De prensa, sedición y desacato
En un peligroso antecedente para la libertad de prensa, un juez en Nueva York acaba de poner en práctica el clásico refrán "Tiene usted razón, pero marche preso". Así se vislumbra el resultado práctico del elogio que el juez Thomas Hogan hizo a la periodista Judith Miller de The New York Times cuando rehusó nombrar la fuente de un artículo que nunca escribió. Por insistir en el derecho del periodista de proteger a sus informantes, Miller podría estar encerrada hasta 18 meses si mantiene su negativa. Pero, el juez dictaminó que la comunicadora siga en libertad mientras apela del fallo.
El juez observó: "Tenemos un clásico enfrentamiento entre intereses opuestos. La Srta. Miller actúa de buena fe, cumpliendo con su deber como una respetada y connotada reportera que considera que los reporteros gozan de los privilegios de la Primera Enmienda [de la Constitución de EU] que cancelaría el derecho del gobierno de investigar quiénes son sus fuentes. Sin embargo -continúa el juez-, está equivocada, la Srta. Miller no tiene ningún derecho de rehusar estas preguntas".
En Latinoamérica también algunos jueces tienden a ver a lo que llaman el "periodismo investigativo" (no obstante, los veteranos lo consideramos un término redundante, ya que todo periodismo tiende a ser "investigativo") como si fuera algo semejante al Delito de Sedición o, como en Panamá, donde algunas autoridades invocan a una obsoleta Ley de Desacato.
El caso de Miller se remonta a junio de 2003 cuando el columnista Robert Novak publicó en The Washington Post un artículo basado en fuentes oficiales, pero anónimas, en el cual identificaba como agente encubierta de la CIA a Valerie Plame, la esposa del ex embajador de EU, Joseph Wilson.
En Estados Unidos (EU) es un delito federal la revelación de la identidad de agentes secretos. Novak, un columnista conservador y bien relacionado con la Casa Blanca, se ha negado a revelar quién le dio la información sobre Plame.
La identidad de la agente se hizo pública después de que su esposo, el ex embajador Wilson, publicara una columna en The New York Times, en la cual afirmaba que el presidente George W. Bush usó información falsa cuando declaró que el derrocado presidente iraquí Sadam Hussein intentó comprar uranio en Africa para fabricar armas nucleares.
Sus críticas fueron mal recibidas por la Casa Blanca, y Wilson afirmó que el Gobierno finalmente se vengó de él revelando que su esposa había trabajado para la CIA. Hasta ahora no se sabe si los investigadores han entrevistado o citado a Novak, pero sí han citado e interrogado a otros periodistas que publicaron artículos más adelante sobre quiénes en la Casa Blanca pueden haber dado la información al columnista.
Floyd Abrams, el abogado de Miller, dijo que presentará una apelación de inmediato, y señaló que la periodista ni siquiera había escrito un artículo sobre el caso Plame, y sólo había reunido material para escribirlo. "Realmente, es para asustarse cuando se puede enviar a prisión a los periodistas porque hacen su trabajo de manera eficaz", declaró Miller.
El fiscal federal Patrick Fitzgerald, que lleva la investigación, ha citado también a periodistas de la cadena de TV NBC, la revista Time y The Washington Post. Algunos, lamentablemente, han dado información limitada acerca de sus fuentes, especialmente después que Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, les relevó de su compromiso de mantener la reserva.
Miller y el director ejecutivo del diario, Bill Keller, han dicho que no aceptarán bajo ninguna circunstancia ofrecer testimonio. A fines de agosto quedó anulada la declaración de desacato dictada por un juez federal contra el periodista Matthew Cooper, de Time, después que éste prestó declaración en el caso. Con su decisión de declarar, Cooper se libró de una condena de al menos 18 meses de prisión y su revista, de una multa de $1,000 diarios.
En tanto, un periodista ecuatoriano, Diego Oquendo, enfrenta acusaciones de sedición por haber cometido el "grave delito" de hacer preguntas. "Imagínense, un periodista tiene la osadía de cuestionar las actividades de los funcionarios públicos", ironizó un columnista en el periódico Hoy de Quito.
El juez observó: "Tenemos un clásico enfrentamiento entre intereses opuestos. La Srta. Miller actúa de buena fe, cumpliendo con su deber como una respetada y connotada reportera que considera que los reporteros gozan de los privilegios de la Primera Enmienda [de la Constitución de EU] que cancelaría el derecho del gobierno de investigar quiénes son sus fuentes. Sin embargo -continúa el juez-, está equivocada, la Srta. Miller no tiene ningún derecho de rehusar estas preguntas".
En Latinoamérica también algunos jueces tienden a ver a lo que llaman el "periodismo investigativo" (no obstante, los veteranos lo consideramos un término redundante, ya que todo periodismo tiende a ser "investigativo") como si fuera algo semejante al Delito de Sedición o, como en Panamá, donde algunas autoridades invocan a una obsoleta Ley de Desacato.
El caso de Miller se remonta a junio de 2003 cuando el columnista Robert Novak publicó en The Washington Post un artículo basado en fuentes oficiales, pero anónimas, en el cual identificaba como agente encubierta de la CIA a Valerie Plame, la esposa del ex embajador de EU, Joseph Wilson.
En Estados Unidos (EU) es un delito federal la revelación de la identidad de agentes secretos. Novak, un columnista conservador y bien relacionado con la Casa Blanca, se ha negado a revelar quién le dio la información sobre Plame.
La identidad de la agente se hizo pública después de que su esposo, el ex embajador Wilson, publicara una columna en The New York Times, en la cual afirmaba que el presidente George W. Bush usó información falsa cuando declaró que el derrocado presidente iraquí Sadam Hussein intentó comprar uranio en Africa para fabricar armas nucleares.
Sus críticas fueron mal recibidas por la Casa Blanca, y Wilson afirmó que el Gobierno finalmente se vengó de él revelando que su esposa había trabajado para la CIA. Hasta ahora no se sabe si los investigadores han entrevistado o citado a Novak, pero sí han citado e interrogado a otros periodistas que publicaron artículos más adelante sobre quiénes en la Casa Blanca pueden haber dado la información al columnista.
Floyd Abrams, el abogado de Miller, dijo que presentará una apelación de inmediato, y señaló que la periodista ni siquiera había escrito un artículo sobre el caso Plame, y sólo había reunido material para escribirlo. "Realmente, es para asustarse cuando se puede enviar a prisión a los periodistas porque hacen su trabajo de manera eficaz", declaró Miller.
El fiscal federal Patrick Fitzgerald, que lleva la investigación, ha citado también a periodistas de la cadena de TV NBC, la revista Time y The Washington Post. Algunos, lamentablemente, han dado información limitada acerca de sus fuentes, especialmente después que Lewis Libby, jefe de gabinete del vicepresidente Dick Cheney, les relevó de su compromiso de mantener la reserva.
Miller y el director ejecutivo del diario, Bill Keller, han dicho que no aceptarán bajo ninguna circunstancia ofrecer testimonio. A fines de agosto quedó anulada la declaración de desacato dictada por un juez federal contra el periodista Matthew Cooper, de Time, después que éste prestó declaración en el caso. Con su decisión de declarar, Cooper se libró de una condena de al menos 18 meses de prisión y su revista, de una multa de $1,000 diarios.
En tanto, un periodista ecuatoriano, Diego Oquendo, enfrenta acusaciones de sedición por haber cometido el "grave delito" de hacer preguntas. "Imagínense, un periodista tiene la osadía de cuestionar las actividades de los funcionarios públicos", ironizó un columnista en el periódico Hoy de Quito.
