Debates y vocerías
Cuando se va a entrar en una discusión tan trascendental como la de la conveniencia o inconveniencia de la ampliación del Canal, es usual que se trate de definir las llamadas "Reglas del Juego" para garantizar que no se entre en una competencia desleal. Es normal, pues, que los que se sienten en desventaja reclamen garantías de que tendrán las mismas oportunidades que el adversario. Nadie quiere entrar en una pelea de "burro amarrado con tigre suelto", por lo menos si uno se siente en el rol del animal amarrado. Pero en esta búsqueda de la equidad no se puede entrar en el terreno de lo absurdo.
Nuestra Constitución Política establece una serie de salvaguardas o restricciones para impedir el uso de los recursos públicos en las actividades proselitistas, pero es lo suficientemente sabia para delimitar aquello que sería nocivo para el sistema democrático y no incluye limitaciones que perjudicarían al sano debate político o a la eficacia gubernamental. En el Artículo 136 sobre las garantías del sufragio se prohíbe "El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular" y "Las actividades de propaganda o afiliación partidista en las oficinas públicas". Es claro que la Constitución busca evitar el uso de los recursos públicos para promover candidatos o partidos, también es evidente que se cuida en no limitar el debate político en cuanto a ideas, propuestas, iniciativas y proyectos, porque eso no sólo sería absurdo, sino que iría en contra del espíritu democrático.
Es absurdo pretender que si un Presidente o un Gobierno proponen un proyecto, luego no lo puedan defender. Tampoco es aceptable que en esta defensa, impidan o limiten el acceso de los detractores de su iniciativa a la opinión pública. Por lo anterior, creemos que no se debe condicionar la actividad en el debate político ni de quienes la adversan, ni tampoco de quienes han participado en la elaboración de la iniciativa o en su aprobación. Tampoco debe caerse en la barbaridad de ceñir dicha participación a las horas "no hábiles", sobre todo porque en este caso no defienden un interés particular, como sería su propia candidatura a un puesto de elección popular o la membresía de su partido político, y porque para que haya un rico debate democrático no se debe limitar la capacidad de argumentación a una de las partes, en este caso el Gobierno. Panamá requiere un debate pleno y Constitución así lo permite.
Galindo señaló que el Canal es el primer recurso de Panamá, ya que deja 500 millones de dólares como ganancias. Agregó que se han hecho planteamientos interesantes, que profundizarán el análisis, para reconocer si esa posible ampliación no saldrá del "bolsillo" de los panameños, sino de los usuarios.
"Nosotros no podemos comprometer los ingresos que el Canal da a la nación y como oposición seremos cautelosos, porque nos corresponde aportar", dijo.
Mitchell Doens, miembro disidente del Partido Revolucionario Democrático, puntualizó que la presentación ha despejado muchas dudas. "Me llama la atención que una mesa directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, tan heterogénea se haya puesto de acuerdo", aportó.
Jaime García, Cámara de Comercio-Veraguas: El presidente Torrijos fue amplio en su intervención y se despejaron muchas dudas de cómo se va a obtener el dinero.
Enrique Diez, Presidente del SIP: "Es necesario analizar la iniciativa presentada por el Presidente y no debe existir prisa para dar una opinión".
Mercedes Araúz, Presidenta de abogados: "Se trata de un tema de Estado, que todos debemos analizar por encima de la política y tomar una decisión".
Guillermo Villarreal, Ex presidente del CoNEP: "La propuesta debe ser producto de un buen análisis, pero debe ser sometida al escrutinio público".
(ver cifras, estadísticas, y datos en la página A3 y A4 del diarion impreso)
Nuestra Constitución Política establece una serie de salvaguardas o restricciones para impedir el uso de los recursos públicos en las actividades proselitistas, pero es lo suficientemente sabia para delimitar aquello que sería nocivo para el sistema democrático y no incluye limitaciones que perjudicarían al sano debate político o a la eficacia gubernamental. En el Artículo 136 sobre las garantías del sufragio se prohíbe "El apoyo oficial, directo o indirecto, a candidatos a puestos de elección popular" y "Las actividades de propaganda o afiliación partidista en las oficinas públicas". Es claro que la Constitución busca evitar el uso de los recursos públicos para promover candidatos o partidos, también es evidente que se cuida en no limitar el debate político en cuanto a ideas, propuestas, iniciativas y proyectos, porque eso no sólo sería absurdo, sino que iría en contra del espíritu democrático.
Es absurdo pretender que si un Presidente o un Gobierno proponen un proyecto, luego no lo puedan defender. Tampoco es aceptable que en esta defensa, impidan o limiten el acceso de los detractores de su iniciativa a la opinión pública. Por lo anterior, creemos que no se debe condicionar la actividad en el debate político ni de quienes la adversan, ni tampoco de quienes han participado en la elaboración de la iniciativa o en su aprobación. Tampoco debe caerse en la barbaridad de ceñir dicha participación a las horas "no hábiles", sobre todo porque en este caso no defienden un interés particular, como sería su propia candidatura a un puesto de elección popular o la membresía de su partido político, y porque para que haya un rico debate democrático no se debe limitar la capacidad de argumentación a una de las partes, en este caso el Gobierno. Panamá requiere un debate pleno y Constitución así lo permite.
Galindo señaló que el Canal es el primer recurso de Panamá, ya que deja 500 millones de dólares como ganancias. Agregó que se han hecho planteamientos interesantes, que profundizarán el análisis, para reconocer si esa posible ampliación no saldrá del "bolsillo" de los panameños, sino de los usuarios.
"Nosotros no podemos comprometer los ingresos que el Canal da a la nación y como oposición seremos cautelosos, porque nos corresponde aportar", dijo.
Mitchell Doens, miembro disidente del Partido Revolucionario Democrático, puntualizó que la presentación ha despejado muchas dudas. "Me llama la atención que una mesa directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, tan heterogénea se haya puesto de acuerdo", aportó.
Jaime García, Cámara de Comercio-Veraguas: El presidente Torrijos fue amplio en su intervención y se despejaron muchas dudas de cómo se va a obtener el dinero.
Enrique Diez, Presidente del SIP: "Es necesario analizar la iniciativa presentada por el Presidente y no debe existir prisa para dar una opinión".
Mercedes Araúz, Presidenta de abogados: "Se trata de un tema de Estado, que todos debemos analizar por encima de la política y tomar una decisión".
Guillermo Villarreal, Ex presidente del CoNEP: "La propuesta debe ser producto de un buen análisis, pero debe ser sometida al escrutinio público".
La ACP contrató a expertos internacionales para estimar el costo de la obra.
Los consultores en estimaciones de costos de Parsons Brinkerhoff International y los expertos en construcción de Montgomery Watson Harza y de Clair Murdock Consultants fueron contratados.
Las recomendaciones fueron revisadas por un comité técnico especial radicado en EE.UU.
(ver cifras, estadísticas, y datos en la página A3 y A4 del diarion impreso)
