concupiscentes la Caja de Seguro Social. Algunas personas han sugerido que la dirección de la Caja debe estar en manos de un administrador con suficiente conocimiento, experiencia y responsabilidad. Creemos que una sola persona no podrá contener el problema ni poner en marcha la solución. Sostenemos que los politiqueros panameños se han descalificado históricamente para continuar manejando la Caja a su antojo. Esta sólo podrá seguir con un Patronato o grupo semejante, de personas honestas y de experiencia que la dirijan, para que se ponga un necesario orden en la institución. Fuera los políticos y sus partidos de la Caja de Seguro Social, porque ésta no debe continuar siendo refugio de sus propios saqueadores.
Una nueva Ley Orgánica debe ajustar todo el funcionamiento de la Caja, principalmente en el aspecto administrativo primero, e inmediatamente poner las bases para un equilibrio financiero. No hay otra solución salvadora, ya que la continuidad del Seguro exige medidas drásticas, tanto en su aspecto administrativo, como en su aspecto económico. Debe procederse sin contemplaciones, tanto en su Ley Orgánica nueva, como en su funcionamiento diario. No es posible continuar con la ecuación absurda de la actual desproporción entre el número de asegurados que se benefician y el número escuálido de cotizantes, porque la continuación de tal desajuste llevará un buen día próximo a la Caja a su quiebra irreparable. Es imposible salvar la Caja de Seguro sin una reforma profunda de sus bases legales. El objetivo claro es el de que la Caja continúe existiendo, porque así lo necesita el beneficio del pueblo panameño. Pero no hay otro camino que el esbozado. Los asegurados y los jubilados deben actuar con tal propósito, para que no nos trague el monstruo del desplome financiero de la Caja.
1. ¿Debe el Órgano Legislativo aprobar y sancionar una Ley de amnistía, de olvido y perdón?
2. ¿Debe el Órgano Ejecutivo decretar indultos para cada caso particular?
3. ¿Debemos someter cada caso al escrutinio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?
¿Cómo debemos conciliar el claro mandato de reconciliación recibido en las urnas con el legítimo derecho de que se haga justicia? ¿Debemos sustituir la justicia por la paz?
El lector no encontrará en este artículo una respuesta contundente. No la tengo y no creo tener autoridad moral para sugerir un camino u otro. Dejo, no obstante, planteado uno de los dilemas al que tendremos que enfrentarnos, ya no tanto el gobierno electo, pero toda la sociedad.
Un segmento de la ciudadanía, -por aquello de la suspicacia del evento electoral-, tal vez no ha entendido a cabalidad que el señor Presidente Electo pueda ser quien mejor entienda el sentimiento de las víctimas de los desaparecidos, pues él mismo, perdió a su progenitor como una consecuencia no querida de aquello que comenzó el 11 de octubre de 1968. ¿Quién mejor que el Presidente Electo para entender a las esposas que lloran a sus maridos y a los hijos que recuerdan a sus padres?
Lo otro que tenemos que tener claro es que la reconciliación tiene que fundamentarse sobre claros principios de reconocimiento de los hechos históricos tal y como sucedieron y de una firme decisión colectiva de todo el país de jamás volver ni a propiciar ni a atravesar por semejante experiencia.
Otro tema que debe suscitar una reflexión seria es el de hacer todo lo posible que esté en nuestras posibilidades humanas para hallar los restos de los desaparecidos y darles sepultura cada cual según su credo religioso o espiritual.
Sólo así podremos echar a andar la Patria Nueva: con un reconocimiento histórico de los hechos ocurridos, con un compromiso nacional de que jamás se repitan y con un esfuerzo por encontrar los restos de las víctimas. Además, debemos abrir las puertas a un debate franco y sin sectarismos ni filos políticos, sobre la necesidad de hacer justicia frente al mandato de reconciliarnos.
Por nuestra experiencia como asegurado fundador de la Caja en 1941, hasta hoy como beneficiario de una pensión vitalicia, afirmo que muy pocas veces he tenido relación alguna con la Caja, y somos testigos de su lenta catástrofe, propiciada por todos los gobiernos, desde aquel año hasta la actualidad, ya por acción, o por omisión. Todos esos gobiernos creyeron que la Caja era un feudo para nombrar botellas a diestra y siniestra, lo que siempre ha generado una política de despilfarro en ese instituto. Los préstamos también fueron un expediente para sacar dinero de la Caja, hasta en gruesas cantidades, empeñando pertenencias, como "talleres" inexistentes, casas viejas desvaloradas y otras estafas conocidas. Las ventas de medicinas por toda clase de maniobras, generaron muchas ganancias dolosas sustraídas a la Caja. Hubo algunos casos que rompieron todo récord. El robo de los doscientos millones de balboas, para un supuesto "programa de viviendas" fue el paradigma de los robos en el Seguro, porque el gobierno de turno sólo pudo obtener algunas paredes que fueron testigos trágicos de cómo se perdieron esos 200 millones. El otro caso, que está en el centro de lo insólito, fue el del incendio criminal de los almacenes de depósitos de medicinas, etc., llevado a cabo con nocturnidad y alevosía, como dicen los abogados, para ocultar que los ladrones saqueaban las medicinas, o nunca compraron las medicinas y otros insumos, por los que recibieron mucha plata y de haberse practicado el inventario ordenado, habrían quedado convertidos en lo que son: verdaderos ladrones de siete suelas, y además, incendiarios.
No creemos que la clase de politiqueros desacreditados merece continuar controlando con sus manos concupiscentes la Caja de Seguro Social. Algunas personas han sugerido que la dirección de la Caja debe estar en manos de un administrador con suficiente conocimiento, experiencia y responsabilidad. Creemos que una sola persona no podrá contener el problema ni poner en marcha la solución. Sostenemos que los politiqueros panameños se han descalificado históricamente para continuar manejando la Caja a su antojo. Esta sólo podrá seguir con un Patronato o grupo semejante, de personas honestas y de experiencia que la dirijan, para que se ponga un necesario orden en la institución. Fuera los políticos y sus partidos de la Caja de Seguro Social, porque ésta no debe continuar siendo refugio de sus propios saqueadores.
Una nueva Ley Orgánica debe ajustar todo el funcionamiento de la Caja, principalmente en el aspecto administrativo primero, e inmediatamente poner las bases para un equilibrio financiero. No hay otra solución salvadora, ya que la continuidad del Seguro exige medidas drásticas, tanto en su aspecto administrativo, como en su aspecto económico. Debe procederse sin contemplaciones, tanto en su Ley Orgánica nueva, como en su funcionamiento diario. No es posible continuar con la ecuación absurda de la actual desproporción entre el número de asegurados que se benefician y el número escuálido de cotizantes, porque la continuación de tal desajuste llevará un buen día próximo a la Caja a su quiebra irreparable. Es imposible salvar la Caja de Seguro sin una reforma profunda de sus bases legales. El objetivo claro es el de que la Caja continúe existiendo, porque así lo necesita el beneficio del pueblo panameño. Pero no hay otro camino que el esbozado. Los asegurados y los jubilados deben actuar con tal propósito, para que no nos trague el monstruo del desplome financiero de la Caja.
1. ¿Debe el Órgano Legislativo aprobar y sancionar una Ley de amnistía, de olvido y perdón?
2. ¿Debe el Órgano Ejecutivo decretar indultos para cada caso particular?
3. ¿Debemos someter cada caso al escrutinio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia?
¿Cómo debemos conciliar el claro mandato de reconciliación recibido en las urnas con el legítimo derecho de que se haga justicia? ¿Debemos sustituir la justicia por la paz?
El lector no encontrará en este artículo una respuesta contundente. No la tengo y no creo tener autoridad moral para sugerir un camino u otro. Dejo, no obstante, planteado uno de los dilemas al que tendremos que enfrentarnos, ya no tanto el gobierno electo, pero toda la sociedad.
Un segmento de la ciudadanía, -por aquello de la suspicacia del evento electoral-, tal vez no ha entendido a cabalidad que el señor Presidente Electo pueda ser quien mejor entienda el sentimiento de las víctimas de los desaparecidos, pues él mismo, perdió a su progenitor como una consecuencia no querida de aquello que comenzó el 11 de octubre de 1968. ¿Quién mejor que el Presidente Electo para entender a las esposas que lloran a sus maridos y a los hijos que recuerdan a sus padres?
Lo otro que tenemos que tener claro es que la reconciliación tiene que fundamentarse sobre claros principios de reconocimiento de los hechos históricos tal y como sucedieron y de una firme decisión colectiva de todo el país de jamás volver ni a propiciar ni a atravesar por semejante experiencia.
Otro tema que debe suscitar una reflexión seria es el de hacer todo lo posible que esté en nuestras posibilidades humanas para hallar los restos de los desaparecidos y darles sepultura cada cual según su credo religioso o espiritual.
Sólo así podremos echar a andar la Patria Nueva: con un reconocimiento histórico de los hechos ocurridos, con un compromiso nacional de que jamás se repitan y con un esfuerzo por encontrar los restos de las víctimas. Además, debemos abrir las puertas a un debate franco y sin sectarismos ni filos políticos, sobre la necesidad de hacer justicia frente al mandato de reconciliarnos.
