Debate ético interesante
Luego de la ejecución del tirano iraquí Saddam Hussein, acusado de genocidio y delitos contra la humanidad, quien terminó sus días a la usanza de los bandoleros del medio oeste, en la horca, ha resurgido un interesante debate ético sobre la legitimidad o no de la pena de muerte impartida por los Estados.
Para adobar la polémica, el recién estrenado secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, ha enfrentado su primera dificultad al frente del organismo, al no haber reafirmado la posición condenatoria de la Organización a la pena de muerte y, en cambio, haber declarado que esa es una decisión que corresponde a cada nación.
Tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, son tajantes al afirmar que el derecho a la vida es un derecho fundamental, y que es deber de los Estados protegerlo.
La cuestión radica esencialmente en si existe legitimidad por parte de los gobiernos de los Estados, de sus órganos legislativos y de los tribunales de justicia, en aplicar la pena capital, así el argumento esgrimido sea la defensa social.
¿Puede un Estado, en nombre de sus súbditos y en defensa de ellos, suprimirle la vida a un ser humano? ¿Es acaso tan homicida el Estado que mata a un condenado a muerte por homicidio, como el homicida mismo?
El debate, no por añejo, deja de ser interesante, y las escenas clandestinas difundidas a través de la Internet, de la ejecución de Hussein lo han reiniciado.
Para adobar la polémica, el recién estrenado secretario general de la ONU, el surcoreano Ban Ki-moon, ha enfrentado su primera dificultad al frente del organismo, al no haber reafirmado la posición condenatoria de la Organización a la pena de muerte y, en cambio, haber declarado que esa es una decisión que corresponde a cada nación.
Tanto la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, así como los demás instrumentos internacionales de derechos humanos, son tajantes al afirmar que el derecho a la vida es un derecho fundamental, y que es deber de los Estados protegerlo.
La cuestión radica esencialmente en si existe legitimidad por parte de los gobiernos de los Estados, de sus órganos legislativos y de los tribunales de justicia, en aplicar la pena capital, así el argumento esgrimido sea la defensa social.
¿Puede un Estado, en nombre de sus súbditos y en defensa de ellos, suprimirle la vida a un ser humano? ¿Es acaso tan homicida el Estado que mata a un condenado a muerte por homicidio, como el homicida mismo?
El debate, no por añejo, deja de ser interesante, y las escenas clandestinas difundidas a través de la Internet, de la ejecución de Hussein lo han reiniciado.
