De pantanos y ciénagas
Habrá quien diga que el reto estimulante de los países en desarrollo es que todo está aún por hacerse. Yo añadiría que en ellos se puede vivir, consuetudinariamente asombrado. Asombrados, entre otras cosas, por la antipatía que tenemos por el sentido común.
A manera de ilustración, comienzo por aclarar que el Decreto Ley No. 9 del 27 de agosto de 1997, (al que me referiré en adelante como "los incentivos"), imprimió dinamismo a la puesta en valor del casco antiguo de nuestra ciudad.
Planteado lo anterior, paso al tema objeto del presente: el subrepticio Anteproyecto de Ley No. 113 del 2000. Amablemente, me han hecho llegar una copia de este anteproyecto propuesto por el diputado Francisco Reyes. El documento, en una primera lectura, causó que mi cabeza se llenara de ingenio, locuras e indigestiones. Pese a estas últimas, puse lo que me queda del primero en el devenir de las segundas. No voy a referirme en detalle a todos los artículos del anteproyecto, sólo mencionaré que en su artículo cuarto, ¡se pretende fijar en B/.6,000.00, la indemnización para cada familia que debe desalojar un inmueble en el que haya un proyecto de restauración aprobado!
Es letal que el gobierno le cambie las reglas de juego económico a los empresarios modificando leyes alegremente, ahuyentando con ello, a quienes arriesgan su tiempo y recursos. Es acaso muy difícil darse cuenta que además de la arista turística que eventualmente se produciría con la renovación del casco antiguo, hay otros impactos favorables en la economía hoy: profesionales de la arquitectura y de la construcción contratados y todo el ciclo de suministros involucrado (provisión de acero, concreto, zinc, tejas, vidrios, espejos, madera, pintura, acabados, etc.), así como la renovación de inmuebles que inciden en la creación de negocios como los que se están estableciendo actualmente (restaurantes y cafés que dan sustento a familias), así como los que se establecerán en el futuro cercano (oficinas, comercios, almacenes, etc.)
Con una inusitada falta de sentido común o, tal vez, del más elemental cálculo, quienes proponen este anteproyecto de ley que pretende modificar "los incentivos", o bien no se dan cuenta o, sencillamente, no les interesa el hecho certero que multiplicarle al empresario el costo de los desalojos que debe pagar para renovar un inmueble, es una carga insoportable que acarreará, al final del día, la muerte del incipiente y apreciable progreso que ahora apenas empezamos a ver.
Es una pena que los representantes de los habitantes del área (Fabián Hernández, por la Asociación de Moradores de San Felipe y José Araúz, por la Coordinadora Pro Vivienda de los Moradores de San Felipe), hayan sido tan poco eficientes proponiendo soluciones genuinas a la situación de sus (poco amablemente convencido, digo), "representados". El Sr. Araúz, quien impulsa la tesis de "salir del barrio dignamente", crearía una suerte de club de indemnizados. Estar incluido en la lista de los ungidos, es redituable negocio político. El Sr. Hernández, quien impulsa la postura de defender el "derecho a permanecer en el barrio", ha fallado en formular diáfanamente una propuesta para darle uso a las propiedades del moribundo Banco Hipotecario Nacional para que puedan quedarse en el barrio sus representados, así como también aplicar la fórmula, (que él conoce bien), aplicada con éxito, en Santiago de Compostela, por aquellos que quisieron quedarse en el área histórica de aquella ciudad española.
Sin duda, la dignidad no es negociable. Los panameños que habitan San Felipe, tienen absoluto derecho a ella. Eso no está en discusión. Lo discutible es el método o fórmula con que se logra fomentar el desarrollo económico y propiciar alternativas dignas para quienes deben ser reubicados. Un tercio de los moradores, devenga entre 300 y 600 balboas y una cuarta parte 600 balboas mensuales o más. ¿Acaso, no se encuentran estos pobladores, en posición de poder financiar su vivienda, según la solución habitacional del caso (nuevos apartamentos, vivienda individual o un lote)?
Criticar sin proponer es una labor a medias. Por ello, propongo lo que creo que las autoridades deberían concentrarse en hacer tres cosas más importantes. En el avance del área: primero, conectar Amador con el casco antiguo. Segundo, desaparecer el muelle fiscal y reubicar a los pescadores del Terraplén, quienes alimentan la economía que propicia la prostitución, drogadicción, alcoholismo y delincuencia con la que se estrella uno por el Mercado Público. Tercero, construir en El Chorrillo y El Marañón, sendas soluciones de vivienda para reubicar a los moradores. Hay mucho por hacer, pero sin duda, éstas son las más impactantes. Por un lado, "la verdadera belleza del casco viejo está en su gente" y por el otro, los "si no se dan las reubicaciones la recuperación del patrimonio no se va a realizar". ¿Son irreconciliables estas dos realidades? ¿Por la belleza y valor humano con la que visten sus moradores las calles, parques y esquinas del casco viejo, deben estos permanecer en sus casas condenadas?
A los residentes que pretende proteger el anteproyecto propuesto, los condenará a permanecer en sus oscuras y peligrosas casas, con conexiones eléctricas defectuosas, insuficiente provisión de agua potable, pantanosas aguas negras, cucarachas, ratas, hacinamiento, pésima ventilación, balcones a punto de derrumbarse y pisos de madera que el pie de sus hijos o nietos, al pisarlo, atrapa. Triste destino para una gente tan valiosa. Triste.
A manera de ilustración, comienzo por aclarar que el Decreto Ley No. 9 del 27 de agosto de 1997, (al que me referiré en adelante como "los incentivos"), imprimió dinamismo a la puesta en valor del casco antiguo de nuestra ciudad.
Planteado lo anterior, paso al tema objeto del presente: el subrepticio Anteproyecto de Ley No. 113 del 2000. Amablemente, me han hecho llegar una copia de este anteproyecto propuesto por el diputado Francisco Reyes. El documento, en una primera lectura, causó que mi cabeza se llenara de ingenio, locuras e indigestiones. Pese a estas últimas, puse lo que me queda del primero en el devenir de las segundas. No voy a referirme en detalle a todos los artículos del anteproyecto, sólo mencionaré que en su artículo cuarto, ¡se pretende fijar en B/.6,000.00, la indemnización para cada familia que debe desalojar un inmueble en el que haya un proyecto de restauración aprobado!
Es letal que el gobierno le cambie las reglas de juego económico a los empresarios modificando leyes alegremente, ahuyentando con ello, a quienes arriesgan su tiempo y recursos. Es acaso muy difícil darse cuenta que además de la arista turística que eventualmente se produciría con la renovación del casco antiguo, hay otros impactos favorables en la economía hoy: profesionales de la arquitectura y de la construcción contratados y todo el ciclo de suministros involucrado (provisión de acero, concreto, zinc, tejas, vidrios, espejos, madera, pintura, acabados, etc.), así como la renovación de inmuebles que inciden en la creación de negocios como los que se están estableciendo actualmente (restaurantes y cafés que dan sustento a familias), así como los que se establecerán en el futuro cercano (oficinas, comercios, almacenes, etc.)
Con una inusitada falta de sentido común o, tal vez, del más elemental cálculo, quienes proponen este anteproyecto de ley que pretende modificar "los incentivos", o bien no se dan cuenta o, sencillamente, no les interesa el hecho certero que multiplicarle al empresario el costo de los desalojos que debe pagar para renovar un inmueble, es una carga insoportable que acarreará, al final del día, la muerte del incipiente y apreciable progreso que ahora apenas empezamos a ver.
Es una pena que los representantes de los habitantes del área (Fabián Hernández, por la Asociación de Moradores de San Felipe y José Araúz, por la Coordinadora Pro Vivienda de los Moradores de San Felipe), hayan sido tan poco eficientes proponiendo soluciones genuinas a la situación de sus (poco amablemente convencido, digo), "representados". El Sr. Araúz, quien impulsa la tesis de "salir del barrio dignamente", crearía una suerte de club de indemnizados. Estar incluido en la lista de los ungidos, es redituable negocio político. El Sr. Hernández, quien impulsa la postura de defender el "derecho a permanecer en el barrio", ha fallado en formular diáfanamente una propuesta para darle uso a las propiedades del moribundo Banco Hipotecario Nacional para que puedan quedarse en el barrio sus representados, así como también aplicar la fórmula, (que él conoce bien), aplicada con éxito, en Santiago de Compostela, por aquellos que quisieron quedarse en el área histórica de aquella ciudad española.
Sin duda, la dignidad no es negociable. Los panameños que habitan San Felipe, tienen absoluto derecho a ella. Eso no está en discusión. Lo discutible es el método o fórmula con que se logra fomentar el desarrollo económico y propiciar alternativas dignas para quienes deben ser reubicados. Un tercio de los moradores, devenga entre 300 y 600 balboas y una cuarta parte 600 balboas mensuales o más. ¿Acaso, no se encuentran estos pobladores, en posición de poder financiar su vivienda, según la solución habitacional del caso (nuevos apartamentos, vivienda individual o un lote)?
Criticar sin proponer es una labor a medias. Por ello, propongo lo que creo que las autoridades deberían concentrarse en hacer tres cosas más importantes. En el avance del área: primero, conectar Amador con el casco antiguo. Segundo, desaparecer el muelle fiscal y reubicar a los pescadores del Terraplén, quienes alimentan la economía que propicia la prostitución, drogadicción, alcoholismo y delincuencia con la que se estrella uno por el Mercado Público. Tercero, construir en El Chorrillo y El Marañón, sendas soluciones de vivienda para reubicar a los moradores. Hay mucho por hacer, pero sin duda, éstas son las más impactantes. Por un lado, "la verdadera belleza del casco viejo está en su gente" y por el otro, los "si no se dan las reubicaciones la recuperación del patrimonio no se va a realizar". ¿Son irreconciliables estas dos realidades? ¿Por la belleza y valor humano con la que visten sus moradores las calles, parques y esquinas del casco viejo, deben estos permanecer en sus casas condenadas?
A los residentes que pretende proteger el anteproyecto propuesto, los condenará a permanecer en sus oscuras y peligrosas casas, con conexiones eléctricas defectuosas, insuficiente provisión de agua potable, pantanosas aguas negras, cucarachas, ratas, hacinamiento, pésima ventilación, balcones a punto de derrumbarse y pisos de madera que el pie de sus hijos o nietos, al pisarlo, atrapa. Triste destino para una gente tan valiosa. Triste.
