De país de tránsito a país de tráfico
"Panamá, país de tránsito", fue por décadas la expresión que mejor caracterizó a nuestra nación, con la cual se iniciaba todo curso elemental de geografía y estudios sociales sobre nuestro istmo. Pero inherente al concepto transitista estuvo siempre el tráfico, entendido en su noción de comercio, intercambio y compraventa. Las ferias de Portobelo ilustraron gráficamente esa noción durante la colonia.
En los últimos años, sin embargo, la palabra "tráfico" ha adquirido un justificado giro peyorativo, desde el momento que se le asocia con objetos delictivos que capitalizan la opinión pública. Se habla hoy tanto de tráfico de drogas, armas, sexo y otros, que es inevitable que su empleo, incluso en solitario, proyecte de partida un concepto negativo, ajeno a su significado estricto. Así pues, si en el lenguaje corriente se dice que alguien es traficante o se dedica al tráfico, pocos pensarán en la acepción correcta de comercio o negocio mercantil.
En Panamá, la transmutación conceptual del término ha sido peor. En los tiempos de Noriega y sus antecesores, hubo tanto tráfico ilegal, que hemos terminado asociando la palabra a todo lo inmoral y delictivo. ¿Qué podíamos esperar de tanto oír hablar de Panamá como ruta y centro de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando de mercancías y armas?
Todavía tenemos fresco el embarque de tanques argentinos hacia Irán, durante la crisis de los rehenes; el arsenal enviado a Croacia burlando el bloqueo de la ONU a los beligerantes de la ex Yugoslavia, sin contar el trasiego de armas que fluye por nuestro país desde Centroamérica hacia Colombia, y años antes en sentido inverso.
No se ha secado aún la tinta de nuestras páginas y de otros diarios colegas, sobre el escándalo del tráfico de chinos que involucra a altas autoridades del Ejecutivo y de nuestro máximo organismo de seguridad, cuando estalla otro de características inverosímiles: el tráfico de presos denunciado por la ex asesora en asuntos correccionales, Enriqueta Davis.
Según Davis, en la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, cobran cinco mil balboas por desaparecer presos, movilizarlos, agilizar sus casos, botar expedientes, etc., lo cual explicaría el hacinamiento como un negocio vil en el cual se mantiene intencionalmente en las cárceles al 80% de los detenidos en espera de que los juzguen. Solo el 20% restante estaría pagando condena.
Todo indica que si la próxima Presidenta desea realmente terminar con la corrupción, tendrá que hacer una barrería en masa, antes de revisar caso a caso a los que merezcan ser reintegrados.
En los últimos años, sin embargo, la palabra "tráfico" ha adquirido un justificado giro peyorativo, desde el momento que se le asocia con objetos delictivos que capitalizan la opinión pública. Se habla hoy tanto de tráfico de drogas, armas, sexo y otros, que es inevitable que su empleo, incluso en solitario, proyecte de partida un concepto negativo, ajeno a su significado estricto. Así pues, si en el lenguaje corriente se dice que alguien es traficante o se dedica al tráfico, pocos pensarán en la acepción correcta de comercio o negocio mercantil.
En Panamá, la transmutación conceptual del término ha sido peor. En los tiempos de Noriega y sus antecesores, hubo tanto tráfico ilegal, que hemos terminado asociando la palabra a todo lo inmoral y delictivo. ¿Qué podíamos esperar de tanto oír hablar de Panamá como ruta y centro de tráfico de drogas, lavado de dinero, contrabando de mercancías y armas?
Todavía tenemos fresco el embarque de tanques argentinos hacia Irán, durante la crisis de los rehenes; el arsenal enviado a Croacia burlando el bloqueo de la ONU a los beligerantes de la ex Yugoslavia, sin contar el trasiego de armas que fluye por nuestro país desde Centroamérica hacia Colombia, y años antes en sentido inverso.
No se ha secado aún la tinta de nuestras páginas y de otros diarios colegas, sobre el escándalo del tráfico de chinos que involucra a altas autoridades del Ejecutivo y de nuestro máximo organismo de seguridad, cuando estalla otro de características inverosímiles: el tráfico de presos denunciado por la ex asesora en asuntos correccionales, Enriqueta Davis.
Según Davis, en la Dirección de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, cobran cinco mil balboas por desaparecer presos, movilizarlos, agilizar sus casos, botar expedientes, etc., lo cual explicaría el hacinamiento como un negocio vil en el cual se mantiene intencionalmente en las cárceles al 80% de los detenidos en espera de que los juzguen. Solo el 20% restante estaría pagando condena.
Todo indica que si la próxima Presidenta desea realmente terminar con la corrupción, tendrá que hacer una barrería en masa, antes de revisar caso a caso a los que merezcan ser reintegrados.
